El TS ordenará nuevas medidas por la inacción del Gobierno con los menores migrantes

El Tribunal Supremo ordenará nuevas medidas la próxima semana para garantizar la acogida de los más de 1.000 menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Canarias, informan fuentes jurídicas. El alto tribunal advirtió en marzo sobre su "hacinamiento" y dio 10 días al Gobierno para que garantizara su protección, pero, durante la vista que se celebró este jueves, la Abogacía del Estado reconoció que el Ejecutivo no ha adoptado todavía ninguna medida de acogida.

Esta inacción provocó la sorpresa de los magistrados del Supremo —"¿Han hecho algo ustedes?"— y el enfado del Gobierno de Canarias, cuya representante se mostró tajante al finalizar la vista de este jueves: “Ha quedado claro que no ha cambiado absolutamente nada desde que se dictó auto [de marzo]”. También avisó de que el número de menores no acompañados ha pasado de 1.000 a 1.200 durante los dos últimos meses.

El Supremo evitará ahora que el Gobierno siga poniéndose de perfil con una nueva batería de medidas. El pasado marzo, ya les avisó de que en ningún caso puede descargar la responsabilidad sobre Canarias, pero, por el momento, el único paso que ha dado el Ejecutivo ha consistido en enviar a Canarias el borrador de un nuevo protocolo.

El Gobierno anunció dicho protocolo justo antes de que tuvieran que dar cuenta ante el Supremo de las medidas que habían adoptado durante los dos últimos meses. "¿Cuándo tuvo registro de entrada ese protocolo?", le inquirió la representante de Canarias a la directora general de Atención Humanitaria, Amapola Blasco, durante su declaración como testigo de este jueves. "Se me ha informado de que se está negociando", se limitó a decir esta alto cargo. "¿En ese borrador ha participado comunidad autónoma?, le insistió la representante canaria. "No lo sé", respondió Blasco.

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La representante de Canarias terminó por aclarar esta cuestión durante su intervención final ante el Supremo: “Es un protocolo unilateral que se registró ayer a última hora y que se remite a un calendario que se prevé que se apruebe no antes del 30 septiembre 2025″. Según advirtió, el Gobierno de Canarias en ningún caso pueda asumir esta propuesta, por lo que lo único que está haciendo el Ejecutivo central es "dilatar" los tiempos desde el pasado.

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, reconoció a su vez que ni siquiera "ha podido evaluar individualmente" a los menores. Otro de los testigos que compareció este jueves añadió que solo han podido asegurar 45 plazas en los centros, pero reconoció que ninguno de los menores ha sido trasladado por el momento a los mismos. Además, avisó de que no hay infraestructuras que permitan alojarles en espacios separados de los adultos ni hay personal para brindarles asistencia 24 horas, como requiere la ley.

"Toda una red de recursos"

El Gobierno de Canarias ya avisó el pasado marzo ante el Supremo de que "la permanencia en esta situación perjudica la salud mental de los menores y los revictimiza". También criticó que no permitirles el acceso al sistema de acogida estatal "favorece una situación de hacinamiento y puede generar tensiones en el personal que atiende los centros colapsados".

La Abogacía del Estado se escudó por su parte en que no podía "apreciarse la inactividad de la Administración" porque no existe "una prestación concreta, clara y terminante a cargo de la Administración General del Estado", pero el Supremo rechazó sus argumentos. "Este sistema estatal de acogida, al que estos menores tienen pleno derecho, no consta que haya sido puesto a su disposición", advirtieron los magistrados.

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El Supremo incidió además en que el Gobierno cuenta con "un itinerario" y toda "una red de recursos de acogida residencial de titularidad pública y privada bajo dependencia funcional de la Secretaría de Estado de Migraciones". Sin embargo, los menores se encontraban "a cargo exclusivamente del sistema de protección de menores de la comunidad autónoma".

Partiendo de esa base, el Supremo concluyó que el Gobierno debía hacerse cargo de la situación de manera inmediata y le dio un plazo "improrrogable" de 10 días, pero, más de dos meses después, el Ejecutivo central sigue sin mover ficha. Esa inacción llevará a los magistrados a nuevas medidas esta semana, y todo ello para dar respuesta a una pregunta que el propio presidente del tribunal, Carlos Lesmes, espetó a uno de los cargos del Gobierno este jueves: "¿No tienen derecho a protección internacional los menores no acompañados?".