El abogado del caso Leire acusa de delinquir al mando Balas de la UCO ante la Audiencia Nacional

El abogado Jacobo Teijelo, vinculado a la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez, lleva meses tratando de anular en la Audiencia Nacional una causa relacionada con los hidrocarburos en la que está imputado un cliente suyo. En sus escritos judiciales atribuye delitos que acarrean inhabilitación al teniente coronel Antonio Balas, el mando de la UCO que dirige las principales investigaciones que afectan al Gobierno. Es la persona a la que la propia Leire Díez fijó como objetivo en la reunión desvelada por El Confidencial. “Necesito a Balas. ¿Vale? Así de claro. Necesito a Balas", dijo la militante socialista.

En sus escritos judiciales, Jacobo Teijelo también acusa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de espiar al Gobierno, una tesis que este martes rechazó el juez al cargo del caso, Santiago Pedraz: “Resulta inoportuno manifestar que nos encontramos ante un espionaje con fines políticos”. Este es el penúltimo capítulo de un pulso judicial que arrancó en octubre del año pasado con un escrito de Teijelo de una treintena de folios y en el que el letrado detallaba estas acusaciones. Según fuentes conocedoras de esta iniciativa, el letrado prepara ya un escrito para lograr la nulidad ante la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional.

Pedraz rechazó el 22 de octubre del año pasado por primera vez esta petición. Semanas después, en noviembre, Teijelo presentó un recurso de queja ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en busca de respaldo. En este documento citaba expresamente a Balas, responsable del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO: “Los hechos descritos en nuestro anterior escrito describen conductas del capitán de la Guardia Civil, sr. Balas, compatible con ilícitos penales del artículo 535 y 536 CP, al menos”.

Ese recurso de queja al que ha tenido acceso El Confidencial confunde el rango del teniente coronel Balas, pero los artículos del Código Penal que le achacan vienen recogidos en el capítulo sobre delitos “cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad”. Las acciones de las que le acusan se castigan con hasta seis años de inhabilitación.

TE PUEDE INTERESAR

Así destapamos el 'caso Leire Díez': saunas, audios y fontaneros que hablaban demasiado

José María Olmo

Antonio Balas ya fue el blanco de las peticiones de información comprometedora que formuló Leire Díez en la reunión telemática que mantuvo en marzo con un empresario investigado en otra causa de hidrocarburos llamado Alejandro Hamlyn. “Lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que este señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él", dijo esta mujer, al frente de las labores de recabar información de personajes incómodos para el PSOE y el Gobierno.

Esa reunión se celebró en el despacho profesional de Jacobo Teijelo, quien también preguntó por Balas, según el audio al que tuvo acceso este periódico. Esto acredita la convergencia de intereses entre varios de los asistentes entre los que estaba también el empresario Javier Pérez Dolset, quien dice ser víctima de las fuerzas de seguridad. Cada uno con sus intereses particulares, confluyeron en esa cita con Balas entre sus objetivos.

TE PUEDE INTERESAR

Pedraz tumba el intento de un implicado en el caso Leire de acusar a la UCO de espiar al Gobierno

Alejandro Requeijo

Leire Díez sostiene que sus gestiones son para escribir un libro de investigación sobre hidrocarburos. Alega que tiene un acuerdo con una editorial cuyo nombre no quiere desvelar y que la previsión es publicarlo en “el último trimestre del año”, aunque admite que solo tiene “el esqueleto”. Pérez Dolset reconoció una reunión con el secretario general del PSOE, Santos Cerdán, para hacerle llegar documentación sensible sobre investigaciones.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le dio la razón hasta en dos ocasiones al abogado Teijelo en su pulso con Pedraz. Si bien en ninguna de las dos entró en el fondo de la cuestión, los jueces de la Audiencia Nacional sí ordenaron al magistrado que al menos estudiase las demandas del letrado. La primera vez fue en enero, lo que provocó que el juez rechazara de nuevo la nulidad el 13 de febrero.

El abogado reaccionó entonces con un recurso de reposición, que el juez también se negó a tramitar. La intervención de la Sala de lo Penal le obligó a ello, pero el juez también rechazó la nulidad. Es entonces cuando Teijelo presentó un recurso de reforma en el que también alega que la investigación que dirige Pedraz colisiona con otra que se instruye por los mismos hechos en otro juzgado de la Audiencia Nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Los 53 minutos de audio íntegros de la reunión de la 'fontanera' de Ferraz para destruir a la UCO

El Confidencial

Este martes, Pedraz firmó un auto de dos folios en los que descarta la tesis del espionaje y defiende que la investigación de la Guardia Civil sobre hidrocarburos fue correcta. Tiene que ver con una trama que se investiga desde el año 2021 y que pivota en torno a una empresa llamada Gaslow.

Caso Gaslow

Lo que se desprende del último auto del juez Pedraz es que Teijelo basó su acusación de espionaje en la conversación de un agente de la UCO llamado Vicente Bonilla con uno de sus confidentes. Son casi 2.000 folios de mensajes de WhastApp en poder de la Audiencia Nacional. En esa conversación, se aludía a Koldo García y se le vinculaba con presuntas actividades delictivas. El confidente le decía al guardia civil que Koldo García era la mano derecha de "los que trincan" y esta conversación tuvo lugar en 2021, es decir, antes de que se iniciasen las pesquisas en torno a la trama del Ministerio de Transportes.

El miembro de la UCO Vicente Bonilla dejó la Guardia Civil y fue contratado en 2023 por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. La conversación a la que se refiere Pedraz es la misma que en la que el agente bromeaba con que le iban a poner una "bomba lapa" a él mismo y que el Gobierno usó para difundir la falsa información de que el agente aludía al presidente Pedro Sánchez.

TE PUEDE INTERESAR

La UCO cazó a uno de sus mandos chivando a la trama del socio de Aldama su detención inminente

Alejandro Requeijo

El cliente de Teijelo es guardia civil, se llama Juan Sánchez Yepes y estaba destinado en la UCO en el momento de los hechos. Está imputado en una pieza separada del caso Gaslow en la que se mezclan las actividades de confidentes, investigadores, empresarios de los hidrocarburos, detectives privados… Estas diligencias se investigan desde el año 2021. Por el momento Bonilla no está imputado, pero la propia Guardia Civil le ha incluido en informes en los que se aprecia su relación con alguno de los investigados. Según la UCO, Bonilla logró que la trama desarticulada le diera trabajo a su exmujer.

A finales de 2023, uno de los principales investigados en el caso Gaslow mandó un escrito a la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón. En ese texto, al que ha tenido acceso El Confidencial, acusaba a Balas de haberle prometido un trato de favor a cambio de información comprometedora sobre Sánchez Yepes. Luzón se limitó a trasladar ese documento a la Audiencia Nacional al considerar que no era de su competencia.