La UCO dependerá en exclusiva de la Fiscalía tras la nueva reforma legal que planea Bolaños

"Te voy a ofrecer una cosa ¿Vale?. Yo te puedo sentar con la Fiscalía". La frase pertenece a la fontanera del PSOE, Leire Díez. La empleó para convencer al empresario Alejandro Hamlyn e intentar que recabara información comprometida sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Además de evidenciar un nivel de influencia que supera al de una militante socialista rasa, esas palabras también demuestran la intención de forzar un uso espurio del Ministerio Público para intereses particulares y un deseo de control. Mientras todo esto sucede, Justicia ultima una reforma legislativa de gran calado que, en resumen, dejará la instrucción en manos de los fiscales. Los servicios de policía judicial, como la propia UCO, pasarán así a depender de estos en lugar de cumplir las órdenes de los actuales jueces de instrucción.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es uno de los estandartes legislativos del ministro Félix Bolaños que, en las últimas semanas, ha ido dando pasos para avanzar hacia su aprobación que, según ha expuesto, el Gobierno prevé iniciar este próximo verano. El modelo supone dejar las investigaciones a cargo de la Fiscalía bajo la supervisión de un juez de garantías. Se ha acompañado de una segunda reforma que afecta al Estatuto fiscal con la que el Ejecutivo defiende -para enfado de la mayoría de la carrera judicial y fiscal- que se garantizará "la independencia". Las principales asociaciones están tan molestas que han anunciado paros para el mes de junio.

El modelo de la Fiscalía no cambiará en lo sustancial. Es decir. El fiscal general del Estado seguirá siendo nombrado por el Gobierno, aunque su mandato se alargará a los cinco años para desvincularlo de las legislaturas de cuatro años. Seguirá existiendo, además, la dependencia jerárquica, diseñada para garantizar la unidad de actuación en todo el territorio nacional, y que obliga al cumplimiento de las órdenes del jefe del Ministerio Público.

Como directores de la instrucción, los fiscales se encargarán de dar órdenes a las policías judiciales, ya sea a la UCO, a la UDEF o cualquier otra unidad de auxilio judicial y conducir así la marcha de las investigaciones. La figura del juez se destinará a garantizar el cumplimiento de los derechos de los investigados y se requerirá su intervención para aquellas medidas que supongan una restricción de estos, como las intervenciones telefónicas, registros domiciliarios o ingresos en prisión. Los jueces se ocuparán también de responder recursos de nulidad o de lesión de estos derechos, pero nada más.

"Pasará a dirigir la Policía Judicial"

Hace solo unos días, el departamento de Bolaños incluía entre los puntos fundamentales de esa reforma que sirve de antesala a la de la Lecrim, precisamente ese punto. Explicaba Justicia que se ejecutarán "diversos cambios funcionales para facilitar que el Ministerio Fiscal se pueda ocupar de la instrucción de los procesos penales". "Así, el Ministerio Público pasará a dirigir la Policía Judicial en sus funciones de investigación del delito", precisaba en una nota.

El problema del nuevo modelo que se pretende impulsar no es si los fiscales están más o menos capacitados para dirigir la instrucción y tutelar los pasos de la UCO y otras policías, es la independencia. Para diversas fuentes jurídicas consultadas, la libertad de criterio y de actuación de los fiscales de a pie, al margen de las consideraciones que efectúe un fiscal general propuesto por el Ejecutivo, no queda garantizada. Las medidas diseñadas se han tachado como una "trampa" dirigida a reforzar al fiscal general y "afianzar su poder".

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También avisan diferentes fuentes consultadas que las reformas carecen de un sistema eficaz "de pesos y balanzas que eviten el ejercicio abusivo del poder". El jefe decidirá a qué fiscal investigador se adjudican los asuntos al fiscal y no se prevé "mecanismo alguno de discrepancia ni criterios rigurosos de adjudicación". "¿Por qué no tener un juez dirigido la instrucción? Es la mejor garantía de independencia y neutralidad. ¿Realmente aporta algo mejor a lo que tenemos que sean los fiscales los que instruyen? Es discutible", se pregunta un magistrado consultado.

La única experiencia de un modelo similar es el de la Fiscalía Europea, pero, incluso en ese caso, las diferencias son sustanciales. En el sistema de la Unión, los fiscales instruyen, pero el jefe en cada estado no puede bloquear una investigación. Las investigaciones las monitorean salas permanentes de tres fiscales europeos de otros países de la UE en Luxemburgo. En resumen, la garantía de independencia no es comparable.

Una Fiscalía a cargo de un fiscal general nombrado por el Gobierno y una UCO que acatará sus órdenes. En un contexto así, no harán falta maniobras para desacreditar a la Guardia Civil si resulta incómoda, como buscaba Leire Díez. El control será directo. "Da miedo", resume una de las fuentes.