El Gobierno, en el Día D de su ofensiva por el catalán: "Lo pelean como si les fuera la vida"

Cita clave para el Gobierno de España y para sus equilibrios parlamentarios este martes en Bruselas, cuando el Consejo de Asuntos Generales, un foro de ministros y secretarios de Estado de asuntos europeos que no suele atraer mucha atención mediática, decide si acepta la reclamación española de que se reconozcan como lenguas oficiales de la Unión Europea el catalán, el euskera y el gallego. Se trata de un compromiso que el PSOE adquirió con Junts para la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados en agosto de 2023, y que ha llevado al Gobierno a aplicar una enorme presión sobre sus socios europeos. Fuentes diplomáticas subrayan que esperan una decisión este martes, lo que permitiría al Gobierno defender ante Junts que ha llegado hasta el final del camino, salga adoptada la propuesta o no.

Pero sigue habiendo resistencia entre algunas capitales, que querrían incluso que no hubiera una decisión. Por ejemplo, Joakim Strand, ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, ha señalado que el asunto no está "maduro". "Espero que no tengamos que votar hoy, sigue habiendo preocupación en los servicios jurídicos del Consejo y es algo que tenemos que tomarnos muy en serio", ha explicado a su llegada a la reunión. Por su parte, Jessica Rosencrantz, ministra de Asuntos Europeos de Suecia, también ha señalado que quedan "cuestiones abiertas" tanto en el impacto legal como en el financiero.

En las últimas semanas, el Gobierno ha lanzado una ofensiva política y diplomática para tratar de conseguir el apoyo de los Veintisiete países de la UE, pues esta decisión requiere de uninimidad. No es fácil alcanzarla, pero las gestiones realizadas discretamente por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares —con la implicación del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez—, parece que van surtiendo efecto. Tal y como ha contado El Confidencial, se han producido presiones a países del este vinculando el sí al catalán con la ayuda militar española, extremo que el Ministerio de Exteriores no admite.

Tan es así, que en el Partido Popular Europeo, que se opone a la iniciativa y controla a catorce Gobiernos europeos, no las tienen todas consigo: fuentes del partido a nivel europeo admiten la dificultad de que el Gobierno alcance la unanimidad, pero admiten que "lo está peleando como si le fuera la vida en ello". "Sánchez está dándolo todo, ofreciendo hasta lo que no tiene. Una pena que nunca llegaremos a conocer qué es lo que está dispuesto a dar a cada uno de los gobiernos a cambio de su voto", lamentan.

El otro factor político está en Junts, que observa con esperanza y realismo a partes iguales que su principal demanda de la legislatura (antes incluso de la amnistía) pueda salir adelante. "Las opciones no llegan ni al 50%, pero hay cosas en juego que afectan a muchos países. Les hemos puesto la pistola en el pecho y tiene que salir ahora o en junio", aseguraron a este periódico antes de explicar por enésima vez que de lo contrario se mantendrán en la negativa a apoyar al Gobierno en el Parlamento: ni Presupuestos Generales del Estado de 2025, ni de 2026.

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La modificación del código lingüístico de la UE, que reconoce 24 lenguas como oficiales, requiere de la unanimidad de los Estados miembros. Hasta ahora ha seguido habiendo resistencia por parte de algunos Gobiernos. Fuentes europeas señalan que parte de las conversaciones iniciadas desde Madrid se han producido directamente "entre capitales". Los embajadores representantes permanentes de los Veintisiete ante la Unión Europea abordaron el asunto la semana pasada, preparando el CAG de este martes, y a pesar de que entonces varios embajadores siguieron mostrando sus reservas, el asunto se ha mantenido en la agenda como listo para ser votado y no como un simple debate. "En el Coreper (la reunión de embajadores) el ambiente fue el normal", ha explicado una fuente europea, que ha explicado que habrá que "escuchar a los ministros" para ver de qué lado cae el debate.

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"No necesariamente tiene que haber una votación", señala una alta fuente europea. Es decir, la presidencia rotatoria, que en este caso ostenta Polonia, puede considerar que hay apoyo unánime a la propuesta o considerar que no hay el respaldo suficiente sin necesidad de que haya una votación. En todo caso, si España quisiera forzar una votación podría solicitarlo, y si una mayoría simple de países están a favor de ello, entonces se procedería a votar a favor o en contra de la propuesta. Un único voto en contra tumbaría el proceso.

"Veremos qué propuesta"

"Salvo que algo muy inesperado ocurra, tendría que haber una decisión mañana", señalaba este lunes una fuente europea, que no creía que el asunto fuera a retirarse de la agenda antes de tomar una decisión. Este mismo lunes Albares se ha reunido en Madrid con Johann Wadephul, ministro de Asuntos Exteriores alemán, que ha evitado tomar posición públicamente. "Me llevo mucha información: mañana estaré en el Consejo en Bruselas y veremos qué propuesta hace sobre el mismo la presidencia polaca", ha explicado.

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Wadephul, como su canciller federal, Friedrich Merz, son miembros de los democristianos, la CDU/CSU, y desde hace días el Partido Popular español sabe que debe también jugar sus cartas en un terreno muy sensible, ya que la relación entre Gobiernos siempre va más allá de las simples siglas políticas, y Berlín, y cualquier otra capital en manos de Gobiernos que formen parte de la familia del Partido Popular Europeo (PPE), pueden estar dispuestos a hacer antes un favor al Gobierno de turno en España que a sus colegas de partido europeo. El PP no se siente cómodo rechazando abiertamente la idea y su estrategia pasa por rechazar la forma en la que el Gobierno español ha planteado la cuestión.

Albares lanzaba un dardo a los populares españoles ante la posibilidad de que estuvieran intentando mover hilos en los Gobiernos afines de otros Estados miembros. "Estoy seguro de que todas las fuerzas políticas españolas, no me cabe en la cabeza otra posibilidad, están hablando ahora con fuerzas europeas políticas hermanas para que sean reconocidas las lenguas oficiales españolas en la UE", señaló el ministro de Exteriores el lunes.

Las reservas de algunos países

El reconocimiento de las tres lenguas cooficiales siempre ha registrado una importante resistencia por parte de un grupo de Estados miembros, a los que preocupa que el precedente abra la puerta a que se puedan intentar reconocer como oficiales otras lenguas, o que interfiera en su política nacional hacia las lenguas regionales, como ocurre en el caso de Francia. También preocupa que aunque el Gobierno de Pedro Sánchez se compromete a asumir el coste de su reconocimiento, que la Comisión Europea calculó que rondaría los 130 millones de euros al año en cuestiones como traductores o intérpretes, en el futuro otro Ejecutivo español pueda decidir no seguir asumiendo ese compromiso, y sean todos los Estados miembros los que tengan que sufragarlo.

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El Ejecutivo español ya ha descafeinado su exigencia del reconocimiento de las lenguas cooficiales desde hace tiempo. Empezó por proponer que primero se introdujera el catalán y solamente después el euskera y el gallego; más tarde, cuando se elaboró un informe por parte de la Comisión Europea respecto a los costes financieros, España propuso hacerse cargo de ellos; en los últimos días el Gobierno ha seguido haciendo cesiones para intentar rascar apoyos.

El Gobierno ya irritó a algunos de sus socios a lo largo de 2023, cuando tras el acuerdo con Junts llevó en varias ocasiones el asunto del catalán, euskera y gallego al CAG, sin que los diplomáticos de los otros Estados miembros tuvieran del todo claro qué progresos se habían producido que justificara que el asunto volviera a la agenda. Además, en aquellos momentos España ostentaba la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, lo que le daba control total sobre la agenda. En algunas capitales molestaba que Madrid aprovechara ese poder para incluir el asunto en las reuniones una y otra vez. Tras el final de la presidencia española la cuestión ha regresado un par de veces al CAG, aunque nunca acompañado de una campaña de presión comparable a la de los últimos días. Tiene sentido, pues el Gobierno necesita recuperar los siete votos de Junts en el Congreso para coger algo de aire en una legislatura que aún no ha llegado al ecuador.