El fiscal general, a un paso del procesamiento tras el rechazo de las últimas diligencias

El magistrado Ángel Luis Hurtado rechazó este jueves las últimas diligencias que le habían solicitado en el marco de la causa que instruye contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Tras seis meses de investigación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otros nueve en el Tribunal Supremo, la investigación ya está en su fase final y deja al fiscal general a un paso del procesamiento por revelación de secretos. Según ha avisado el magistrado, existen "elementos indiciarios suficientes para atribuirle la filtración" contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

El rechazo a seguir alargando la investigación y poner rumbo a juicio se plasmó este jueves, cuando el magistrado desestimó la petición de la también imputada fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, de incorporar a las pesquisas todos los correos que la defensa de González Amador se intercambió con Fiscalía y Abogacía del Estado. En la misma línea, descartó la solicitud de González Amador de analizar los metadatos de la nota de prensa que la Fiscalía emitió en plenas filtraciones.

Esta segunda resolución permite además entrever los indicios por los que enviaría a García Ortiz al banquillo. En un primer momento, la investigación que abrió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid abordaba también el mencionado comunicado de la Fiscalía, pero, según apuntó el magistrado este jueves, la nota "por sí sola (...) sería insuficiente para derivar eventuales responsabilidades penales", sino que exige ponerla en relación con los correos electrónicos que acabaron revelándose.

El magistrado, por tanto, centraría el procesamiento del fiscal general en la filtración de los correos electrónicos que la defensa de González Amador envió a la Fiscalía para tratar de cerrar un acuerdo en la causa que se sigue contra él por fraude fiscal. Entre ellos, el mail del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado del novio de Díaz Ayuso les comunicaba su "voluntad firme" de "alcanzar una conformidad penal" porque "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública".

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Según ha acreditado la investigación, la fiscal jefe provincial de Madrid envió este correo a García Ortiz entre las 21:59 y las 22:01 del 13 de marzo de 2024. Menos de dos horas después, entrecomillados del mismo comenzaron a publicarse en la prensa. El fiscal general del Estado ha negado en todo momento relación alguna con dichas filtraciones, pero el hecho de que él mismo borrara todos sus mensajes de Whatsapp nada más abrirse la causa ha impedido confirmar su versión. Tal y como ha advertido el Supremo durante los últimos meses, "es una evidencia" que García Ortiz "ha hecho desaparecer pruebas".

No estaría obligado a dimitir

El procesamiento de García Ortiz elevaría a un nuevo nivel su enfrentamiento con parte de la carrera fiscal, que lleva meses pidiendo su dimisión. Parte de la cúpula fiscal ya le dirigió el pasado enero una carta en la que le exigían dar un paso atrás y denunciaban que está provocando "unos daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía", pero todo apunta a que el Gobierno le seguirá apoyando incluso si acaba en el banquillo.

Si el magistrado procesa a García Ortiz y a Rodríguez y, posteriormente, abre juicio oral contra ellos, las consecuencias serían distintas para uno y otro: la fiscal quedaría suspendida cautelarmente por orden del propio García Ortiz, quien, sin embargo, no se vería afectado por ese mismo reglamento.

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La clave radica en dos artículos del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El primero de ellos establece que el fiscal general del Estado "quedará en situación de servicios especiales" tras su nombramiento, lo que implica que no se verá afectado por el resto de artículos que incluye esta ley. Entre ellos, el que aborda "la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal".

Esta posibilidad en principio es potestad del fiscal general, quien podrá acordarla "con arreglo a los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad, previa audiencia del interesado y de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal". Sin embargo, el artículo añade que dicha suspensión deberá llevarse a cabo "en todo caso" cuando "se dicte auto de apertura de juicio oral o de prisión por delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas".

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Al no ser aplicable este artículo a García Ortiz, coge fuerza la posibilidad de que, una vez dictada la apertura de juicio oral, él siguiera agarrándose al mismo argumentario que ya lanzó tras su imputación en octubre. "En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal general del Estado", anunció en aquella ocasión.

García Ortiz suspendería entonces a la otra procesada para cumplir el estatuto y, al mismo tiempo, él se mantendría en el cargo, lo que daría lugar a una nueva situación sin precedentes durante sus casi tres años de mandato.