El Gobierno lleva al límite su órdago por el catalán en la UE pero choca con Alemania, Francia e Italia

El Gobierno español ha consumado este martes un fracaso que no por esperado deja de ser severo, sobre todo a tenor de las expectativas generadas y de los países que se han opuesto a la incorporación del catalán, el euskera y el gallego a las instituciones europeas. Entre ellos se encontraban Alemania, Francia, Finlandia, Italia, Eslovaquia, República Checa o Austria. A pesar de la ofensiva diplomática desplegada en las últimas semanas, España no ha logrado que el Consejo de Asuntos Generales, que reúne a los ministros y secretarios de Estado de Asuntos Europeos, respalde su petición, para la que se requería de unanimidad. Según confirman a El Confidencial distintas fuentes, Alemania ha sido uno de los países que ha llevado la voz cantante respecto a las dudas del resto de Estados miembros.

El Ejecutivo español sigue así pagando la primera hipoteca que adquirió con Junts tras las elecciones generales de 2023, cuando el partido de Carles Puigdemont exigió el reconocimiento del catalán en la UE a cambio de sus votos para elegir a Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados. La delegación española lo ha llevado además al límite, incluyéndolo como un punto para adopción a pesar de las resistencias que seguían existiendo, y sin descartar hasta el último momento que pudiera haber una votación. Eso, en la política europea, tiene un precio y genera un desgaste.

No obstante, pese a la derrota, en el Gobierno no deja mal sabor el aplazamiento de la votación y su impresión es que su propuesta acabará por salir adelante. ¿Cuándo? No se atreven a comprometer una fecha, pero se agarran a que con los últimos movimientos han superado las reticencias de países que también tienen una pluralidad de lenguas. El hecho diferencial del caso español, explican, es que la propia Constitución reconoce la cooficialidad y eso "se ha entendido". Como admitió el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a última hora de la tarde del martes, han dado pasos "irreversibles" para impulsar una reivindicación que Moncloa considera "irrenunciable".

"Nunca dijimos que estuviera hecho", subrayan en relación con una exigencia que han asumido como suya ERC, el PNV y el resto de socios parlamentarios. El optimismo de la Moncloa se debe principalmente a que Junts no se pronunció contra el Gobierno, sino contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por interferir en las negociaciones del Ejecutivo con los Estados miembros. "Saben la verdad, que hemos sudado la camiseta", señalan fuentes gubernamentales, que admiten que han ido "de la mano".

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En el PP la reacción es la contraria. "Ha sido una debacle", explican reconfortados a este periódico. "El Gobierno se ha encontrado con un muro. Ha habido mucha tensión", pero "ha ganado España". No obstante, aseguran que las presiones del Gobierno vinculando la ayuda militar española con la votación del catalán, como desveló la semana pasada El Confidencial. "Puede tener consecuencias, porque se han pasado de frenada a la hora de presionar, y eso nunca se sabe cómo te puede volver", añaden.

No interponerse en el camino

El Gobierno asegura que solamente un grupo que considera relativamente pequeño de Estados miembros ha mostrado sus reservas de manera abierta, pero oculta que la mayoría de países no han participado en un debate en el que las dudas se centran en las implicaciones financieras y legales que puede tener el reconocimiento de las lenguas cooficiales españolas. Ha sido la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, ahora en manos de Polonia, la que, viendo que no había consenso, ha propuesto posponer la decisión.

Algunos de los países que no se oponían preferían también que la votación no tuviera lugar. Siguen teniendo dudas y prefieren que haya más tiempo para debatir, pero tampoco tenían ningún apetito por votar en contra y torpedear la petición del Gobierno español. El aplazamiento les permite haber tendido la mano a la delegación de España sin asumir finalmente ningún riesgo respecto a sus preocupaciones por las implicaciones financieras o legales de la adopción del catalán, el euskera y el gallego en la UE.

Es cierto que el Ejecutivo español ha logrado que esta vez haya más Estados miembros que, a pesar de sus reticencias, estuvieran dispuestos a “no interponerse en el camino”, como señalaba por ejemplo este martes por la mañana Marie Bjerre, ministra de Asuntos Europeos de Dinamarca. Lo ha hecho invirtiendo un enorme capital político, movilizando a toda la maquinaria diplomática y con una negociación “entre capitales”, como apuntan varias fuentes, que señalaban que el asunto se estaba manejando al más alto nivel y que había mucha información que se les escapaba. El Gobierno ha estirado el chicle todo lo que ha podido, buscando que sus colegas europeos entendieran que era una necesidad política vital para el Ejecutivo español.

Incluso cuando son de partidos políticos diferentes, los gobiernos intentan tener en cuenta los problemas políticos internos de sus homólogos en otras capitales y, en la medida de lo posible, hacerles la vida más fácil. Lo hacen porque en el futuro ellos pueden encontrarse en una situación parecida. Perro no come perro, y en ningún lugar eso es más real que en el Consejo de la Unión Europea. Pero incluso así, fuentes diplomáticas admiten que España ha hecho una enorme ofensiva y que ha dedicado “mucho capital político” a esta cuestión.

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A pesar de ello, las bolsas de resistencias que permanecen tras la reunión del CAG de este martes son, precisamente, las más difíciles de eliminar. Francia se ha mostrado contraria a la idea, aunque en público su ministro ha evitado hacer comentarios, porque París no quiere dar espacio a las lenguas regionales, entre las que se encuentran de hecho el vasco y el catalán, lo que podría provocar que otras, como el corso, pidan el mismo trato a nivel europeo. Además, están las resistencias desde dentro de las instituciones europeas: los prestigiosos servicios jurídicos del Consejo consideran que para la inclusión de estas tres lenguas en el régimen lingüístico de la UE serían necesaria una reforma de los Tratados, un asunto tabú en Bruselas. Fernando Sampedro, secretario de Estado de Asuntos Europeos y que encabezó la delegación española, ha asegurado que “no hay obstáculos legales”.