Sánchez prevé abordar esta semana el caso Leire para evitar que los socios apoyen su comparecencia
El PNV también ha pedido aclaraciones, como ERC y Podemos, antes de decidir si respaldan la iniciativa del PP de que el presidente dé explicaciones en la Cámara
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La Moncloa aspira a vivir una semana algo más sosegada, a pesar de que ayer se cruzó de por medio el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Una decisión que casi daban por descontada pero que supone un nuevo lunes negro para el Gobierno que, desde el apagón, arrastra varias crisis consecutivas.
La última, provocada por las grabaciones publicadas por este periódico, en las que la militante socialista y ex alto cargo del Ejecutivo, Leire Díez buscaba información comprometedora para atacar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El silencio del Gobierno sobre este asunto y la tibieza del PSOE a la hora de actuar -se le abrió sólo un expediente informativo pero al final ella misma cursó su baja voluntaria- han contribuido a la erosión.
Hasta su socio en el Consejo de Ministros, Sumar, como sus aliados en el Congreso, han reclamado aclaraciones, con la advertencia de algunos de ellos (ERC y Podemos) de que respaldarán la petición de comparecencia del presidente, registrada por el PP, si no se producen. Este mismo fin de semana el presidente del PNV, Aitor Esteban, el apoyo menos belicoso del Ejecutivo, avisó en una entrevista en La Vanguardia que el caso Leire "no tendría por qué llegar a sede parlamentaria si se dieran explicaciones".
Fuentes gubernamentales dan por seguro que Pedro Sánchez afrontará finalmente el tema en la sesión de control de este miércoles en el Congreso, la primera después de que estallara el escándalo. El PP ha preparado una ofensiva contra el Gobierno y, según las mismas fuentes, el presidente aprovechará para encarar por primera vez el caso de la fontanera de Ferraz y clarificar así las dudas de sus socios.
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La Moncloa espera que su pronunciamiento pueda servir para que desistan de impulsar la comparecencia de Sánchez, que no se debatirá en la Junta de Portavoces hasta la próxima semana para su inclusión en el orden del día. Aunque, si las declaraciones del presidente no convencieran finalmente a los grupos de la mayoría y respaldaran que acuda al Congreso, el Gobierno tiene a su favor que ya no hay fechas disponibles. El periodo de sesiones está a punto de acabar y en la última semana, la del 25 de junio, Sánchez estará en la cumbre de la OTAN en la Haya. Como julio no es un mes hábil en el Congreso, para convocar un nuevo pleno es necesario el visto bueno de la Diputación Permanente, donde los aliados del PSOE pueden tener otras prioridades.
En el Ejecutivo se ratifican en su estrategia de silencio de estos días porque, arguyen, "nada de lo que hubiéramos dicho habría valido". Era un hecho cierto que el secretario de Organización, Santos Cerdán, se había visto con Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset y le habían entregado información, lo que confirma que, al menos, conocían sus movimientos.
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Pero la tesis de Moncloa es que Alberto Núñez Feijóo ha actuado de manera "hiperbólica" al convocar la manifestación contra Sánchez del domingo pasado en Madrid y pedir a sus barones que exigieran elecciones generales ya, en la Conferencia de Presidentes del viernes. Sostienen que, pese al evidente desgaste político que les ha ocasionado el caso Leire, "no ha calado" en la ciudadanía. La prueba para ellos es que la protesta estuvo "muy por debajo de las expectativas de Génova".
En el Gobierno están convencidos de que el PP "aflojará a partir de ahora" porque, apuntan, "ayer pincharon y no pueden sostener esta intensidad dos años más". Si el miércoles el presidente supera el trance político de hablar de Leire Díez y todo lo que la rodea, el jueves un acto en el Palacio Real, en el que coincidirán Sánchez y Feijóo con el Rey, puede ayudar a la Moncloa a controlar la agenda.
La Moncloa aspira a vivir una semana algo más sosegada, a pesar de que ayer se cruzó de por medio el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Una decisión que casi daban por descontada pero que supone un nuevo lunes negro para el Gobierno que, desde el apagón, arrastra varias crisis consecutivas.