La Audiencia envía a juicio al Madoff catalán y reclama más de 180 millones en fianzas

El magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha decretado la apertura de juicio oral contra Antonio Mas Samora, también conocido como el Madoff catalán, por la presunta estafa piramidal que puso en marcha a partir de 2003 a través de un entramado que simulaba contratar espacios publicitarios. En el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, el juez exige 184,6 millones de euros en fianzas a los acusados para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérseles".

La apertura de juicio oral deja a Mas a un paso del banquillo después de más de ocho años de investigación. Entre sus víctimas se encuentran bancos, aseguradoras, importantes 'family offices' y brókeres que creyeron encontrar en el entramado del Madoff catalán la solución a las deprimidas rentabilidades que trajo consigo la crisis.

"El acusado hizo creer a los perjudicados que la operación consistía en la financiación de una campaña publicitaria que requería financiación para la compra de espacios a cambio de la cual ofrecía el pago de importantes rendimientos que oscilaban entre el 6 y el 18% mensual", advirtió la Audiencia Nacional tras asumir el caso. "Para el pago de los intereses y el retorno del capital invertido, el acusado, con los fondos que captaba en unas campañas de publicidad, financiaba los pagos de las anteriores".

De esta manera, Mas puso en marcha una presunta estafa que comenzó en 2003 por medio de la sociedad ATA Producciones y continuó en 2012 a través de la mercantil Publiolimpia. La Fiscalía pide 12 años de cárcel para él por asociación ilícita, estafa y falsedad documental. El magistrado envía además al banquillo a otras 12 personas y 15 empresas. Entre ellos figura Julio San Martín Abad, antiguo accionista de Construcciones San Martín. Como desveló El Confidencial, este empresario estaba vinculado con la sociedad Caná Cuatro, que fue una de las principales puertas de entrada del Madoff catalán en Madrid.

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Fuentes jurídicas apuntan a que el auto ya ha sido recurrido, pero el juez exige por el momento los mencionados 184,6 millones de fianza a Mas "con el apercibimiento de que de no prestarla se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada". Si él no consigue depositar esta cantidad, el resto de acusados tendrá que ir abonando distintas fianzas hasta completar la misma. Esa misma obligación se extiende a CaixaBank, que, como heredera de Bankia, se enfrenta a este juicio en calidad de responsable civil subsidiaria.

La responsabilidad civil subsidiaria se refiere a la obligación de una persona o entidad de responder por las consecuencias civiles de un daño causado por otro, pero solo si el responsable principal no puede cumplir con esa obligación. En este caso, la Audiencia considera que Bankia no adoptó las medidas necesarias para detectar la millonaria estafa, por lo que, si Mas no deposita los mencionados 184,6 millones, CaixaBank tendría que abonar una fianza de hasta 158,2 millones de euros.

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"El aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias no podrá bajar de la tercera parte más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias, por lo que la cantidad acordada es la mínima", advierte el juez. Más allá del Madoff catalán y la empresa Publiolimpia, CaixaBank se enfrenta a la fianza más alta.

La confesión del 'Madoff catalán'

El propio Mas confesó la estafa en 2017 a través de un escrito en el que incluso reclamó el perdón a sus víctimas. "Al principio, la operativa sí guardaba relación con la realidad, pero el resultado negativo de alguna de esas operaciones me llevó, equivocadamente y para tratar de paliar el déficit generado por ello, a seguir ofreciendo este negocio, pero ya sin correspondencia con la realidad", admitió. "No sé cómo he podido llegar a esta situación, pero sí que a pesar de la grave confusión que gobierna mi vida estoy profunda y absolutamente arrepentido de lo sucedido y pido disculpas a todos aquellos a los que, sin ánimo de hacerlo, he podido perjudicar".

El empresario relató que, para captar dinero, engañó a los inversores haciéndoles creer que cerrraba la compra de espacios publicitarios para compañías como Repsol, Vodafone, McDonald's, Unilever, Coca-Cola, Huawei, Apple, Procter & Gamble, Seat o Samsung. Les decía que necesitaba grandes cantidades de dinero para reservar los espacios, una suerte de adelanto, y les prometía un retorno de entre el 12 y el 15% trimestral.

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Tras su detención, los primeros informes de los Mossos d'Esquadra apuntaron a que había engañado a unas 1.150 personas. Solo en España, estas se extendían por al menos nueve comunidades autónomas, pero también había otros afectados por Europa.

A lo largo de las 162 páginas que ocupa la resolución a la que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado detalla ahora las reclamaciones de aquellos que se han personado como acusaciones populares. En total, 62 abogados personados que, en algunos casos, representan a más de 30 perjudicados por sí solos. Sus reclamaciones van desde los 20.000 euros hasta los 30 millones. A diferencia de la Fiscalía, algunos de ellos acusan además al Madoff catalán de blanqueo de capitales, lo que amenaza con elevar su hipotética condena.