Clamor en la Fiscalía y la judicatura para que García Ortiz dimita: "Es un rehén del Gobierno"

Álvaro García Ortiz se convirtió este lunes en el primer fiscal general del Estado en ser procesado por la Justicia. Él ya ha anunciado que no tiene intención alguna de dimitir y el Gobierno ha dejado claro que seguirá apoyándole a toda costa, pero la idea de que debe abandonar el cargo es un clamor entre jueces y fiscales. "Antepone sus intereses a los de los servidores públicos a los que se debe", critica uno de los magistrados consultados por este diario. "Tendría que haber dimitido desde la apertura de la causa para proteger a la institución. Que no lo haga ahora aumenta el perjuicio a la Fiscalía y dañará tremendamente su imagen de independencia", añade otro fiscal.

Tanto la Asociación de Fiscales como la Asociación Profesional Independiente de Fiscales llevan meses exigiendo su salida. También parte de la cúpula fiscal le ha dado la espalda, hasta el punto de que 13 de los 35 fiscales de sala le remitieron una carta en la que pedían que diera un paso atrás. Entre las firmantes de esta misiva, figuraba incluso la ex fiscal general del Estado María José Segarra, que accedió al cargo en 2018 a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez.

Esas voces críticas vuelven a oírse con más fuerza tras su procesamiento de este lunes. "Es un desastre. Este hombre es un rehén del Gobierno y no le dejan ni la decencia de dimitir", asegura otra fiscal. Sin embargo, García Ortiz se escudó este lunes en que seguirá "defendiendo la actuación y la integridad de la institución". El argumentario es similar al que esgrimió tras la apertura de la causa, cuando llegó a decir que mantenerse en el cargo "en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española".

Según critican distintos jueces, este rechazo a dimitir ha llevado a la Fiscalía a una crisis sin precedentes: "El mismo fiscal que ejerce la acusación en la causa por revelación de secretos depende orgánicamente del imputado. Eso es un oxímoron”, apunta uno de ellos, en referencia a que la fiscal del procedimiento, María Ángeles Sánchez-Conde, es la número dos de García Ortiz. “Es un tema ético, no jurídico. Se está valiendo de todos los mecanismos procesales para desacreditar al juez. Es contradictorio que quien ejercita la acusación pública siempre ponga en entredicho la legitimidad del sistema y haciendo desconfiar a los cuidadanos”, denuncia otro.

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El hecho de que algunos magistrados apunten a que su dimisión debe ser una decisión "ética" no es casual, pues ninguna ley ofrece una vía clara para forzar su salida. De hecho, si se abre juicio oral, las consecuencias serían distintas para García Ortiz y para Pilar Rodríguez, que es la fiscal jefa provincial de Madrid y también ha sido procesada: por un lado, ella sería suspendida cautelarmente por orden del propio García Ortiz y, por otro, él no se vería afectado por ese reglamento.

La clave radica en que el Estatuto del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general "quedará en situación de servicios especiales" tras su nombramiento, lo que implica que no se verá afectado por el resto de artículos que incluye esta ley. Entre ellos, el que aborda "la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal". Esta posibilidad es potestad del fiscal general, pero el artículo añade que la suspensión deberá llevarse a cabo "en todo caso" cuando "se dicte auto de apertura de juicio oral". De esta manera, Rodríguez quedaría suspendida por cumplir las órdenes de García Ortiz, pero él no.

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"La paradoja de que la fiscal de Madrid sea suspendida porque no se considera adecuada para dirigir a los fiscales madrileños y, sin embargo, al fiscal general del Estado, que es la cabeza jerárquica de toda la institución, se le mantenga en el poder es una felonía", critica otro juez. "Debería encender a la carrera fiscal".

Algunos de los fiscales consultados apuntan por su parte a otra ley que, según defienden, abre la puerta a suspender también a García Ortiz, aunque ellos mismos reconocen que ese escenario no es tan claro: "El sistema ha de ser interpretado porque esta situación es absolutamente insólita", advertía ya uno de ellos en marzo.

Este debate paralelo se centra en torno a un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que la "suspensión de los jueces y magistrados" se llevará a cabo "cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones" o "cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado contra ellos auto de prisión, de libertad bajo fianza o de procesamiento". Sin embargo, ellos mismos insisten en la mencionada necesidad de "interpretación" para contestar a la principal pregunta: hasta qué punto estos artículos que hacen referencia a jueces y magistrados pueden extenderse al fiscal general.

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"Con la literalidad de la ley es muy discutible. Está prevista la suspensión de funciones para los jueces, sean del Tribunal Supremo o de Benavente. Y en principio la Ley Orgánica del Poder Judicial se aplica por analogía a los fiscales, pero el Estatuto del Ministerio Fiscal no lo prevé y en todo caso no es cese, sino suspensión", explica otro magistrado. "Otra cosa es la cuestión ética, que hace mucho tiempo que la perdió", concluye.

Una tercera vía a la que apuntan otros jueces se basa también en el Estatuto del Ministerio Fiscal, que contempla la posibilidad de cesar a un fiscal general ante "el incumplimiento grave o reiterado de sus funciones". La Asociación Profesional Independiente de Fiscales ya demandó al Gobierno ante el Supremo al considerar que habían incurrido en "una manifiesta arbitrariedad" al pasar por alto ese hecho y renovar el mandato de García Ortiz, pero el alto tribunal rechazó sus argumentos en enero.

Cinco meses después, nada apunta a que las asociaciones vayan a acudir a los tribunales con el mismo argumento, y aún menos que el Gobierno se vaya a plantear el cese de García Ortiz por su procesamiento. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se encargó de dejarlo claro este lunes al cargar contra el Supremo y asegurar que "la oposición real" al Gobierno se ejerce desde este tribunal. "Todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo", criticó a través de redes sociales.