El PSOE coló en el Congreso archivos fabricados por sus cloacas para atacar a jueces y fiscales

El PSOE forzó la comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado noviembre de un excomisario de la Policía Nacional procesado por corrupción en la Audiencia Nacional, Marcelino Martín-Blas, para poner en circulación informes fabricados por sus cloacas. Los documentos buscaban desacreditar a fiscales, policías, grupos de comunicación, dirigentes del Partido Popular y varios jueces, entre ellos, Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez.

Los metadatos de los archivos que entregó el antiguo comisario en la Cámara Baja, a los que ha tenido acceso El Confidencial, demuestran que fueron creados por Javier Pérez Dolset, uno de los miembros del aparato de propaganda de Ferraz que lideraba Santos Cerdán y del que también formaba parte Leire Díez, la antigua directiva de las empresas públicas Enusa y Correos que buscaba información para destruir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El episodio conocido ahora ilustra cómo funcionaba la maquinaria de desinformación del PSOE. La maniobra arrancó en marzo de 2024, cuando el Grupo Parlamentario Socialista propuso que Martín-Blas compareciera en la Comisión de Investigación de la llamada Operación Cataluña, una de las cuatro que pactó el PSOE con Junts per Catalunya para lograr que los 7 diputados de Carles Puigdemont votaran a favor de investir a Pedro Sánchez.

El pasado septiembre, el PSOE, Sumar y el resto de partidos que sostienen al Gobierno aprobaron la lista definitiva de comparecientes en la Comisión. Decidieron que Martín-Blas, comisario de la Unidad Asuntos Internos de la Policía Nacional entre 2012 y 2014 e implicado en la operación Kitchen para eliminar pruebas de la corrupción del PP, comparecería en tercer lugar, y lo citaron el 19 de noviembre.

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La sesión apenas trascendió por el estallido de nuevos hitos del caso Ábalos/Koldo, pero encierra claves de máxima actualidad. El independentismo catalán utilizó el paso de Martín-Blas por la Cámara Baja para insistir en que había sido víctima de la llamada "policía patriótica" de Mariano Rajoy y trasladar la apariencia de que los casos de corrupción Palau, Pujol y 3%, entre otros, respondían a motivaciones puramente políticas.

El PSOE persiguió otro objetivo. Las imágenes grabadas por las cámaras del Congreso demuestran que el portavoz del grupo socialista en la Comisión, Manuel Arribas, no sólo se interesó por las prácticas del Ministerio del Interior de Rajoy. En un momento de su interrogatorio, simulando que no estaba preparado, el diputado del PSOE preguntó al antiguo comisario por una denuncia presentada por el exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos.

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Martín-Blas no había participado en ese procedimiento y la causa no guardaba ninguna relación con la operación Cataluña, pero Villalobos había conseguido que el Tribunal Constitucional declarara que había sido encarcelado ilegalmente por el magistrado que instruía sus diligencias. Casualmente, ese juez se llamaba Juan Carlos Peinado, responsable de la investigación sobre los negocios privados de la mujer de Sánchez. Arribas pidió a Martín-Blas que contara todo lo que sabía sobre esas diligencias.

El representante del PSOE también preguntó al comisario por el fiscal del caso Villalobos. Resultó ser José Grinda, uno de los objetivos prioritarios de las cloacas del PSOE y responsable de las investigaciones sobre las tramas corruptas de Convergencia i Unió, antecesora natural de Junts per Catalunya.

Al terminar su comparecencia, Martín-Blas entregó a los diputados un pendrive. En su interior estaba el recurso de amparo que presentó Villalobos contra Peinado; decenas de documentos presuntamente comprometedores de los exministros del PP José Manuel Soria, Rafael Catalá y Jorge Fernández Díaz; acusaciones contra funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional; grabaciones al consejero de Atresmedia Mauricio Casals; y audios sobre los jueces Fernando Andreu y Manuel Marchena y el ya exmagistrado Manuel García-Castellón, entre otras personas.

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Los metadatos o propiedades de los documentos y grabaciones demuestran que todo ese material fue elaborado o procesado por “Javier Pérez”, es decir, Javier Pérez Dolset, el empresario que acompañó a Leire Díez Castro en la reunión con el industrial Alejandro Hamlyn para tratar de obtener información contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO y responsable de todas las investigaciones que afectan al Gobierno.

Por si quedaban dudas, el propio Pérez Dolset ha reconocido en las últimas horas que se reunió con Santos Cerdán en Ferraz, en presencia de Leire Díez, para entregarle al PSOE información de interés para el Gobierno. El empresario evitó este miércoles que Víctor de Aldama se acercara a la fontanera del PSOE en la rueda de prensa que esta ofreció en un hotel de Madrid tras pedir la baja voluntaria del partido.

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En los días siguientes a la comparecencia de Martín-Blas en la Comisión de Investigación de la Operación Cataluña, algunos de los documentos elaborados por Pérez Dolset que depositó en la Cámara Baja fueron difundidos por medios de comunicación próximos a Moncloa. Además, el PSOE aprovechó que está personado como acusación popular en una causa sobre el supuesto espionaje ilegal del PP a Podemos que se dirime en la Audiencia Nacional para pedir que el comisario fuera citado a declarar como testigo.

Martín-Blas compareció este mismo miércoles en la Audiencia. Su declaración no sirvió para mucho porque reconoció que no tenía datos sobre la presunta operación contra el partido de Pablo Iglesias, pero el paso del comisario por el juzgado también encontró eco en algunos medios y permite al Gobierno y sus socios seguir alimentando el relato de que son víctimas de una conspiración.