El Gobierno carga contra el Supremo: "Algunos jueces hacen cosas difíciles de entender"

Guerra abierta entre el Gobierno y el Tribunal Supremo por la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar al fiscal general del Estado. Después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, asegurara en X que los jueces son la "oposición real" a Pedro Sánchez, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha continuado abonando esta tesis en la rueda de prensa en la Moncloa.

Alegría señaló que es evidente que "algunos jueces hacen cosas difíciles de entender", en relación al auto de Hurtado que acerca a Álvaro García Ortiz al banquillo por la presunta revelación de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Quien haya podido leerlo, comentó, verá que "no hay ninguna prueba directa donde se determine que el fiscal filtrara nada".

Asumiendo casi el papel de abogado defensor, la ministra apuntó que, en cambio, sí existe un "número importante de declaraciones de periodistas, de diferentes medios de comunicación, que bajo juramento dijeron en sede judicial que tenían la información muchas horas antes y no se la filtró el fiscal". Pero, remarcó, "todos esos testimonios se han tirado directamente a la basura".

Con estas valoraciones, lo que el Ejecutivo sugiere es que el juez ha podido cometer prevaricación. Cuando se le ha interpelado en estos precisos términos, si pensaba que Hurtado ha tomado una decisión injusta a sabiendas, la ministra defendió que había sido ya "prudente" y a la vez "explícita" en sus manifestaciones. "Difícil de entender", añadió, "lo explica bien". Lo que la Moncloa sostiene en privado es que "vivimos tiempos complejos donde se producen acusaciones que no tienen hechos que las respalden".

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En ese contexto, el apoyo del Gobierno a García Ortiz se mantiene imperturbable, sin que sea posible discernir si tiene límite. Pilar Alegría se agarró a qué se debe respetar su presunción de inocencia y a que el auto no es firme y cabe recurso ante el magistrado y ante la sala. El problema de este argumento es que la Sala Segunda del Supremo hasta ahora ha avalado casi todos los pasos que ha dado el juez.

Con la presión al máximo en la Fiscalía y en la judicatura para que el fiscal dimita si finalmente es procesado, la ministra reiteró que el Ejecutivo mantiene su "total confianza" hacia el fiscal general y el resto de la carrera en su conjunto "por la magnífica labor que realizan, persiguiendo siempre el delito".

En línea con lo manifestado ayer por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, negó de forma "rotunda y categórica" que, como señala el auto, Presidencia del Gobierno diera instrucciones a Álvaro García Ortiz para que desmintiera la información de que Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso, cuando era justo al contrario. La rectificación, considerada un delito de revelación de secretos que el Ministerio Público está obligado a salvaguardar, es el origen de esta causa. "Lamentamos mucho que el Tribunal Supremo haya hecho este tipo de afirmaciones sin ninguna prueba", apuntilló la portavoz del Ejecutivo.

En la Moncloa están absolutamente convencidos de que se está produciendo una "cacería" contra el fiscal general fruto del malestar de los jueces del Supremo con la amnistía política, que han interpretado, según el Gobierno, como una rectificación a la sentencia del procés. Por ahora, salvo que García Ortiz opte por dimitir, la posición del Ejecutivo es "no entregarles su cabeza".