El juez procesa a García Ortiz por revelación de secretos y le deja a un paso del banquillo

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha procesado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Tras más de siete meses de investigación, el juez considera que existen indicios suficientes para sentarle en el banquillo por la filtración de los correos electrónicos que la defensa de González Amador envió a la Fiscalía para cerrar un acuerdo en la causa que se sigue contra él por fraude fiscal. El magistrado sostiene que el fiscal general filtró estos correos “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno".

Hurtado da por finalizada la investigación, que ha demostrado que García Ortiz también cambió de móvil y borró sus mensajes de WhatsApp en cuanto el Supremo abrió la causa el pasado octubre. Sin embargo, el fiscal general ya ha confirmado este lunes que no va a dimitir: "Se reafirma en su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma", aseguran desde la Fiscalía. "Asimismo, reitera su inocencia sobre los hechos que son objeto de imputación".

El magistrado ha procesado además por el mismo delito a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que fue la que facilitó a García Ortiz los correos del abogado de González Amador. Entre estos mails, destacaba uno del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado comunicaba a la Fiscalía su "voluntad firme" de "alcanzar una conformidad penal" porque "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública". La fiscal jefe provincial de Madrid envió este correo a García Ortiz entre las 21:59 y las 22:01 del 13 de marzo de 2024. Menos de dos horas después, entrecomillados del mismo comenzaron a publicarse en prensa.

El magistrado apunta a que el propio fiscal general envió el correo a la cadena Ser "para que le diera publicidad". El mensaje “contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano que habían sido aportados (...) en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso", pero García Ortiz no dudó en filtrarlo “con la finalidad de ganar el relato".

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Antes de que el correo fuera difundido por los medios, el magistrado apunta además a que desde la Fiscalía enviaron copia del mismo a Pilar Sánchez Acera, mano derecha del entonces jefe de gabinete de Moncloa y actual ministro para la Transformación Digital, Óscar López. Ella se lo envió a su vez al secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y le dio instrucciones "para que lo exhibiese en su intervención en la sesión del día 14 de la Asamblea de la Comunidad de Madrid en contra de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso".

“La filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta, si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal (...), que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas, y, sin duda, tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado”, critica el magistrado.

Hurtado destaca también el hecho de que García Ortiz borrara todos sus mensajes de WhatsApp antes de que le incautaran el móvil: "Ha hecho desaparecer de sus dispositivos móviles cuanta información pudiera haber en ellos", explica. Pese a ello, considera que tanto los mensajes que hallaron en el móvil de Rodríguez como las declaraciones de investigados y testigos resultan suficientes para enviarle al banquillo por revelación de secretos.

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El magistrado descarta así los argumentos de los dos investigados, que se escudaban en que la información de los correos había sido difundida con anterioridad, y, por tanto, no podía considerarse como secreto lo que ya había sido divulgado. Según advierte Hurtado, “si se trata de secretos de un particular, su guarda depende de la exclusiva voluntad del afectado, y su intimidad se verá violada si un tercero los sustrae irregularmente y en contra de su voluntad y los difunde, con el consiguiente perjuicio".

Por más que González Amador hubiera dado autorización para hacer público el contenido de otro correo, el magistrado explica en su resolución que en ningún caso permitió la divulgación del mensaje del 2 de febrero. "La confidencialidad y reserva a que tenía derecho Alberto González Amador sobre el concreto contenido del correo de 2 de febrero de 2024 solo se vio quebrada cuando alguien ajeno a él y sin su autorización filtró su contenido", concluye.

​No está obligado a dimitir

El procesamiento de García Ortiz eleva a un nuevo nivel su enfrentamiento con parte de la carrera fiscal, que lleva meses pidiendo su dimisión. Miembros de la cúpula fiscal ya le dirigieron el pasado enero una carta en la que le exigían dar un paso atrás y denunciaban que está provocando "unos daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía", pero todo apunta a que el Gobierno le seguirá apoyando.

El juez ha dado este lunes traslado a la Fiscalía y las acusaciones personadas para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral y formulen escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento. Sin embargo, la apertura de juicio oral por sí sola ya tendría distintas consecuencias para los dos investigados: Rodríguez quedaría suspendida cautelarmente por orden del propio García Ortiz, mientras que él no se vería afectado por ese mismo reglamento.

La clave radica en dos artículos del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El primero de ellos establece que el fiscal general del Estado "quedará en situación de servicios especiales" tras su nombramiento, lo que implica que no se verá afectado por el resto de artículos que incluye esta ley. Entre ellos, el que aborda "la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal".

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Esta posibilidad en principio es potestad del fiscal general, quien podrá acordarla "con arreglo a los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad, previa audiencia del interesado y de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal". Sin embargo, el artículo añade que dicha suspensión deberá llevarse a cabo "en todo caso" cuando "se dicte auto de apertura de juicio oral o de prisión por delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas".

García Ortiz suspendería entonces a la otra procesada para cumplir el estatuto y, al mismo tiempo, él se mantendría en el cargo, lo que daría lugar a una nueva situación sin precedentes durante sus casi tres años de mandato.