Anticorrupción rastrea ya si algún juzgado investiga a la fontanera del PSOE
Si alguna de las denuncias de colectivos de la Guardia Civil ha dado pie a la apertura de diligencias, el departamento no podrá investigar por su parte al encontrarse el caso ya judicializado
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La denuncia del Partido Popular ante la Fiscalía Anticorrupción contra la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset, ha provocado ya los primeros movimientos en el Ministerio Público. Según precisan fuentes jurídicas, el departamento trata de determinar si los comentarios que efectuaron en la reunión con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado por la Audiencia Nacional, para conseguir información comprometedora contra la cúpula de la Unidad Central Operativa (UCO) han generado ya la apertura de diligencias en algún Juzgado.
A lo largo de los últimos días y desde que El Confidencial publicara el contenido del encuentro han sido muchas las asociaciones de guardia civiles y policías que han presentado sus propias denuncias pero, en su caso, en los juzgados por delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Es el caso de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC). Lo mismo han hecho Vox, Hazte Oír y Iustitia Europea.
Como precisan las fuentes consultadas en el caso de que alguna de estas acciones ya haya dado pie a la apertura de diligencias, Anticorrupción no podrá investigar por su parte al encontrarse el caso ya judicializado. Lo más probable es que, una vez la investigación quede centralizada, el departamento se dirija al Juzgado al que haya correspondido para remitirle la denuncia del PP. Quedará aún pendiente determinar quién asume la acusación fiscal.
La Fiscalía que dirige Alejandro Luzón tuvo ya hace meses conocimiento de una parte de las actividades de la trama y presentó su propia denuncia. Sucedió después de que el fiscal José Grinda comunicara a su jefe de un periodista le ofreció que una autoridad le consiguiera un traslado fuera de España si le daba informaciones negativas sobre él y "ayudaba" para el cierre de distintos procedimientos. Luzón remitió una denuncia a la Fiscalía General y de allí se envió a la de Madrid que abrió unas diligencias preprocesales. Acabaron archivadas ante las dificultades para localizar al informador, aseguran las fuentes consultadas. Esto anticipa sin duda que considera que lo sucedido debe investigarse.
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El partido de Alberto Núñez-Feijóo respondió este martes con una denuncia a lo que considera uno de los escándalos "más graves" de todos los que han salpicado hasta ahora a Moncloa y Ferraz. Fuentes del PP explican que la denuncia contra los tres implicados se interpone por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la Justicia y pertenencia a grupo u organización criminal.
Más cerca del PSOE que nunca
En un comunicado, Génova explicó que las informaciones publicadas por este medio son de "extrema gravedad" y, en su opinión, evidencian "la guerra sucia del PSOE y sus satélites" contra magistrados, fiscales y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con el objetivo de "obstruir la actuación de la Justicia" en las múltiples causas judiciales que afectan a miembros o exmiembros del Gobierno o del PSOE.
Pese a los intentos del Ejecutivo y el PSOE para desvincularse de la operación y de minimizar su relación con Leire Díez las últimas horas han desactivado gran parte del relato de Moncloa. Díez se dio de baja del partido después de reunirse con Santos Cerdán a quien, según reconoció ella misma, entregó numerosa documentación recabada en estos meses en los que ha tratado de reunir junto al empresario Pérez Dolset información sensible para desactivar las causas que rodean al Ejecutivo. Además, tanto ella como Dolset han precisado que se reunieron en varias ocasiones y junto a otras personas con Cerdán para avanzarle el resultado de sus pesquisas.
La denuncia del Partido Popular ante la Fiscalía Anticorrupción contra la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset, ha provocado ya los primeros movimientos en el Ministerio Público. Según precisan fuentes jurídicas, el departamento trata de determinar si los comentarios que efectuaron en la reunión con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado por la Audiencia Nacional, para conseguir información comprometedora contra la cúpula de la Unidad Central Operativa (UCO) han generado ya la apertura de diligencias en algún Juzgado.