Red.es adjudicó los contratos de las cartas de Begoña Gómez con el mismo criterio que cuestiona Hacienda
El organismo sostenía que el 60% de su valoración dependía del precio ofertado por cada empresa, pero los criterios subjetivos en realidad tenían más peso en estas adjudicaciones
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Un informe de Hacienda remitido al juez del caso Begoña Gómez cuestiona el modo en el que Red.es, entidad que estaba adscrita al Ministerio de Economía, le adjudicó en 2021 un contrato de más de dos millones a una empresa de Juan Carlos Barrabés. Este es el empresario al que la esposa de Pedro Sánchez había apoyado previamente con dos cartas de recomendación para que se hiciera con otros dos contratos millonarios de Red.es que investiga la Fiscalía Europea. Según la documentación de los pliegos, en aquellas otras dos ocasiones la entidad que dependía del Gobierno usó el mismo método que ahora critica Hacienda.
Los reparos que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) traslada al juez Juan Carlos Peinado tienen que ver con el peso que Red.es otorgó a los criterios "automáticos" frente a los subjetivos a la hora de adjudicar a la empresa de Barrabés un contrato público relacionado con el apoyo y asesoramiento a Pymes. El primer bloque solo tenía en cuenta el precio y supuestamente representaba un 60%: el aspirante que presentase la oferta más baja, obtenía mejor nota. El 40% restante supuestamente se basaba en “un juicio de valor” que tenía en cuenta otras cuestiones como las medidas de coordinación, el plan de difusión y el catálogo de servicios.
El problema radica en que Red.es usaba una fórmula matemática que no respetaba esos porcentajes. Según advierte la IGAE, el sistema empleado en realidad no otorgaba un 60% de la valoración final en función del precio, sino "aproximadamente un 42,86%". De esta manera, los criterios subjetivos tenían más peso, por lo que, según establece la ley establece, deberían haber sido evaluados por un comíté de expertos. En lugar de eso, la adjudicación a la empresa de Barrabés (Expediente 044/20-ED) la hizo la mesa de contratación de Red.es, basándose para ello en el informe firmado por el director de Economía Digital de este organismo público.
La IGAE hace estas puntualizaciones en respuesta a la petición que le hizo el juez de Madrid hace ahora un año. El magistrado solicitaba información "sobre las posibles irregularidades” en contratos a los que accedió Innova Next. Esta es la empresa de Juan Carlos Barrabés, quien se encuentra imputado en la causa junto a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el procedimiento se investigan varios delitos como el de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida (por el software) o malversación de fondos (por el uso de una asistenta de Moncloa para colaborar en los negocios privados de Begoña Gómez).
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Barrabés es una de las personas que colaboró con Begoña Gómez para impulsar una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. El juez sospecha que ese proyecto formativo en la institución pública tuvo lugar porque lo impulsaba la mujer del presidente. Barrabés llegó a reunirse con ella en Moncloa, según le dijo él mismo al juez. El Confidencial sacó a la luz otras evidencias de ese vínculo: la esposa de Sánchez firmó las mencionadas dos cartas de apoyo a una UTE en la que estaba la sociedad del empresario para que se hiciera con las otras dos adjudicaciones millonarias que dependían de Red.es.
Por un lado, Barrabés logró en julio de 2021 dos lotes (números 1 y 3) de un contrato licitado por Red.es para prestar un "servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital" (Exp: 014/20-ED). Días más tarde, en agosto, la UTE del consultor ganó otro lote (número 1) de un segundo concurso, tramitado igualmente por Red.es, para un "servicio de formación para personas desempleadas en la economía digital" (Exp: 016/20-ED).
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La UTE de Barrabés se adjudicó un total de 10,2 millones en esos tres lotes, que consiguió de la mano de sus socios de la escuela The Valley. Todo ello a pesar de que estas compañías formularon ofertas sustancialmente más caras que las de sus rivales, lo que provocó que su puntuación en el apartado objetivo fuera mediocre. Sin embargo, la empresa cosechó tanta ventaja en la sección subjetiva que en el cómputo total acabó en primera posición.
Como estas dos adjudicaciones contaban con financiación de la UE, la Fiscalía Europea asumió esta parte de la investigación. Apenas ha trascendido información sobre las pesquisas que siguen esos investigadores con competencias comunitarias, pero en los pliegos de las adjudicaciones consultadas por El Confidencial se acredita que la fórmula que usó Red.es para esos dos contratos es la misma que la que empleó para el que ahora cuestiona Hacienda.
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"Dicha fórmula hace que la ponderación real del criterio precio sea inferior al 50%, lo que, teniendo en cuenta que el criterio precio es en este caso el único criterio evaluable de forma automática, implica que la ponderación real de los criterios evaluables de forma automática sea inferior a la ponderación real que corresponde a los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, siendo por tanto la ponderación real de estos últimos superior a la ponderación real de aquellos", advierte el informe de IGAE.
La documentación remitida al juez Peinado sobre el contrato de Red.es para asesorar a pymes tenía un presupuesto base de licitación de 4.053.500 millones, IVA incluido. Se presentaron un total de diez aspirantes. La UTE formada por Innova Next y KPMG ofertó un precio de 2,1 millones. “No fue el más bajo de todos”, advierte el informe de Hacienda. En concreto, quedó como la segunda mejor en función de los criterios "automáticos", pero luego resultó beneficiada gracias a la valoración en los criterios subjetivos cuyo peso y decisión cuestiona Hacienda.
Un informe de Hacienda remitido al juez del caso Begoña Gómez cuestiona el modo en el que Red.es, entidad que estaba adscrita al Ministerio de Economía, le adjudicó en 2021 un contrato de más de dos millones a una empresa de Juan Carlos Barrabés. Este es el empresario al que la esposa de Pedro Sánchez había apoyado previamente con dos cartas de recomendación para que se hiciera con otros dos contratos millonarios de Red.es que investiga la Fiscalía Europea. Según la documentación de los pliegos, en aquellas otras dos ocasiones la entidad que dependía del Gobierno usó el mismo método que ahora critica Hacienda.