Belarra no es inviolable: el TS concluye que no ejercía como diputada al insultar al juez Castellón
Determina que actuó como ciudadana particular cuando llamó en su cuenta personal de X al magistrado de la Audiencia Nacional ya jubilado "corrupto" y prevaricador
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Dos tuits insultantes contra el juez Manuel García Castellón. Una demanda por intromisión en el derecho al honor que puede costarle 240.000 euros. El Tribunal Supremo acaba de concluir que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra no ejercía como diputada sino como ciudadana particular cuando llamó en su cuenta personal de X al magistrado de la Audiencia Nacional ya jubilado "corrupto" y prevaricador.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado un auto que declara que no es competente para conocer de la demanda de protección del derecho al honor presentada por Castellón. La demanda había sido interpuesta ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo con base en el apartado 2.º del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que le atribuye la competencia para conocer las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo dirigidas contra, entre otros, diputados y senadores.
Sin embargo, el Tribunal Supremo, con base en su propia jurisprudencia y en la del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, considera que la demanda tiene por objeto unas manifestaciones de Belarra "que contienen opiniones" que tienen relación con la actividad de la demandada como dirigente política y diputada, pero que no han sido realizadas propiamente en el ejercicio de su cargo de diputada, "dado el contenido, medio a través del que se han realizado, contexto y momento en que se produjeron".
Las manifestaciones contienen descalificaciones al juez demandante publicadas en el momento de su jubilación y fueron realizadas en la cuenta de la que la demandada es titular en una red social y no son una reproducción de un acto parlamentario ni concurre una conexión prolongada por literalidad o en estrecha o acreditada conexión con un acto parlamentario, deducen.
Belarra defendía que es inviolable y ha vuelto a cargar contra el juez Castellón en otras ocasiones. Desde el Congreso, esta vez sí, acusó al magistrado retirado de utilizar la demanda para emprender de nuevo una "guerra judicial" contra su partido. "Es una continuación de la persecución de la guerra sucia judicial a la que este juez ya jubilado ha sometido a su formación y a otras a lo largo de su ejercicio profesional", espetó.
La de Podemos ha esgrimido el Estatuto del Diputado, en el que se precisa que la inviolabilidad alcanza a "después de haber cesado en su mandato", por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. El artículo no se refiere, sin embargo, a que queden protegidos por lo que digan después de dejar el escaño, sino a que no se les puede juzgar por sus opiniones lanzadas cuando lo conservaban, aprovechando que dejen de ostentarlo.
Para Belarra, no obstante, el que tendría que acabar en el banquillo es el juez y ella se limitó a "decir la verdad". Insistió en sus insultos y ataques y dijo que a Castellón le trajo de vuelta el PP para afrontar los "muchísimos" casos de corrupción que en aquella fase rodeaban al partido. "Hemos dicho básicamente la verdad", dijo en plural, como si no hubiera sido solo ella. "Protegió a la monarquía corrupta, ha perseguido al independentismo y ha perseguido a Podemos intentando darle la vuelta al caso Dina, intentando fijar como acusado a Pablo Iglesias", repitió.
La inviolabilidad está recogida en el artículo 71.1 de la Constitución, que dice que los diputados y senadores gozan de ella y no pueden ser juzgados "por opiniones vertidas en el ejercicio de sus funciones". En sí X es un escaparate o un altavoz para desplegar este ejercicio está la discusión. Para la Fiscalía, no lo es y considera que "las declaraciones realizadas por un parlamentario en redes sociales desde su propio perfil, especialmente si son ofensivas o atentan contra el honor de terceros, no están protegidas por las prerrogativas de inviolabilidad".
Dos tuits insultantes contra el juez Manuel García Castellón. Una demanda por intromisión en el derecho al honor que puede costarle 240.000 euros. El Tribunal Supremo acaba de concluir que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra no ejercía como diputada sino como ciudadana particular cuando llamó en su cuenta personal de X al magistrado de la Audiencia Nacional ya jubilado "corrupto" y prevaricador.