El PSOE urdió un "plan" en su sede de Mérida con un notario para 'salvar' al hermano de Sánchez

La jueza de Badajoz que ha mandado al banquillo de los acusados al hermano de Pedro Sánchez denuncia en su último escrito que el PSOE llevó a cabo un “plan previamente concebido y organizado” que va a afectar a la causa. Según desgrana la magistrada, citaron a un notario en su sede de Mérida para atar en cuestión de horas el aforamiento del líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, uno de los procesados. Con el notario en las oficinas del partido, recabaron la renuncia del acta de diputado de cuatro candidatos que estaban en la lista electoral por delante de Gallardo. Tres de ellos tuvieron que desplazarse a la capital extremeña porque ni siquiera residen allí. Todo sucedió en menos de 72 horas.

El objetivo era lograr la protección para Gallardo y de ese modo evitar el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Badajoz, que ha avalado todas las decisiones de la jueza hasta ahora. Al lograr su aforamiento, pretenden que toda la causa vaya al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), incluidos el resto de procesados entre los que está el familiar del presidente del Gobierno. Así lo advierte la jueza Beatriz Biedma a partir del escrito remitido por los abogados de Gallardo: “Se afirma, debe extenderse la competencia necesariamente no solo respecto del señor Gallardo, sino respecto todos los imputados”.

El TSJEx es el órgano superior a la Audiencia Provincial, una última oportunidad para los investigados. Ahora este tribunal tiene encima de la mesa el relato de la magistrada, que denuncia un “fraude de ley” en la “maniobra” de los socialistas extremeños. Añade, además, que esta forma de obrar refuerza las sospechas que originaron la causa sobre la creación de una plaza a medida para David Sánchez en la Diputación de Badajoz. “No sería sino otra muestra más del patrón investigado: conseguir un fin ilegítimo mediante el uso de mecanismos formalmente legales, utilizando las instituciones públicas en beneficio propio”, dice Biedma.

La jueza dictó su auto de procesamiento el 24 de abril. Dejaba con pie y medio en el banquillo a David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y otros nueve imputados más de la Diputación de Badajoz. Les acusa de un delito de prevaricación y tráfico de influencias. Además de crear una plaza en los conservatorios de música de la ciudad para el hermano de Sánchez, la magistrada sostiene que le fueron adaptando el puesto a sus preferencias personales sin pensar en el interés general de los pacenses. Detallaba en su auto un total de 27 indicios para apuntalar sus pesquisas.

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Semanas después de esta decisión inédita en democracia –nunca antes el hermano de un presidente del Gobierno había sido procesado en una causa penal-, trascendió la intención de Gallardo de dejar la presidencia de la Diputación de Badajoz y convertirse en diputado autonómico, lo que acarrea el aforamiento directo ante el TSJEx. De entrada, este movimiento introduce el procedimiento en un escenario incierto que provocará retrasos mientras los jueces extremeños deciden qué hacer.

Los tres días clave

Cuando se hicieron las listas electorales de los comicios autonómicos de hace dos años, Gallardo no era todavía el líder del PSOE extremeño. Integró la lista de su partido, pero en un puesto muy bajo y no sacó escaño. El plan del que informa la jueza en su escrito remitido al TSJEx se puso definitivamente en práctica el 19 de mayo: “Un notario se constituyó, previo requerimiento, en la sede regional del Partido Socialista Español en Extremadura, sita en Mérida, con la única finalidad de que los candidatos que ocupaban los números 19, 20, 21 y 22 renunciaran expresamente a ser proclamados diputados electos de la Asamblea de Extremadura”.

Para que Gallardo lograse su acta de diputado, era necesario que saltase de golpe a cuatro compañeros que iban por delante de él en la lista electoral y que se apartara también la última diputada del PSOE que sacó escaño y venía ejerciendo sus funciones desde hace dos años. La jueza relata que “los cuatro candidatos referidos, -tres de los cuales no tienen su domicilio en Mérida, según las actas notariales-, fueron convocados expresamente con tal finalidad y con la antelación necesaria, lo que denota un plan previamente concebido y organizado”.

Pedro Blas Vadillo, Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y Dolores Fernández son los cuatro nombres que manifestaron ante notario su “renuncia libre y voluntaria” a no ser diputados en caso de que les llegase la oportunidad. Los cuatro estamparon su firma ante el notario de Mérida Gonzalo Fernández Pugnaire, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial. En las cuatro actas notariales figura el concepto “renuncia anticipadamente”.

“Continuando con la celeridad, justo al día siguiente, el 20 de mayo, María de la Cruz Rodríguez Vegazo, presenta ante la Asamblea de Extremadura su renuncia a la condición de diputada”. Y al día siguiente, el 21 de mayo, fue cuando Miguel Ángel Gallardo tomó posesión de su acta de diputado autonómico. La obtuvo el día antes de que se dictase el auto de apertura de juicio oral, por lo que el PSOE completó lo que la jueza entiende como “un fraude de ley”. Así se lo ha transmitido al TSJEx en la exposición razonada en la que deja en manos de este órgano el futuro de la causa.

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No obstante, Biedma avanza su postura a favor de que su investigación vaya a la Audiencia Provincial y defiende que “lo relevante en el presente procedimiento no es el momento en el cual se ha adquirido la condición de aforado, sino la forma en que ha tenido lugar y la finalidad buscada con la misma”. Se basa en resoluciones del Tribunal Supremo en las que se establece que el aforamiento “jamás ha de ser entendido como privilegio”.

Como en Rumanía y Bielorrusia

En su exposición, la magistrada cuestiona el modo en el que España usa el aforamiento y destaca que “en los estados europeos, la regla general es el no aforamiento de los parlamentarios. Salvo en el caso español, solo se contempla en los Países Bajos, aunque limitado a actos en el ejercicio de su cargo; Grecia, solo para determinados delitos; y en Rumanía y Bielorrusia, donde el aforamiento de los parlamentarios más se asemeja al vigente en España”.

“El aforamiento repentino de Gallardo no solo atenta contra el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, sino que causará perjuicios a la propia tramitación de la causa, que se será inevitablemente objeto de dilaciones tras la peregrinación de la misma a órganos superiores para decidir sobre la competencia para conocer de la misma y sobre los recursos que puedan interponerse, afectando dicha circunstancia al resto de partes intervinientes en el procedimiento”, afirma. En caso de que el TSJEx asuma el caso, la jueza detalla a lo largo de 102 folios los indicios ya expuestos en resoluciones anteriores.

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Con todo, no es la primera vez que hay un diputado entre los investigados en esta causa. En sus orígenes, la magistrada dirigió sus pesquisas también contra Antonio Garrote Ledesma, miembro de la Asamblea de Extremadura. Biedma llegó a pedir que le confirmasen tal condición. En el desarrollo de la causa, la jueza le dejó fuera del caso y no figuró en la lista de procesados finalmente.