El Gobierno se agarró a un informe de un solo folio para no investigar a Sánchez por Air Europa

El Gobierno se agarró a un informe de una sola página para no investigar a Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa. El documento, elaborado por la Secretaría General de Presidencia y al que ha tenido acceso El Confidencial, concluyó en tres párrafos que Sánchez no había incurrido en ninguna irregularidad pese a participar en el Consejo de Ministros que aprobó la concesión de ayudas a la aerolínea en 2020.

La Oficina de Conflictos de Interés (OCI), que depende del Ministerio de Transformación Digital, se basó en este escrito para rechazar de plano una denuncia del PP que sostenía que el presidente debería haberse abstenido por la relación de su mujer, Begoña Gómez, con Globalia, la matriz de Air Europa. Como desveló El Confidencial, la tramitación de las ayudas a la aerolínea se produjo mientras esta compañía patrocinaba actividades de la esposa de Sánchez como directora del Instituto de Empresa (IE) Africa Center.

"No ha concurrido en la persona del presidente del Gobierno ninguna de las causas de abstención (...), pues las decisiones adoptadas en las citadas sesiones del Consejo de Ministros no afectaron a sus intereses personales, ni propios ni tampoco a los de su cónyuge, ni supusieron ningún beneficio o perjuicio a los mismos", concluyó el informe de Presidencia. "Asimismo, señalar que la cónyuge del presidente del Gobierno no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en las empresas objeto de las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros".

El PP interpuso su denuncia ante la OCI el 13 de marzo de 2024 y, dos días después, Presidencia remitió este informe. El 18 de marzo, la OCI anunció el archivo. “Dijimos en su momento que esta cuestión no tenía base jurídica alguna”, celebró Esther Peña, portavoz del PSOE. En total, cinco días para dar carpetazo a la denuncia.

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El partido de Alberto Núñez Feijóo recurrió la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ahora les ha dado la razón y ha ordenado reabrir la investigación. Según destacan los magistrados, "no se ha producido actividad material de investigación por parte de la OCI, constando este informe como única base, sin otro dato".

Los magistrados inciden en que la OCI "es el órgano de vigilancia y control de los altos cargos del Estado" y "debe gestionar el régimen de incompatibilidades de los mismos". Sin embargo, consideran que no han cumplido ese cometido con la denuncia del PP: "No se aporta documentación alguna que sustente el contenido del informe", advierte la sentencia del TSJM. "La denuncia se refiere a una serie de puntos concretos, y solicita determinadas diligencias de prueba, que pueden y deben ser valoradas para determinar su procedencia y adoptar en su caso la decisión que corresponda".

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El PP denunciaba en concreto que Sánchez incurrió en una "infracción grave" por no ausentarse de las deliberaciones y votaciones a favor de Globalia, lo que abría la puerta a una sanción de "imposibilidad de ocupar un alto cargo durante un período de entre cinco y diez años". El partido apuntaba a que el "favorecimiento económico" de la compañía por parte del Consejo de Ministros "afectaba igualmente a los intereses económicos y profesionales" de la mujer del presidente.

La denuncia solicitaba que la OCI se dirigiera a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social para recabar la "información de que dispongan sobre la relación entre el IE Africa Center y Begoña Gómez", así como "las retribuciones percibidas e información a la Complutense sobre los términos y condiciones de su relación con dicha universidad". También exigía que se examinara "si el presidente ha adoptado otras decisiones sin abstenerse como es preceptivo" y que, en caso afirmativo, se diera traslado "al ministerio competente para que proponga la incoación del oportuno expediente".

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La OCI rechazó estas diligencias y remitió la denuncia a Moncloa para que aclararan si se había producido "algún hecho determinante de causa de abstención del presidente del Gobierno en las sesiones del Consejo de Ministros". La petición se produjo el 15 de marzo y, ese mismo día, Presidencia del Gobierno les respondió con el mencionado informe que negaba cualquier irregularidad.

"Nada consta como soporte al contenido del informe, que se limita a negar relación alguna de la esposa del presidente con los hechos", critica el TSJM en su sentencia. "Los hechos que se denuncian requieren una actividad mínima de investigación, y el hecho de que se especifique en el informe que no existe relación laboral o profesional que implique dirección o asesoramiento no es suficiente, pues los hechos denunciados son más complejos y requieren examinar otros aspectos".

La sentencia, que aún es recurrible en el plazo de 30 días, atiende así el recurso del PP y obliga a la OCI a reabrir el caso: "Se ordena la retroacción de actuaciones a la recepción de la denuncia, para que se practique la investigación procedente sobre los hechos denunciados, y se adopten las conclusiones que procedan en Derecho".