La 'fontanera de Ferraz' estuvo al frente del voto por correo en las últimas elecciones generales

Una "militante de base", "la pequeña Nicolasa" o "periodista de investigación" son algunos de los calificativos con los que el Gobierno de Pedro Sánchez trata de desvincularse de Leire Díez, la 'fontanera de Ferraz' que ofrece pactos con la Fiscalía o ascensos en la Guardia Civil a cambio de información sucia de quienes investigan al Ejecutivo socialista. Esta "militante" no solo ha sido pillada entrando y saliendo de la sede socialista, también ha ocupado puestos de la máxima confianza del gran amigo de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, en su etapa como presidente de Correos. Díez no fue exclusivamente la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de esta empresa pública, también estuvo al frente durante casi un año de la dirección de Productos y Servicios. En este cargo tuvo un importante papel a la hora de gestionar el voto por correo en las últimas elecciones generales, aquellas que permitieron a Sánchez continuar en la Moncloa.

Las funciones de la colaboradora de Santos Cerdán iban mucho más allá de la presentación de nuevos sellos, y entre sus competencias se encontraba la dirección de la red de oficinas de Correos de toda España. Bajo su tutela se encontraban "más de 2.500 oficinas y la responsabilidad de más de 9.400 personas". De ello se jactaba en una de sus redes sociales donde además presumía de su gestión al frente del voto por correo en las pasadas elecciones generales, el 23 de julio de 2023. Una gestión que fue muy criticada entonces por los sindicatos CCOO y UGT.

"Como directora de Filatelia he intentado que se visualice (sic) para que todo el mundo pueda admirar una de las expresiones más bonitas de la cultura... Y durante casi un año lo he compatibilizado con la dirección de Productos y Servicios, esto es la dirección de toda la red de oficinas de Correos de España. Más de 2.500 oficinas y la responsabilidad de más de 9.400 personas. ¿Os acordáis del voto por correo de las pasadas elecciones generales? Pues ahí estuvimos mano a mano todo este equipazo junto a la inestimable ayuda del resto de compañeros y compañeras de sede central", manifestaba Leire Díez.

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Bajo el mando de Díez funcionaron las oficinas de correos en la gestión de la documentación del voto por correo, una actuación en la que también juegan un importante papel otros sectores del organigrama de Correos como la dirección de Operaciones, que se encarga de diseñar la estrategia, tal y como afirman fuentes próximas a la compañía. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), más de la mitad de los votos emitidos por correo en las elecciones generales del 23 de julio fueron a parar a fuerzas de izquierda. De entre los entrevistados que ya habían emitido su voto por correo en el momento de realizar la encuesta, un 30,9% se lo había dado al PSOE, un 26,3% al PP y un 20,6% a Sumar. Antes de Leire Díez, ostentó el cargo de director de Productos y Servicios de la empresa pública Manuel Zapatero. El nombramiento de este último tampoco estuvo exento de polémica y suscitó preguntas en el Congreso de los Diputados por parte del Partido Popular, ya que fue "despedido por no cubrir las expectativas que generó su contratación" en una etapa anterior.

Fuentes no oficiales de la empresa pública señalan a este periódico que el cargo de Díez implicaba la gestión del "área de oficinas" y de "todas las líneas de negocio: productos nuevos, servicios que se retiran, servicios que se incorporan, etc.". En el voto por correo participan "todas las áreas" de la empresa, pero la dirección de Productos y Servicios tiene una importante misión: controlar las admisiones en oficina de las peticiones de voto de los ciudadanos y su tramitación con la Junta Electoral Central así como la custodia y almacenaje de las papeletas. Fuentes oficiales de Correos niegan que Leire Díez haya sido la responsable del voto por correo, argumentando, precisamente, que "todas estas tareas y funciones son desempeñadas en el ámbito de la Dirección de Operaciones que es a quien corresponde coordinar todos los efectivos y la gestión necesaria". Sin embargo, Correos omite en su comunicado que Díez ascendió a directora de Productos y Servicios en mayo de 2023, y, por tanto, tuvo bajo su mando la red de oficinas de esta empresa pública, por lo que participó y tuvo un rol importante en la campaña del voto por correo (como ella misma reconoció entonces).

Una responsabilidad de enorme envergadura para alguien a quien el Gobierno pretende calificar ahora de militante rasa y a la que el Partido Socialista no ha sancionado ni suspendido de militancia pese a las pruebas que la sitúan ofreciendo favores a investigados por la justicia a cambio de información contra nombres clave de la Unidad Central Operativa (UCO). La relación de Leire Díez y Juanma Serrano viene de lejos, y su fichaje vino avalado por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y por la diputada socialista Isaura Leal (esposa de Serrano).

Como adelantó este periódico, Díez mantuvo un encuentro telemático con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado en una trama de hidrocarburos, para pedirle información contra el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, que lleva los casos de la mujer de Pedro Sánchez, del hermanísimo, el caso Koldo-Ábalos y el del fiscal general del Estado. El empresario Javier Pérez Dolset, presente en dicho encuentro, manifestó en una conversación del pasado septiembre publicada por este periódico que Díez trabajaba en una operación para desacreditar a magistrados, periodistas y fiscales siguiendo órdenes de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y por voluntad del propio Pedro Sánchez.

El caos del voto por correo en las elecciones generales

La convocatoria de elecciones por parte de Sánchez el 23 de julio, en pleno verano, supuso un reto para Correos, que según las organizaciones sindicales no estuvo a la altura del momento. A falta de 48 horas para que se cerrara el plazo para poder votar por correo, los sindicatos denunciaron que quedaban por ejercer su derecho 722.000 personas. Fuentes sindicales indicaron que había 375.000 electores que tras ser avisados en su domicilio no habían recogido la documentación para votar en las oficinas correspondientes; 47.000 electores no la habían recibido; y 300.000 personas en posesión de la misma no habían acudido todavía a las oficinas a votar.

El consenso era total entre las fuerzas sindicales: la documentación se entregó "pese a la nefasta gestión del presidente de Correos, Juan Manuel Serrano". Entre los problemas que se produjeron bajo su gestión y la de Díez se encontraron la "falta de previsión en la implementación de las medidas, así como la incapacidad para anticiparse y la falta de información institucional". Explicaron que no había informado de manera apropiada a la ciudadanía sobre el procedimiento para votar por correo, y que la empresa pública había provocado un "sobreesfuerzo laboral" en la plantilla que se "podía haber evitado si se hubieran abordado las medidas de refuerzo con suficiente antelación".

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Los sindicatos también criticaron a Serrano y su equipo por dilatar "premeditadamente" una reunión conjunta para "buscar soluciones al problema que se avecinaba". El encuentro tuvo lugar a solo dos días de la finalización del plazo de emisión del voto por correo. Una reunión donde CCOO y UGT denunciaron que Correos había "vuelto a ocultar los datos... algo inentendible en términos de transparencia". En un durísimo comunicado, acusaron a Serrano y su equipo, en el que se encontraba Díez, de desmantelar la empresa pública: "El desmantelamiento de Correos auspiciado por su presidente Sr Serrano con el aval de un silencio inexplicable del gobierno no auguraban una campaña electoral exenta de dificultades como así ha sido, pero al final, una vez más, gracias a los trabajadores y trabajadoras de Correos el servicio postal público cumplirá con sus compromisos electorales".

No solo los sindicatos han criticado la gestión de Serrano y Díez en Correos. Incluso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 'suspende' la actividad de la compañía en 2023, destacando que incumplió 8 de los 14 objetivos que miden la calidad del servicio; se registraron un 326% más de quejas de las previstas y el tiempo de espera en oficina fue un 11% superior al esperado.