Pedraz impulsa el caso hidrocarburos: recluta funcionarios de Hacienda y ordena informar a la UCO

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha tomado dos decisiones para impulsar la investigación del llamado caso Hidrocarburos. Es el procedimiento judicial por el que fue encarcelado a finales del año pasado el mediador de la trama Koldo, Víctor de Aldama, y su socio Claudio Rivas. Tiene que ver con un fraude masivo al IVA cifrado en al menos 182 millones. El magistrado sospecha que la cantidad puede ser mayor y, para desentrañar la madeja, ha reclutado a dos funcionarios de Hacienda elegidos por él mismo y ha ordenado mantener informada a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Por medio de una providencia a la que ha tenido acceso El Confidencial, Pedraz ha acordado incorporar directamente a los trabajos de su juzgado a dos profesionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que depende del Ministerio de Hacienda. En el documento los identifica por sus números profesionales para proteger su identidad. Son “NUMA 29875” y “NUMA 33705”. Les designa “en calidad de auxilio judicial” y les citó el viernes a las 10.30 horas “para la toma de posesión de su cargo y demás efectos”.

"Asímismo --dice-- líbrese mandamiento a la unidad policial (UCO -Dirección General de la Guardia Civil) para que le sea facilitada cualquier información que sea hallada en los documentos y evidencias digitales intervenidas, y puedan tener relación con el objeto del auxilio encomendado".

El juez explica que “en otras ocasiones, es la propia AEAT la que realiza la propuesta de personas para desempeñar la tarea de auxilio judicial”, pero esta vez ha sido él quien los ha seleccionado. “En el presente caso resulta procedente la designación directa de los funcionarios por parte de este Juzgado Central de Instrucción”, dice Pedraz.

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Lo que necesita es ayuda para “proceder a la determinación de las cantidades que por la mercantil Villafuel SL pudiera haber defraudado a la Hacienda Pública en los ejercicios 2022 a 2024 en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)”. Esta es la empresa en torno a la que pivota la causa. “En el caso que nos ocupa, en el momento en que se encuentra la investigación, resulta imprescindible acometer el análisis y, en su caso, tratamiento tributario, de toda la documentación acumulada”, alega el auto dictado este martes.

El juzgado accede así a las peticiones que hace semanas formuló la Fiscalía, a favor de recurrir a especialistas en la investigación de blanqueo de capitales para que “procedan a la determinación de las cuotas que eventualmente hubieran podido dejar de ingresar a la Hacienda Pública los investigados”.

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Además de Aldama y Rivas, en este caso también está investigada Carmen Pano. Esta mujer es la que en sede judicial confirmó haber llevado a la sede del PSOE en la calle de Ferraz hasta 90.000 euros en sobres por orden de Víctor de Aldama. Los nombres de estas tres personas también aparecen en el caso Koldo interviniendo en la compra de un chalet en Cádiz para el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

La Guardia Civil apunta a que ese chalet fue un soborno en agradecimiento a las gestiones del ministro que favorecieron sus negocios. Los investigados en este caso maniobraron para que el Gobierno les otorgara una licencia con la que poder operar en el sector de los hidrocarburos.

La operación

La Audiencia Nacional les investiga desde junio del año pasado y las detenciones se realizaron en octubre en virtud de las pesquisas realizadas por la UCO. Se investigan presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de Capitales, pero no descarta que se amplíen las acusaciones. La Guardia Civil sostiene que los acusados crearon un grupo criminal tras lograr para Villafuel SL la autorización de operador mayorista en el mercado de los hidrocarburos.

Para ello crearon una estructura de empresas suministradoras instrumentales. Habrían estado simulando transmitir el hidrocarburo de su propiedad a sociedades interpuestas cuando en realidad la empresa lo transmitía a sus clientes finales. Con ello, lograban no ingresar las cuotas de IVA correspondientes y el fraude ascendió “por el momento hasta los 182.513.923,15 euros”.

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Pedraz advierte que “los beneficios obtenidos de esta actividad estarían siendo desviados por las sociedades instrumentales hasta cuentas bancarias localizadas en terceros países”. El auto judicial cita decenas de sociedades bajo el foco de los investigadores.

El caso hidrocarburos propició el ingreso en prisión de Aldama en octubre del año pasado, cuando ya se encontraba en libertad provisional tras haber sido arrestado meses antes en el llamado caso Koldo, investigado en otro juzgado de la Audiencia Nacional. Fue su paso por la cárcel lo que le llevó a querer colaborar con las autoridades y facilitar información a la Fiscalía que afectaba al Gobierno de Pedro Sánchez. Él sostiene que en este caso es inocente.