Las CCAA del PP presionarán en bloque a Sánchez para retirar las leyes judiciales de Bolaños

Las expectativas de llegar a algún acuerdo en la Conferencia de Presidentes, que arranca este viernes en Barcelona, son mínimas. La tensión ha escalado a su punto más alto por el escándalo del caso Leire y en el PP se ve prácticamente imposible alcanzar consensos con el Gobierno en lo que resta de legislatura. Con todo, los 11 líderes autonómicos del PP llevarán a la cumbre ocho propuestas, una por cada punto que forzaron introducir en el orden del día, y que enviaron por carta este jueves al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Una de las cuestiones más relevantes es el frente común que preparan los barones populares contra las nuevas reformas de la Justicia promovidas por el ministro Félix Bolaños, que han puesto en pie de guerra a las asociaciones de jueces y fiscales. Exigirán de forma coral al presidente del Gobierno la retirada del proyecto de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal, así como "desistir" en la aprobación del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Como adelantó El Confidencial, el Ejecutivo pretende con esta última iniciativa dejar las investigaciones en manos de la Fiscalía bajo la supervisión de un juez de garantías, de tal modo que los servicios de la policía judicial, como es el caso de la UCO, pasarían a depender de los fiscales en lugar de cumplir las órdenes de los actuales jueces de instrucción. El Gobierno defiende que se garantizará "la independencia" gracias a la reforma que afecta al Estatuto fiscal, que a su vez ha provocado un enfado mayúsculo en la judicatura y parte de la Fiscalía, anunciando incluso paros para el mes de junio.

El frente común del PP también alcanzará a la ley de eficiencia de la Justicia promovida por Bolaños, una norma que la Comunidad de Madrid ya ha puesto en manos de los tribunales y que el Supremo ha admitido a trámite. Las regiones de los conservadores se quejan de que el Ejecutivo ha ignorado los requerimientos sobre los costes de la ejecución de la ley, que Ayuso cifra en su caso en 44 millones de euros en el primer año, sin que exista compensación por parte del Estado.

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Las competencias en Justicia se encuentran delegadas en 11 comunidades autónomas, seis de ellas —Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y La Rioja— gobernadas por los populares. La normativa, defienden los barones del PP en el escrito remitido a Moncloa, "acomete una profunda transformación de la organización de la Justicia en España, con la eliminación de los Juzgados y la constitución de Tribunales de instancia integrados por diferentes secciones" o la "implantación de nuevas Oficinas de Justicia en el municipio", lo que supone "un importantísimo impacto económico y presupuestario" en las regiones que necesita de "transferencias corrientes".

Los presidentes del PP arroparán de este modo en la Conferencia de Presidentes el clamor de la carrera judicial y fiscal contra las últimas propuestas normativas planteadas por Félix Bolaños. Advertirán al presidente del Gobierno que, si no rectifica, los paros puntuales ya anunciados podrían escalar hasta una huelga, y reclamarán la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Justicia con un orden del día "redactado por los consejeros competentes en materia de Justicia" de las regiones gobernadas por el PP. La última vez que se reunió este órgano, los dirigentes conservadores plantaron en bloque al Gobierno al entender que Bolaños sólo buscaba una foto y la norma no abordaba en ningún caso la financiación de los territorios.

Vivienda, financiación y nucleares

Uno de los puntos candentes de la Conferencia de Presidentes será la vivienda. Para Sánchez es una prioridad, pero se encontrará con la puerta cerrada de los barones del PP. Antes de llegar a ningún acuerdo en esta materia —el presidente del Gobierno propone elevar la inversión pública—, los conservadores exigen derogar la ley estatal de 2023, eliminar el decreto antidesahucios y medidas contra la okupación, por lo que el choque está servido.

sabel Díaz Ayuso envió este jueves una carta a Sánchez descolgándose de su propuesta, tachándola de "injerencia inaceptable". Pese a acudir a la cumbre, y a diferencia de sus compañeros autonómicos, la dirigente amenazó este jueves con boicotear la cumbre y advirtió que abandonaría la reunión si en el foro se utilizaban otras lenguas que no fuera el castellano.

El documento completo de propuestas —remitida por el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, y que recoge el conjunto de propuestas pactadas por los territorios con Génova— incluye también la exigencia a Hacienda de presentar "una propuesta de modelo de financiación autonómica" y un rechazo a la quita de la deuda propuesta por María Jesús Montero. En esa materia destaca también la actualización de las entregas a cuenta en un decreto monográfico que contaría con el aval del PP en el Congreso. Este podría ser, precisamente, uno de los pocos consensos que salgan de una Conferencia de Presidentes donde previsiblemente impere la bronca.

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Los barones recogen también la recomendación de alargar la vida de las nucleares para evitar desequilibrios como los que provocaron el apagón del 28 de abril o la inversión en técnicas que hagan posible el almacenaje de la energía generada por medio de las renovables. E incluyen cuestiones como una mayor inversión en infraestructuras ferroviarias y mejorar la coordinación entre Renfe y las comunidades autónomas. Sobre servicios públicos, insisten en la ampliación de las plazas MIR y exigen el cumplimiento de la ley de dependencia para que la Administración central financie el 50% del coste de los servicios.

Solo 10 minutos para hablar

Otro punto clave para el PP es revisar el formato de los foros multilaterales. "Es imprescindible que se garantice un espacio real para el debate y la toma compartida de decisiones", reza la misiva, que critica que la Conferencia de Presidentes sea "un mero foro de comparecencias unilaterales". El objetivo de los presidentes del PP es que las reuniones como la que se celebrarán este viernes en Barcelona sea el lugar donde los líderes territoriales "tengan mayor capacidad de debate para aportar soluciones" y que sea "un órgano útil de gobernanza y cooperación multilateral".

En las semanas previas a este encuentro los populares habían empujado a favor de cambiar el reglamento para que las comunidades tengan más margen de maniobra, aunque la propuesta quedó desatendida. La queja en las regiones es que los barones sólo tienen 10 minutos para exponer su posición, lo que impide el desarrollo real de acuerdos y avances en los temas que se abordan.