Puigdemont mira a Europa: el TJUE pretende bajar a casi la mitad el plazo para dirimir la amnistía

La batalla legal sobre la aplicación de la ley de amnistía no ha hecho más que empezar, al menos en lo que tiene que ver con la participación de los tribunales europeos, y Carles Puigdemont lo sabe. En la semana en la que se ha conocido la ponencia que la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, que anuncia su constitucionalidad, los políticos afectados hacen cálculos para saber cuándo será efectiva y la cosa va para largo. Sin embargo, en el horizonte para los políticos amnistiados ha surgido un hilo de esperanza, aunque sólo sea en lo temporal.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea quiere reducir un 40% el plazo medio que tarda en resolver cuestiones prejudiciales como las de la amnistía. Esto no afectará a las tres que ya están presentadas, una por el Tribunal de Cuentas (TCu) y otras dos de los tribunales superiores de Madrid y de Cataluña, pues fueron presentadas en julio de 2024, un mes y medio después de la aprobación de la ley en el Parlamento. Lo previsible en estos tres casos, como ya reveló El Confidencial, es que estas cuestiones se resuelvan después del verano, lo que supondrá que el TJUE habrá tardado los catorce meses de tiempo que son habituales.

Sin embargo, sí afectará, o esa es la intención, a la cuestión prejudicial que eventualmente puede presentar el Tribunal Supremo cuando le toque aplicar la ley una vez haya sido avalada por el Tribunal Constitucional. La maraña judicial es compleja y por eso es relevante recordar que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal ya resolvió que la ley de Amnistía es "inaplicable" en lo que tiene que ver con el delito de malversación, que es el que mantiene a Puigdemont pendiente de juicio y a Junqueras inhabilitado hasta 2031.

La razón por la que Puigdemont y Junqueras tienen un horizonte más despejado (al menos en lo temporal, no en el fondo) tiene que ver con una serie de reformas aplicadas al TJUE. Tal y como informó este tribunal, se trata de transferir parcialmente la competencia prejudicial del Tribunal de Justicia al Tribunal General. La idea es descargar al primero y reducir así los plazos de resolución de asuntos.

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"Por motivos de seguridad jurídica y de celeridad, todas las peticiones de decisión prejudicial seguirán presentándose ante el Tribunal de Justicia, que procederá a un examen preliminar de su objeto", precisaba el TJUE el día en que comenzaba a aplicarse el plan, el pasado 1 de octubre, advirtiendo de que "las resoluciones que dicte el Tribunal General en materia prejudicial tendrán el mismo valor que las del Tribunal de Justicia".

El pasado 10 de abril, en una sesión pública en el TJUE se abordó la cuestión de los plazos y se admitió que el objetivo era reducir los mismos en un 40%, lo que permite hacer una estimación sobre las cuestiones prejudiciales que se puedan presentar a futuro. Así, el objetivo es que pasen de catorce a ocho meses de media.

Inquietud en el Tribunal de Cuentas

Mientras, en el Tribunal de Cuentas se mira con inquietud que la sentencia del Tribunal Constitucional introduzca cambios en la ley que puedan retrasar la resolución que el tribunal europeo lleva diez meses trabajando, desde que en julio el órgano fiscalizador de la gestión económica de las administraciones públicas españolas les remitió ocho dudas jurídicas sobre la aplicación de la amnistía.

El Tribunal de Cuentas mantiene abierto un procedimiento vinculado a los fondos que la Generalitat de Cataluña destinó al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, así como a los gastos asociados a desarrollar la acción exterior desde 2011 a 2017 "para promover fuera de España la independencia de Cataluña". La Fiscalía presentó demanda estimando que el daño al patrimonio público ascendía a 3,4 millones de euros (1,2 por el 1-0 y 2,2 por la acción exterior). En una iniciativa similar, Sociedad Civil Catalana elevó esa cifra a 5,3 millones (2,9 y 2,4). Mientras el TJUE resuelve las ocho dudas planteadas, el caso está a la espera de sentencia.