La UCO registra constructoras de obra civil en Navarra y Valencia y la casa de Ábalos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha iniciado este martes un nuevo operativo relacionado con el caso Koldo. Por orden del Tribunal Supremo y en el marco de una pieza secreta, los agentes están registrando las sedes de diferentes constructoras en Navarra y la Comunidad Valenciana. También se ha producido una entrada y registro de la vivienda del exministro José Luis Ábalos, confirman a El Confidencial fuentes del caso. Se han incautado ordenadores y dispositivos electrónicos, entre ellos el teléfono móvil del socialista, que será clonado. No se prevén detenciones.

Las mismas fuentes precisan que los agentes tratan de encontrar documentación vinculada con la concesión irregular de contratos de obra pública. Esta rama del caso saltó a raíz de la confesión del empresario Víctor de Aldama, que ha asegurado ante el juez que pagó comisiones como mediador a cambio de la preadjudicación de decenas de contratos gestionados por el Ministerio de Transportes en su etapa.

El registro tiene lugar cuando el Supremo espera la entrega inminente del informe de la UCO en el que se analizan las comunicaciones mantenidas por el asesor del ministro, Koldo García, con cargos del Gobierno y el PSOE, como Santos Cerdán. Se trata del primer registro a una propiedad del exministro desde que el Supremo asumiera una parte del caso debido a su aforamiento.

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El pasado febrero, el magistrado ya encargó un informe sobre la situación patrimonial del exministro y de su hijo Víctor, centrado en las cuentas o depósitos bancarios de los que pudieran ser titulares, cotitulares o autorizados; de los bienes inmuebles o vehículos que se hallaren registrados a nombre de uno u otro; y de su eventual participación en entidades mercantiles como administradores, socios o partícipes.

La UCO de la Guardia Civil entregó su informe un mes después y advirtió sobre el hallazgo de hasta 15 transferencias por parte de Koldo a un hijo de Ábalos llamado Carlos. "Ha resultado llamativo que Koldo fuera el encargado de hacer las transferencias", destacaron los agentes. También apuntaron a que su entonces asesor se encargó de gestionar un crédito de 130.000 euros por una hipoteca de la actual pareja del exministro.

Estos hallazgos refuerzan la tesis de que Koldo García ejercía como testaferro de Ábalos, pero el magistrado ha ido ahora un paso más allá al ordenar el registro de su vivienda en Valencia. El pasado abril, Puente ya rechazó las quejas del exministro y le avisó de que podía entender "fácilmente" las diligencias que estaba acordando si se repara, por ejemplo, en que una de las líneas de investigación se centra en los "beneficios económicos" que obtuvo gracias a Víctor de Aldama.

Los beneficios económicos

Frente a los intentos de la defensa de Ábalos por limitar la investigación a la pandemia, Puente incidió entonces en que los pagos dieron comienzo “en el mes de marzo del año 2019 y se prolongaron hasta septiembre de 2021, es decir, comenzaron mucho antes, no ya de que se concertaran los tan referidos contratos para la adquisición de mascarillas, sino incluso con anterioridad también a que se detectara en España la primera infección por covid-19”.

La ampliación de la confesión de Aldama extendió las sospecha sobre nada menos que 128 contratos públicos adjudicados a determinadas constructoras. La suma total de estas adjudicaciones, realizadas entre 2018 y 2021, asciende a un total de 54 millones de euros y, según asegura el empresario, la mayoría fueron otorgadas a tres empresas relacionadas con Koldo García Izaguirre.

El conseguidor señalaba en concreto a Obras Públicas y Regadíos SA (OPR), Áridos Anfersa SL y Levantina, Ingeniería y Construcción SL y detallaba los vínculos de estas compañías con el entorno más cercano a José Luis Ábalos y al propio PSOE.