Bolaños gasta 35.000 € en rastrear diariamente cualquier mención en los medios a su persona

Félix Bolaños ha sido de los primeros en el Gobierno de Pedro Sánchez en desacreditar públicamente el auto del Tribunal Supremo para procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, por revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Se le ha adelantado por poco tiempo Óscar Puente, que en su red social favorita (X) apuntó: "La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo". No es lo único en lo que el ministro de la Presidencia empieza a emular al ministro de Transportes; Bolaños también ha contratado un servicio de rastreo de noticias para recibir toda mención que le hagan en prensa.

El coste de esta iniciativa asciende a los 34.412 euros, y el contrato ha sido formalizado la pasada semana con la consultora Simbiu Intelligence. El Ministerio de la Presidencia recibirá un informe diario por parte de esta compañía con la recopilación de las "menciones al ministro publicadas en medios digitales y en papel en las últimas 24 horas". Este seguimiento se llevará a cabo "a nivel nacional y regional", por lo que el rastreo incluirá la prensa local.

Estos informes incluirán "todas y cada una de las menciones referentes a los términos de búsqueda que se especificarán a la empresa adjudicataria por el gabinete de Comunicación". Los pliegos de prescripciones técnicas detallan cómo serán estos dosieres, que serán presentados en formato Word: "Se deberá especificar el titular de la información, el medio que lo publica, las frases más relevantes en las que se menciona al ministro, destacadas o subrayadas para que se localicen de manera sencilla de un vistazo así como el hipervínculo a la noticia en la web del medio". Moncloa recibirá dicho dosier a las 8 de la mañana, de lunes viernes y a las 9 de sábado a domingo.

No es el único servicio que esta consultora prestará al equipo de Bolaños. Junto a este informe se especifica en la documentación contractual un segundo que recopile las informaciones más destacadas relacionadas con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. En este caso, se recogerán las informaciones de un listado de medios concretados desde Moncloa ("aproximadamente 25").

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El tercer servicio contratado por Bolaños incluye un servicio de "envío de alertas ilimitadas de medios escritos digitales de noticias de actualidad que se vayan publicando a lo largo del día" en base a un listado de temas de interés relacionados con la actividad del Ministerio. El contrato firmado con Simbiu Intelligence tiene una duración de dos años, concluyendo en 2026, justo antes de la previsible convocatoria electoral de Sánchez en 2027.

Ley Bolaños: la Fiscalía controlará la UCO

Bolaños se ha mantenido de perfil en el escándalo de la fontanera de Ferraz, Leire Díez, destapado por El Confidencial. Como adelantó este periódico, la exmilitante socialista trabajaba al servicio de Santos Cerdán para recabar información contra magistrados, fiscales y periodistas que investigan los casos de corrupción del Gobierno de Sánchez. "No tengo el placer de conocer a esa señora", fue lo que dijo al respecto.

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La agenda política de Bolaños se intensificará en esta segunda mitad de la legislatura con la tramitación de su polémica reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que permitirá a la Fiscalía controlar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en detrimento de los jueces. El contrato de Moncloa para fiscalizar lo que se publica en prensa del ministro ha entrado en vigor este mismo 1 de junio, y será de gran ayuda a Presidencia en todo el proceso de tramitación de esta ley.

Esta norma incluirá una segunda reforma que afecta al Estatuto fiscal con la que el Ejecutivo defiende -para enfado de la mayoría de la carrera judicial y fiscal- que se garantizará "la independencia". Las principales asociaciones de fiscales están tan molestas que han anunciado paros para el mes de junio.

Bolaños se ha enfrentado también a la magistratura por sus constantes opiniones sobre la labor judicial. De hecho, el empleo del término "bulo" por parte del Gobierno para calificar cualquier cosa que suponga una discrepancia llevó a todas las asociaciones de jueces y fiscales, exceptuando las progresistas, a emitir un comunicado contra el ministro: "Solicitamos que se nos mantenga al margen de calificaciones o etiquetas como bulo, fango o similares, y se nos permita seguir realizando nuestra función recibiendo el trato respetuoso que dispensamos", reclamaron la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial e Independiente (FJI), y la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

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El foco mediático sobre Bolaños crecerá en las próximas semanas por la tramitación de la reforma de una LEC, que en los términos planteados tendrá efecto directo en los procedimientos en curso sobre el caso Koldo/Ábalos, Begoña Gómez, el hermano del presidente y el fiscal general del Estado.