Recelos en el Supremo por el orden impuesto por Pumpido en el TC para debatir la amnistía

La ley de amnistía es como esas granadas de guerras pasadas que se quedan enterradas cuando aún tienen carga explosiva. Es una bomba dormida que, en cualquier momento, puede reactivarse. Y precisamente eso en lo que ha pasado en los últimos días a raíz del inicio de las deliberaciones sobre la que será la primera sentencia del Tribunal Constitucional en la que, a la vista de la ponencia, se avalará la norma casi por completo. El TC la dictará su fallo final en las próximas semanas en respuesta al recurso que presentó el Partido Popular. El presidente, Cándido Conde-Pumpido, decidió colocar este en primer lugar y abordar después aquellos presentados por las comunidades autónomas.

Más allá del contenido de la ponencia, que es contraria a la lectura que hizo en su día el Tribunal Supremo, hay otros detalles que no han sentado bien allí. Según aseguran distintas fuentes jurídicas, que el TC comience por el PP no es algo casual. El pasado julio, hace ahora casi un año, la Sala Penal del Tribunal Supremo acordó promover una cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley de Amnistía al considerar que vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley, así como los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad que la Constitución española proclama; y que, subsidiariamente, pudiera vulnerar el principio de exclusividad jurisdiccional.

Fuentes del TC explican que se aborda antes el de los populares porque es el primer recurso de inconstitucionalidad que se presentó. Además -dicen- es el más completo y permite considerarlo como cabecera, porque plantea casi todos los temas. Después pueden servir como doctrina, para aplicarla en los recursos de las comunidades autónomas y las resoluciones posteriores

En el Supremo no convence el argumento. En función de a quién le preguntes, las respuestas son distintas. La mayoría de las fuentes consultadas coinciden en que lo más natural hubiera sido responder a la cuestión en primer lugar y pasar después a abordar los recursos. Hay quienes se quejan de la subordinación automática que habrá en las sentencias posteriores respecto a la primera. Es lógico pensar que se hará referencia a argumentos ya desarrollados en la resolución que responde al PP y, con ello, se deslizará de forma sutil la idea de que todas las impugnaciones planteadas a la norma llevan el sello de los 'populares'.

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Beatriz Parera

También hay quien opina que lo lógico habría sido resolver primero los recursos de amparo, de los que dependen penas o medidas que son irreparables. De esta manera, aquellos que dependen de la valoración que realice el TC respecto a si la amnistía les es aplicable o no, conocerían antes en qué situación quedan. En ese caso se encuentran la mayoría de los condenados en el juicio del procés, entre ellos Oriol Junqueras, e incluso Carles Puigdemont que aún no ha agotado la vía de recurso en el TS y no ha llamado a la puerta del TC.

La tercera explicación que se da es la de la posible existencia de una voluntad de "demorar la respuesta" para mantener el apoyo político de ERC y Junts. Mientras el panorama completo no esté despejado, el Gobierno mantiene el botón nuclear, y una vía de presión a la hora de negociar con unos y otros. Para el caso del expresident, los más optimistas colocan la respuesta el próximo otoño. La discusión en ese caso será sobre el delito de malversación, cuestión del todo independiente a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la amnistía.

El TJUE

Por último, muchos apelan a la vía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el caso del que el Constitucional hubiera respondido primero al Supremo, este hubiera tenido la puerta abierta para acudir al órgano con sede en Luxemburgo, dejando así paralizada de nuevo la resolución final y también, el posible beneficio para los destinatarios con mayor peso político.

El orden del día del Pleno convocado a partir del próximo martes indica que la ponencia -que ha redactado la magistrada progresista Inmaculada Montalbán- se llevará como "asunto para estudio inicial". Al tratarse del recurso interpuesto por más de cincuenta diputados y senadores del PP. Es previsible que también se despeje esta semana la petición realizada por el PP, que reclamó hace solo unos días la paralización del debate hasta que el TJUE resuelva las cuatro cuestiones prejudiciales de los tribunales españoles que tiene encima de la mesa. Habrá portazo.

Tras esta primera toma de contacto, se espera que el fallo se dicte a partir del 24 de junio. En el plazo entre ambas fechas, los magistrados estudiarán la ponencia para realizar observaciones. Un magistrado, Enrique Arnaldo, ha reclamado que el debate no se realice de forma apresurada en solo dos plenos y que pueda ampliarse al mes de julio para llevar a cabo una "ponderación suficientemente detenida".