El PP topa con la Iglesia por la regularización de medio millón de inmigrantes
El Gobierno acelera la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular tras meses de bloqueo y fuerza a Feijóo a definir su posición migratoria antes del congreso nacional. Los obispos piden un acuerdo entre los dos grandes partidos
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F8ec%2F4d9%2Fe3f%2F8ec4d9e3f6faddd7ec8e47ebc4ba1de3.jpg)
Tras más de un año de bloqueo, el Gobierno ha reactivado de forma imprevista la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permitirá la regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes en España. El Ejecutivo se encontrará con un camino de obstáculos. No tiene garantías de que la propuesta salga adelante por los recelos que levanta en el ala conservadora del hemiciclo, desde Junts a Vox. Pero la maniobra también amenaza con poner en aprietos al PP a las puertas de su congreso nacional. Uno de los puntos a debate será, precisamente, la definición de la política migratoria con la que Alberto Núñez Feijóo pretende llegar a la Moncloa. Y ahí aparece también la Iglesia.
La ILP superó el primer trámite en el pleno del Congreso en abril de 2024. Desde entonces, la iniciativa ha permanecido congelada en el plazo infinito de presentación de enmiendas. El PSOE pisa ahora el acelerador para cubrir las lagunas que ha dejado la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Extranjería y que podría afectar a miles de solicitantes de asilo. Sólo Vox se opuso a su admisión a trámite. Pese a exhibir reticencias, Feijóo se posicionó finalmente en el bloque del 'sí', movido por la presión que ejercieron entonces distintos sectores eclesiásticos.
El PP siempre condicionó mantener ese respaldo a que el Gobierno incluyese modificaciones en el texto final. De hecho, como publicó El Confidencial, los populares avisaron de que frenarían la iniciativa si los socialistas no tenían en cuenta sus enmiendas. Esa postura sigue plenamente vigente. "El Gobierno busca un cheque en blanco, y no lo va a obtener del PP", argumentó el portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado. Aunque el partido no despeja cuál será el sentido de su voto, el dirigente sí esbozó la posibilidad de oponerse al trámite censurando el "efecto llamada" que, a su juicio, incentiva el Gobierno.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F939%2F9c1%2F14d%2F9399c114d4dc3e3b1d520538427b11b6.jpg)
Los populares ratifican que, por ahora, el Ejecutivo no ha enviado señal alguna de querer incluir sus requisitos para avanzar en la negociación, por lo que ven pocas opciones para el acuerdo. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, contactó la pasada semana con varios grupos parlamentarios para trasladarle el borrador que servirá de punto de partida para llevar un texto a la votación final.
Fuentes de los conservadores admiten que se trata de una iniciativa incómoda en un momento decisivo para el futuro ideológico del PP. Aunque basculan hacia el voto en contra por la ausencia de compromisos por parte del Ejecutivo, Feijóo cuenta con presiones externas que podrían hacer virar la balanza al menos hacia la abstención. La más importante reside precisamente en la Iglesia, que empuja a que la iniciativa vea la luz.
Petición de los obispos
Los obispos piden un acuerdo entre los dos grandes partidos. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, se ofreció incluso a mediar entre PSOE y PP para conseguir que la propuesta salga adelante. No hay que olvidar que la Iniciativa Legislativa Popular está promovida, entre otros, por plataformas eclesiales como Cáritas y logró reunir 700.000 firmas. "Ante la situación de miles de personas, especialmente niños, enfermos, trabajadores... ¿qué hacer? ¿expulsarlos a todos o abordar la manera de regularizar su situación?", cuestionó Argüello.
El de la legalización de los migrantes no es el único asunto en el que el PP choca con la Iglesia. El presidente de la Conferencia Episcopal también criticó la negativa del PP a condenar los ataques del Gobierno de Israel sobre Gaza. En un principio, Génova no quería entrar en el asunto al entender que existía una "utilización" del conflicto por parte de Sánchez para "tapar" sus problemas judiciales, argumento que cuestionó Argüello. Feijóo condenó finalmente los ataques "desproporcionados" sobre civiles en la Franja y la falta de ayuda humanitaria, un discurso que no entonó Isabel Díaz Ayuso, cuyo único posicionamiento al respecto fue acusar de "antisemitismo" al Gobierno.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F744%2F346%2F1fc%2F7443461fc96f40ee57cea83382ea2e25.jpg)
La abstención de los de Feijóo en la mencionada ILP —que en su día también respaldó la CEOE— permitiría a Sánchez salir airoso del Congreso. Pero las presiones al PP soplan en todas direcciones. En la otra cara de la moneda está Vox, que ha condicionado cualquier acuerdo presupuestario en sus comunidades autónomas a mantener mano dura con la inmigración. El voto de los populares podría ser decisivo por las dudas que genera la propuesta en el PNV y, sobre todo, en Junts.
Todo apunta a que la votación tendrá lugar antes de que finalice el presente período de sesiones y, por tanto, en la antesala del congreso nacional que el PP celebra el primer fin de semana de julio. La posición que fijen en el Congreso condicionará el rumbo que tomará el partido respecto a la inmigración, un asunto en el que se disputa un importante pastel electoral con el partido de Santiago Abascal y que puede condicionar cualquier hipotética negociación con Vox para formar Gobierno en el futuro.
Hasta que se acerque la fase final de la tramitación parlamentaria, el PP reivindicará las tres enmiendas que incluyó en el texto de la ILP, y a las que por ahora circunscriben cualquier tipo de apoyo. Entre otros puntos, los populares exigen que se estudie "caso a caso" para evitar que se produzca una regularización generalizada que conduzca a un "efecto llamada". Además, fijan como requisito que los beneficiados puedan acreditar estar "vinculados" a alguna actividad económica o que no tengan antecedentes penales. También solicitan una "planificación detallada" de los recursos económicos y humanos para la tramitación de los expedientes.
Tras más de un año de bloqueo, el Gobierno ha reactivado de forma imprevista la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permitirá la regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes en España. El Ejecutivo se encontrará con un camino de obstáculos. No tiene garantías de que la propuesta salga adelante por los recelos que levanta en el ala conservadora del hemiciclo, desde Junts a Vox. Pero la maniobra también amenaza con poner en aprietos al PP a las puertas de su congreso nacional. Uno de los puntos a debate será, precisamente, la definición de la política migratoria con la que Alberto Núñez Feijóo pretende llegar a la Moncloa. Y ahí aparece también la Iglesia.