El juez implica a Presidencia del Gobierno en la filtración de datos sensibles para Ayuso

El auto por el que el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado procesa al fiscal general del Estado no solo salpica a Álvaro García Ortiz, sino también a Presidencia del Gobierno. El relato de hechos que efectúa el magistrado atribuye a Moncloa una suerte de autoría intelectual de la difusión de información sobre el novio de la presidenta de Madrid. Desde el mismo arranque del escrito, Hurtado indica que el jefe del Ministerio Público actuó siguiendo instrucciones de Presidencia.

De forma textual, el juez Hurtado asegura que la difusión completa del intento de pacto del empresario Alberto González Amador a cambio de reconocer delitos fiscales se realizó "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno". Desarrolla su tesis precisando que desde la Fiscalía General del Estado, "y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el correo" con la solicitud de acuerdo, se envió copia de él a Pilar Sánchez Acera, mano derecha del actual ministro Óscar López.

El magistrado añade que una vez recibido "hizo uso de él, dando instrucciones a Juan Lobato, portavoz del grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, para que lo exhibiese en su intervención en la sesión del día 14 de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, en contra de la Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso". El objetivo, se deduce, era hacer daño político a la presidenta madrileña.

La tesis se desarrolla a raíz de la prueba practicada en la fase de instrucción. El magistrado tomó declaración a Juan Lobato y llamó también como testigo a Sánchez Acera. Aunque no dio el paso de imputarla, dejó muy claro que no se creía su testimonio, en el que no supo precisar de donde le llegó el correo electrónico con información de la pareja de Ayuso. Según aseguró, no lo recordaba y tampoco guarda ya los mensajes al respecto.

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Pese a ello, el magistrado cuenta con el análisis del móvil de Juan Lobato, el acta notarial que levantó el ex secretario general del PSOE de Madrid y su propia declaración. El juez considera que ha quedado acreditado que la Fiscalía General del Estado reenvió a Moncloa la comunicación en la que el abogado de la pareja de la presidenta madrileña ofrecía reconocer dos delitos fiscales para alcanzar un acuerdo de conformidad.

La eliminación de los mensajes del ordenador del fiscal general y de sus wasaps va además en contra de la defensa de Álvaro García Ortiz. Si, como defiende tanto el fiscal general como la Moncloa, los correos no se enviaron desde el Ministerio Público hasta Presidencia, no podrá demostrarlo, ya que han sido eliminados. Además, el borrado y el cambio de terminal extienden la sospecha de un intento de ocultación que tampoco favorece al jefe de la Fiscalía.

Sánchez Acera

Respecto a la figura Pilar Sánchez Acera, mano derecha del entonces director de Gabinete de Pedro Sánchez y actual ministro para la Transformación Digital, Óscar López, el magistrado ha dado por acreditada su intervención en este episodio al contar con varios mensajes de los que extrae sus conclusiones.

Hurtado se apoya en la reacción de Lobato en aquel momento y en su afirmación, verbalizada de forma directa por wasap, de que el famoso email procedía de la Fiscalía. "En una primera transmisión que recibe de él, plantea sus dudas de que se hubiera publicado en algún medio, hasta el punto que pide que se le confirme este extremo, pues, como diría en el wasap que envía a las 08:44:19: 'Porq si no parece q me la ha dado la fiscalía '(sic)".

Las dudas de Lobato fueron a más en otras conversaciones con terceros. Minutos después, aseguró en otro mensaje: "Y pilar quiere q yo saque el mail de fiscalía. Q no ha salido pero que lo saque yo. No puede ser (sic)". Lo que "Pilar" le dijo cuando preguntó de donde procedía, no aclaraba nada. "Ha llegado", se limitó a contestar de forma evasiva.