Page se suma a los barones del PP y lleva al TC el decreto del reparto de menores migrantes

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno interponer un recurso de inconstitucionalidad al real decreto-ley del Gobierno que establece el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, y que supone la llegada de 500 niños a Castilla-La Mancha, por falta de financiación.

La consejera portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Esther Padilla, ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de que se ha dado luz verde a este recurso tras haber recibido el informe del Consejo Consultivo sobre este real decreto-ley, que "se ha aprobado sin diálogo entre las comunidades autónomas y el Gobierno" y que "viene además sin compensación económica, sin financiación y, por lo tanto, pone en grave riesgo la garantía del interés superior del menor".

"No recurrimos para no atender. Recurrimos para atender dignamente a estos niños y contar con los recursos necesarios", ha argumentado Padilla, que ha reclamado 250 millones de euros para el conjunto de las comunidades para atender a los menores migrantes no acompañados.

Sin embargo, ha afirmado que acoger "no es solo abrir la puerta" sino que se trata de acoger con dignidad, por lo que ha criticado que la situación que plantea el decreto "impide a las comunidades autónomas, al menos a Castilla-La Mancha, atender con la dignidad con la que ya lo está haciendo.

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"Así que recurrimos este decreto porque Castilla-La Mancha no recibe ni un euro de financiación para atender a 500 niños y niñas que el Gobierno unilateralmente ha decidido que tienen que venir, más de los que ya atendemos", ha sostenido.

Padilla ha señalado que la atención a estos 500 menores migrantes que debería acoger Castilla-La Mancha en el reparto acordado por el Gobierno tiene un coste que ha cifrado en más de 26 millones de euros anuales. "Y la financiación prevista por parte del Gobierno es cero para Castilla-La Mancha", ha abundado.

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Con todo, ha señalado que el Gobierno regional decide también recurrir este decreto en base a un informe del Consejo Consultivo que responde al requerimiento hecho por la Consejera de Bienestar Social para que este órgano se pronunciara, y que señala que hay "un flagrante quebranto" del principio de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas.

A ello añade que el Consultivo apunta que hay una posible "invasión de competencias" exclusivas de la Comunidad Autónoma en materia de atención de menores en este decreto, puesto que ya están recogidas el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

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"El informe señala que no existía la necesidad de establecer una norma excepcional como un decreto que dejara fuera la opinión de las comunidades autónomas y, por lo tanto, a la conferencia sectorial. Además, dice que no debía haberse hecho por un decreto ley, porque estamos hablando de derechos fundamentales y es ámbito de una ley orgánica", ha añadido Padilla.

A ello ha añadido que incide, además, en que el decreto "no busca la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en materia de asistencia y protección. Más bien, se busca sustituir el problema". "Es un problema de España, de la Unión Europea y, con este decreto, lo que hacen es derivarlo a las comunidades autónomas, pero no se da una solución", ha agregado Padilla.