El Supremo rechaza la demanda del novio de Ayuso contra Montero: "Es una crítica política"

El Tribunal Supremo ha desestimado la demanda del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, por una intromisión ilegítima en su derecho al honor. El empresario exigía a la socialista el pago de 40.000 euros por las declaraciones que había realizado contra él durante los últimos meses.

"Las declaraciones objeto de la demanda constituyen una crítica política que, por otra parte, guste o no como realidad social, es frecuente en nuestros días: criticar el contexto familiar de los políticos cuando existen conductas sospechosas de ser delictivas o, al menos, socialmente reprochables (o lo que algunos pueden legítimamente considerar como socialmente reprochable)", concluye el Supremo.

La reclamación de González Amador se apoyaba en lo ocurrido el 12 de marzo de 2024, cuando Montero arremetió contra la presidenta madrileña por supuestamente vivir en un piso pagado "con fraude a la Hacienda Pública" y con "comisiones" por la venta de mascarillas. La también ministra de Hacienda hizo estas declaraciones después de que Eldiario.es desvelara que la Fiscalía había denunciado a González Amador por fraude fiscal. La defensa del novio de Díaz Ayuso amplió posteriormente su demanda y puso también el foco en otras declaraciones similares que Montero realizó durante los siguientes meses.

"Concurren los elementos legitimadores de la libertad de expresión", advierten los magistrados en su sentencia. "Las manifestaciones versan sobre una cuestión de interés general y afectan a una persona de relevancia social (la pareja de una importante política, la cual es, en realidad, la destinataria última de la crítica), no se utilizan insultos o expresiones injuriosas, tienen una base fáctica razonable (que no quiere decir que sea exacta) y han sido realizadas por una persona que es diputada electa, de una manera no muy diferentes de lo que viene siendo usual en el debate político (o, más bien, partidista)".

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El Supremo reconoce que el hecho de que desde el Gobierno tachen de "delincuente o defraudador confeso" a González Amador no resulta "deseable o conveniente", pero no pasan por alto qe él mismo "ha salido de su esfera privada" durante los últimos meses. "Incluso el propio entorno del demandante ha expresado en reiteradas ocasiones que la investigación por los presuntos delitos fiscales suponía una suerte de venganza política contra su pareja", apuntan los magistrados.

El Supremo ha evitado condenarle en costas, pero sigue la misma línea que la Abogacía del Estado y la Fiscalía al desestimar la demanda. "La libertad de expresión puede ser crítica, agria, malsonante... Y todo ello sin que se llegue a vulnerar el derecho al honor", sostuvo el representante del Ministerio Público durante la audiencia previa que se celebró el pasado abril. "Lo que hace falta es que lo que se esté diciendo tenga un sustrato fáctico clarísimo. Y todo el mundo conoce y sabe que hay unos correos electrónicos [de González Amador] en los que se reconoce la comisión de unos delitos". "¿Hay un sustrato fáctico entonces? Sí".

La Abogacía del Estado, que llevaba la defensa de Montero, remarcó a su vez que las declaraciones se produjeron "en el ejercicio de su libertad de expresión". También insistió en que González Amador "no es un simple particular", pues él y "su entorno más cercano" han "intervenido" en "una serie de acontecimientos de interés general". "Se ha colocado de forma consciente en el centro de un debate", señaló.

Tras la desestimación de esta demanda, el novio de Díaz Ayuso tendrá que decidir si sigue adelante con el resto de reclamaciones que ha interpuesto contra otros altos cargos por declaraciones similares. González Amador les exige en total más de 400.000 euros y, entre los demandados, figura el propio Pedro Sánchez.

Las reclamaciones se extienden además a los ministros Félix Bolaños (50.000 euros), Isabel Rodríguez (20.000), Diana Morant (15.000) y Óscar López (50.000), así como a la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto (20.000), al diputado socialista José Zaragoza (10.000) y al exsecretario de Estado de comunicación, Ion Antolín (30.000). Por la parte de Más Madrid, González Amador también ha incluido en esta ofensiva judicial a su portavoz, Manuela Bergerot (20.000 euros), y a la concejal del Ayuntamiento, Rita Maestre (15.000). Tanto el PSOE como Más Madrid se enfrentan a su vez a reclamaciones de 30.000 y 15.000 euros, respectivamente.