Puigdemont y Junqueras deben esperar: la primera sentencia europea sobre la amnistía llegará tras el verano

La primera sentencia europea sobre la amnistía al procés independentista llegará después del verano, previsiblemente "en septiembre u octubre", por lo que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras, líderes hoy de Junts y de ERC, deberán esperar al menos cuatro meses más para conocer cómo se posicionan las autoridades judiciales europeas.

Se trata de la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas (TCu), la primera que se presentó tras la aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados, el 30 de mayo de 2024. Esto supondrá que el TJUE se pronunciará en un plazo de catorce meses, según coinciden en señalar a El Confidencial fuentes de ambas instituciones. Se trata de un periodo de tiempo que encaja en la media de las resoluciones de este tribunal que por lo que ha podido indagar este periódico está tratando de implementar fórmulas para reducir los plazos.

El órgano fiscalizador de la gestión económica de las administraciones públicas españolas tiene abierto un procedimiento vinculado a los fondos que la Generalitat de Cataluña destinó al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, así como a los gastos asociados a desarrollar la acción exterior desde 2011 a 2017 "para promover fuera de España la independencia de Cataluña". La Fiscalía presentó demanda estimando que el daño al patrimonio público ascendía a 3,4 millones de euros (1,2 por el 1-0 y 2,2 por la acción exterior). En una iniciativa similar, Sociedad Civil Catalana elevó esa cifra a 5,3 millones (2,9 y 2,4).

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El auto con la cuestión prejudicial remitido al TJUE por la consejera Elena Hernáez a finales de julio de 2024, de 56 páginas, incluyó ocho preguntas concretas y supuso la suspensión temporal del procedimiento abierto en el TCu contra Puigdemont, Junqueras, el también expresidente Artur Mas y otros 32 ex altos cargos de la citada administración catalana. El juicio quedó visto para sentencia el 29 de mayo de 2024, justo un día antes de que la Ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña fuese definitivamente aprobada en el Congreso.

En el escrito, al que se opuso la Fiscalía, el TCu subraya que es "muy difícil conciliar" la ley de amnistía con la "prevención de la impunidad del fraude y la corrupción" que persigue el derecho de la Unión Europea. En este sentido, incide en que diversos preceptos de esta ley podrían dar lugar, "precisamente, a la impunidad de las responsabilidades contables que, en su caso, se pudieran declarar por los hechos enjuiciados".

El Tribunal de Cuentas necesita resolver esas ocho dudas jurídicas para saber cómo debe aplicar la Ley de amnistía y reactivar el procedimiento contra Puigdemont, Junqueras y compañía. Todas ellas están relacionadas con la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, por lo que afecta principalmente al delito de malversación.

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Sobre este delito, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo consideró el 1 de julio de 2024 que ley no resulta aplicable, lo que tuvo dos repercusiones concretas sobre los líderes del procés: el juez Pablo Llarena mantuvo vigente la orden de detención nacional contra Puigdemont y la Sala de lo Penal que entonces presidía el magistrado Manuel Marchena descartó anular la inhabilitación de Oriol Junqueras.

Pendientes del TC

Ya en España, esta semana, el Partido Popular se ha movido para tratar de frenar la tramitación de su recurso contra la amnistía presentado ante el Tribunal Constitucional. El presidente del órgano de garantías, Cándido Conde-Pumpido,aseguró el 7 de abril que resolvería el primer recurso (de un total de 30) "antes del verano". Por ello, presentó un escrito para solicitar la paralización hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva las cuatro cuestiones prejudiciales de los tribunales españoles que tiene encima de la mesa, empezando por la del TCu. La intención de Conde-Pumpido es iniciar la deliberación el próximo 10 de junio, y alcanzar un acuerdo en un pleno monográfico que se celebraría entre el día 24 y 26 del mismo mes.

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El primer partido de la oposición ha seguido la línea marcada por los tres magistrados conservadores del TC —Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa— que exigieron paralizar ese fallo hasta que la justicia europea se pronunciase o que el propio TC acudiera al TJUE para conseguir una respuesta. Argumentaron que, de lo contrario, se corría el riesgo de valorar la constitucionalidad de una norma que puede entrar en contradicción con el Derecho de la UE. El presidente del TC rechazó la suspensión al considerar que la valoración de la constitucionalidad de la norma "es independiente" de las decisiones que puedan adoptar otros órganos.

En definitiva, todo parece indicar que el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre el primero de los recursos con antelación ("antes del verano") a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva la primera de las cuestiones prejudiciales ("después del verano"), lo que contribuirá a mantener abierto el embrollo judicial y a Puigdemont y Junqueras en la misma situación: uno fugado de la Justicia y el otro inhabilitado.