Los autos del fiscal y el 'hermanísimo' cercan a Sánchez y apuntan a que Moncloa mueve los hilos

Donde hay humo, suele haber fuego y eso mismo se demostró este lunes en dos de las causas que rodean al presidente del Gobierno. Mientras en el Supremo el juez Ángel Hurtado procesaba al fiscal general, en Badajoz la jueza del caso 'hermanísimo' atribuía al diputado de la Asamblea de Extremadura Miguel Ángel Gallardo un fraude de ley al aforarse. Tanto en un caso como en el otro, las conductas delictivas con las que se les relaciona no quedan en una actuación personal, sino que escalan -en opinión de los magistrados a cargo de la instrucción- hasta llegar a Moncloa o al partido del Gobierno. La sospecha de los jueces es que, detrás de los dos, el aparato político del Ejecutivo movió los hilos.

Las referencias más directas al respecto se encuentran en el auto por el que Álvaro García Ortiz ha acabado procesado. El instructor concreta que considera no solo que el fiscal general fue el autor de la filtración de la información privada del novio de Isabel Díaz Ayuso, sino que la difundió siguiendo órdenes de Presidencia del Gobierno. Lo hizo -explica el magistrado- para emplearla contra ella.

La implicación de Moncloa en el episodio apareció durante la etapa de instrucción tras la irrupción en el episodio de Juan Lobato, a quien se le envió el email con información reservada y que, desde un inicio, mostró reticencias sobre su procedencia. "Parece que me llega desde la Fiscalía", llegó a avisar a la persona que le incitaba a sacarla en la Asamblea de Madrid en presencia de Ayuso. Era la número dos de Óscar López, entonces a los mandos del gabinete del presidente del Gobierno en Moncloa.

Pilar Sánchez Acera pasó por el Supremo, pero no despejó ninguna duda. El instructor llegó a acusarla de mentir. En un auto indicó que podría acabar imputada por "falso testimonio" en "causa aparte". Se mostró tan imprecisa respecto a cómo obtuvo el correo electrónico que el juez terminó por convencerse aún más de que la filtración procedía de la Fiscalía General. No se acordaba de nada y también había borrado el contenido de su teléfono, como hizo el fiscal general.

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Como explicó Hurtado en anteriores autos, "la importancia" de la declaración de Sánchez Acera reforzó su hipótesis. Sus explicaciones dejaron "mucho que desear". "No es explicable que, siendo un documento tan significado, no pueda recordar quién se lo proporcionó, y no solo eso, sino que, tratado de buscar el origen de esa información en su dispositivo móvil, no sea posible porque, al igual que alguno más de los intervinientes en la presente causa, cambió de teléfono y borró cuantos mensajes tenía en el que usó en aquel momento", criticó el magistrado hace semanas.

También en el caso de Badajoz, la instructora Beatriz Biedma ha ido alentando la idea de una intervención superior. Ya lo hizo en el auto en el que abrió juicio oral contra el hermano del presidente del Gobierno y otras personas, entre ellas el ya aforado Gallardo. Dijo en ese escrito que David Sánchez carecía de contactos en la provincia, pero que no sucedía lo mismo con Pedro Sánchez.

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"Lo que sí consta, por ser hecho público y notorio, es que su hermano había sido secretario general del PSOE, -y volvió a serlo durante el periodo de adjudicación del puesto- y, como tal, había visitado en diversas ocasiones Badajoz y la provincia, y por razón de dicho cargo y de dicha pertenencia al partido político, él y su entorno cercano tendrían relaciones estrechas con otros miembros del partido en Extremadura con capacidad para influir en las personas que tenían competencia para crear el puesto", lanzó.

Un plan preconcebido

Ahora, semanas después del aforamiento, ve la mano del PSOE detrás de una maniobra para quitarle la competencia. Una actuación planificada para retirarle el caso y forzar un cambio del juez predeterminado por la ley. Llega incluso a hablar de la existencia de "un plan preconcebido" con múltiples personas implicadas y movimientos que se desarrollan de forma exprés para evitar su actuación y la intervención posterior de la Audiencia Provincial a favor del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La idea final que sobrevuela es que el objetivo es librar al hermanísimo y, con él, al presidente.

La respuesta gubernamental a estas conclusiones de ambos jueces no se hizo esperar y evidenció un salto en el discurso habitual y recurrente en los últimos meses. Las acusaciones a los magistrados, los dos, han quedado desnudas de eufemismos. Como las causas ya no pueden tacharse de bulos dado que avanzan y desde hace meses se ha dicho que son fruto de un plan para hacer caer a Sánchez, el Ejecutivo y el PSOE dan a entender que los jueces que las impulsan están siguiendo indicaciones del Partido Popular.

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En esta ocasión fue Gallardo, el aforado líder del PSOE extremeño, el que más claro lo verbalizó. "La jueza ha comprado el argumentario del Partido Popular, de Vox, y Hazte Oír y de Manos Limpias". "Uno, cuando tiene cierta edad, sabe que no existen ya las casualidades", lanzó para añadir que la teoría del fraude de ley ha venido diciéndose desde los partidos de la oposición. Los jueces son ya sinónimo de ultraderecha.