"No queremos más cerdos aquí": Castilla-La Mancha se rebela contra el porcino

Amada Moreno se enteró de que iban a abrir una granja de porcino a menos de cinco kilómetros de su pueblo cuando los cimientos ya estaban puestos. “El proyecto comenzó en 2017, pero no nos informaron de nada. Cuando la gente del pueblo se entera, al año siguiente, ya se estaba construyendo”, asegura esta maestra de escuela que ha vivido siempre en Priego, un pequeño pueblo de la Alcarria conquense. Sin embargo, fue el anuncio de otras dos granjas cercanas y la ampliación de la existente lo que llevó a Moreno y al resto del pueblo a levantarse. “Estamos hablando de que quieren que haya 20.000 cerdos aquí”, añade Hermelinda Romero, otra de las lugareñas. En Priego, cuenta Moreno, viven menos de 1.000 personas.

La instalación de nuevas granjas intensivas de porcino preocupa en varios puntos de Castilla-La Mancha, una región en la que en 2021 se aprobó una moratoria a la apertura de nuevas macrogranjas que ha estado vigente hasta finales de 2024. Más de 60 proyectos que estaban pendientes de aprobación en ese momento, como los de Priego, podrían verse ahora reactivados, muchos de ellos en la provincia de Cuenca.

Este artículo forma parte de una investigación, realizada por un consorcio de periodistas en seis países y liderada por AGtivist, que ha identificado y mapeado, por primera vez, más de 24.000 explotaciones porcinas y avícolas a gran escala en toda Europa. La investigación se ha publicado en varios medios europeos, entre ellos El Confidencial, IRPImedia, Corriere Della Sera, The Guardian, Wyborcza y Euractiv.

España ya es el país de Europa con mayor número de granjas de porcino y avícolas de este tipo, según una investigación liderada por la agencia AGtivist que ha mapeado por primera vez todas las granjas intensivas de cerdos y pollos que requieren de un permiso para operar debido a su tamaño, localizando un total de 24.087 en toda la Unión Europea y en el Reino Unido.

Así, según los datos recogidos por la investigación, España es el país con mayor número de permisos vigentes con un total 3.963, de los cuales 562 corresponden a granjas avícolas y 3.401 de porcino, con un total del 16% de todas las granjas del continente. En el caso del porcino, España tiene además cerca del 30% de las granjas de Europa y más del doble que Dinamarca, el siguiente país en la lista. La investigación y el análisis se han basado en registros públicos y del sector, respuestas a solicitudes de acceso a la información y cartografía satelital. Los registros se obtuvieron de las bases de datos de plantas industriales de la UE, bases de datos nacionales sobre instalaciones con permisos y, en algunos casos, registros nacionales de permisos e inspecciones.

España se ha convertido en el segundo exportador mundial de carne de cerdo, solo por detrás de Estados Unidos, y en el principal productor de cerdo de Europa. Así, en 2023, España exportó 2,7 millones de toneladas de productos porcinos, según la patronal del sector, Interporc, lo que supondría un 57% de la producción nacional, que alcanzó los 4,88 millones de toneladas. Una posición que podría incluso mejorar ahora que Estados Unidos está en medio de una guerra comercial y que ya ha afectado, entre otros, a las exportaciones de cerdo estadounidense a China.

Aquí, las granjas se han concentrado sobre todo en Cataluña y Aragón, que alojan a la mitad de los 33 millones de cerdos que hay en el país, pero varios pueblos de Castilla-La Mancha están preocupados por convertirse en la nueva frontera de la industria. “Se vende Castilla-La Mancha a bajo precio”, grita Paciencia Talaya, megáfono en mano, al compás de otras 300 personas concentradas frente a un acto institucional en la ciudad de Albacete el pasado 31 de mayo. “No queremos más cerdos en la región”, continúa Talaya, quien vive en Quintanar del Rey, un pueblo de la zona que ha conseguido paralizar una granja que iba a producir 44.000 lechones al año.

“La moratoria fue un poco trampa, porque se desmembraron los proyectos para hacerlos más pequeños y presentarlos igualmente. Pero nos preocupa porque algunos de los grandes se paralizaron y ahora vuelven a retomar el trámite administrativo”, añade Inma Lozano, coordinadora de la Plataforma Stop Ganadería Industrial. En el caso de que se reactivaran los 61 proyectos pausados, denuncia la Plataforma, el censo porcino de Castilla-La Mancha se incrementaría en 362.863 cabezas, lo que supondría un aumento del 19% respecto al censo actual. Además, cerca de la mitad de ese incremento estaría relacionado con cuatro grandes empresas del porcino en el país, Cefusa-El Pozo, Incarlopsa —proveedor de Mercadona—, Tello y JISAP.

Según la información aportada por el Gobierno regional de Castilla-La Mancha, “tan solo 25 proyectos” han presentado documentación en cuanto a la adaptación a este decreto y “se están revisando todos los expedientes y haciendo los requerimientos oportunos, para que los promotores se pronuncien sobre la continuidad o no de los proyectos”. Una vez finalizado este trámite, asegura el organismo, la administración resolverá sobre la continuidad de los proyectos en función de la documentación presentada. Además, la Junta de Castilla-La Mancha ha recibido una nueva solicitud desde el final de la moratoria para la ampliación de una granja de 1.999 a 6.000 cerdos en Torralba (Cuenca).

Para Tomás Recio, director de la Asociación Regional de Ganaderos de Porcino de Castilla-La Mancha, el coste de construir una granja en Castilla-La Mancha es ahora mayor que “en cualquier otra región de Europa”, debido a la nueva regulación sobre gestión de purines aprobada en diciembre de 2024 y que obliga al tratamiento de los purines antes de usarlos en los campos. “Se le echa la culpa a la ganadería por la contaminación de nitratos y no es así. Hay muchos otros posibles culpables. Hay muchas zonas donde no hay ganadería y son zonas vulnerables de contaminación por nitratos”, asegura.

Y esto, según Recio, solo perjudica a las pequeñas granjas que no tienen capacidad de adaptarse a la regulación. “Lo que va a fomentar realmente es que las grandes inversiones sean las que vengan, porque son las que pueden adoptar esos sistemas costosos de gestión de purines”, asegura. Castilla-La Mancha, sin embargo, tendría capacidad de incrementar la producción usando el purín como fertilizante, explica Recio. “Es un terreno eminentemente agrícola. O sea, tiene capacidad para absorber bastante porcino y gestionar los purines con la agricultura”, asegura.

"La moratoria fue un poco trampa, se desmembraron los proyectos para hacerlos más pequeños y presentarlos igualmente"

La contaminación por nitratos es una de las consecuencias más temidas en los pueblos en los que se instalan macrogranjas. En el mismo Priego, se han encontrado niveles de nitratos superiores a los recomendados en el agua de boca del pueblo. “La gente sigue bebiendo de la fuente local porque es lo que ha hecho toda la vida, pero no son conscientes del peligro”, asegura Hermelinda Romero. Los altos niveles de nitratos en el agua potable pueden causar metahemoglobinemia, un trastorno sanguíneo en el que el oxígeno no llega correctamente a las células, entre otros problemas de salud. En España, un total de 257 localidades ya registran valores superiores a los 50mg/litro de nitratos en sus aguas, afectando a más de 200.000 personas, según Ecologistas en Acción. La contaminación ha llegado hasta Europa, y en 2024 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por no tomar medidas suficientes contra la contaminación por nitratos.

A menudo esta contaminación no se produce directamente desde las granjas, sino por el uso de los purines como fertilizantes en el campo. “En el plan de gestión de purines tienen que presentar una superficie acorde con la producción de purines que tienen para su dispersión, y lo que sucede es que a veces esa superficie es muy grande y corresponde a parcelas que están muy distantes unas de otras”, explica Toni Jorge, de Ecologistas en Acción de La Manchuela. “Como esto supone unos costes que penalizan la gestión, lo que sucede es que se acaban aplicando en las parcelas que están más próximas a la explotación y saturando el terreno”, continúa. Así, el nitrato que el suelo no puede retener desciende hasta los acuíferos contaminando las fuentes de aguas locales.

Natividad Pérez, alcaldesa de Balsa de Ves, un pueblo donde se ha instalado una granja de cerdas reproductoras, apunta a otra consecuencia de la ganadería industrial: la despoblación de los lugares en los que se instala. “La industria de los cerdos está altamente mecanizada. Crean muy poquitos puestos de trabajo, y no fijan población evidentemente. Nosotros teníamos en el año que se instalaron ellos, en el 2006, 222 habitantes y ahora tenemos 124, o sea que hemos perdido más del 40% de la población, explica Pérez. “La gente no quiere vivir al lado de algo que huele mal”, continúa.

La industria ha sido además protagonista de varios escándalos de bienestar animal. Uno de los más sonados fue denunciado por la ONG Observatorio de Bienestar Animal (OBA) a finales de 2023 tras obtener imágenes de una granja de 5.000 cerdos en Quintanilla del Coco (Burgos) en las que se mostraban cerdos heridos, condiciones insalubres e incluso comportamientos de canibalismo. La granja tenía un certificado de bienestar animal emitido por AENOR, que fue retirado después de que la denuncia fuera hecha pública.

Pueblos blindados ante las macrogranjas

Ser alcalde de un pueblo objetivo de las macrogranjas no es fácil, explica Natividad Pérez. “Si una industria llega a tu pueblo y no te has blindado (con la legislación local), si esa empresa reúne todos los requisitos, no le puedes negar las licencias correspondientes porque te pueden acusar de prevaricar”, afirma. “Muchos alcaldes yo creo que tienen mucho miedo, pero lo importante que tienen que hacer los ayuntamientos es blindarse”, asegura.

En el caso de Villalba de la Sierra, una localidad conquense que vive sobre todo del turismo, y que se ha enfrentado a la vecina Zarzuela por una granja de más de 3.000 cerdas reproductoras proyectada en este último pueblo. “Es un sinsentido porque aquí se ha estado promoviendo el turismo rural y ahora nos quieren abrir una granja que va a contaminar la zona”, asegura María José Peralta, presidenta de la Plataforma Serranía Viva y Limpia, que se creó para frenar el proyecto.

La granja de Zarzuela está ligada a una de las grandes integradoras de porcino del país, Incarlopsa, proveedora de carne de cerdo de la mayor cadena de supermercados de España, Mercadona. “Nosotros estamos convencidos de que el proyecto va a salir adelante porque nadie le dice que no a Incarlopsa”, asegura Peralta, quien explica que el caso está ahora en los tribunales.

"Aunque no haya proyectos previstos en todos los pueblos, nos afecta o nos puede afectar a todos en el futuro"

En una respuesta escrita, Incarlopsa asegura que, además de los expedientes ya abiertos, “una vez levantada la moratoria” y “cumpliendo con la legislación vigente”, está “abierta a valorar proyectos que sean de interés para sus objetivos” en Castilla-La Mancha. Sin embargo, de momento Icpor, su empresa ganadera, y responsable del proyecto en Zarzuela, no ha presentado ninguna solicitud desde el levantamiento de la moratoria, “ni están previstos nuevos proyectos a lo largo de este año”, asegura el escrito. Las granjas proyectadas cerca de Priego y promovidas por la empresa Porcinos Villatrabaque, también se han relacionado con Incarlopsa, pero la integradora asegura que “no existe ningún contrato de integración con esa empresa”.

En Villalba, aseguran que han sufrido intentos de presión para que el pueblo ceda ante la granja, asegura Peralta. “El alcalde de Zarzuela nos dijo que nos llevaban de excursión a ver una granja modelo que había en Teruel”, asegura Peralta. En otro pueblo cercano, Villar de Domingo García, donde hay dos granjas proyectadas, el promotor invitó a varios concejales del ayuntamiento a una granja en la provincia de Lérida para ver su funcionamiento y convencerlos de la aprobación de la instalación, explica José Luis Arribas, quien entonces era concejal.

Aunque son las comunidades autónomas las que dan luz verde a los proyectos, los ayuntamientos pueden aprobar regulaciones locales que limiten estas explotaciones, como distancias mínimas a los centros urbanos, normativas específicas sobre esparcimiento de purines o, como en el caso de Villalba, la prohibición del paso de camiones por el pueblo. “Si quieren granja, van a tener que construir otra carretera”, asegura Peralta.

Ante los gigantes, la respuesta de los pequeños pueblos es solidaria. Así, en 2018 se formó la Plataforma Pueblos Vivos Cuenca, una iniciativa que aglutina a varios pueblos de la provincia para parar el desarrollo de granjas en la zona, mientras que a nivel nacional se han unido en el movimiento Stop Ganadería Industrial. “Nuestro lema es ‘Ni en tu pueblo ni en el mío’ porque, aunque no haya proyectos previstos en todos los pueblos, nos afecta o nos puede afectar a todos en el futuro”, asegura Ana María Muñoz, activista de la iniciativa. José Luis Arribas puntualiza que cada proyecto que se pare es una victoria a la hora de evitar la expansión de la ganadería intensiva. “Estas granjas nunca vienen solas”, explica. “Para que una granja de cerdas reproductoras pueda tener sentido, tiene que haber otras 2 ó 3 de lechones y otras 6 de cebo. Es un efecto dominó”.

Castilla-La Mancha no es la única que busca continuar expandiendo las granjas porcinas. El pasado 15 de mayo, Aragón aprobó una modificación de la Ley de Agricultura Familiar que eliminaba el artículo en el que se regulaba la capacidad máxima de las granjas intensivas, porque “estas restricciones impiden el desarrollo de proyectos de transmisión de explotaciones agropecuarias familiares y la construcción de nuevas explotaciones ganaderas”, asegura el texto aprobado. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura avisa de que la legislación nacional establece un límite máximo de hasta 864 unidades ganaderas mayores, equivalente a 7.200 plazas de cebo, “de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional” y que “independientemente de que este aspecto no se mencione de forma expresa en la ley autonómica, no se exime a esas granjas de su cumplimiento”.

*Fotografías de la galería: Un cerdo muerto dentro de un contenedor de basura espera ser recogido a la entrada de una granja, en Dinamarca en 2019. (We Animals/Selene Magnolia Gatti). Imagen del exterior de una granja industrial de pavos en Chequia, 2020. (We Animals/Lukas Vincour/Zvirata Nejime). Una larga hilera de jaulas para cerdos oxidadas y cubiertas de telarañas dentro de una granja porcina industrial en activo, en Brecia, Italia, en 2023. (We Animals/Nova Dwade). Miles de gallinas muertas tras un brote de gripe aviar en Valladolid. (Greenpeace/Pedro Armestre). Durante una operación de sacrificio masivo, cientos de cerdos muertos se transportan en una pala cargadora a un camión de transporte. Cerca de allí, cerdos vivos esperan el mismo destino en corrales junto a cámaras de gas que los matarán, tras un brote de peste africana, en Sairano, Italia, en 2023. (We Animals/Selene Magnolia Gatti)