El pacto con el PNV impide a Sánchez fijar el umbral mínimo que pide la UE en la ley electoral

La visita estos días a Madrid de una delegación del Parlamento Europeo para interesarse por los motivos por los que el Gobierno español no ha ratificado la reforma de la ley electoral para establecer un umbral mínimo de porcentaje de voto para conseguir acta de eurodiputado, ha abierto un debate sobre cuál es el motivo por el que Pedro Sánchez la mantiene bloqueada, lo que sitúa a España como el único país de los Ventisiete que aún no lo ha hecho.

El motivo está en el punto 6.1 del acuerdo de investidura que el PSOE y el PNV sellaron el 10 de noviembre de 2023. Se trata de un documento de diez folios con los logos de ambas formaciones. El primer punto del sexto epígrafe, titulado "Europa", dice así: "El PSOE se compromete a no impulsar ninguna modificación de la Ley Órganica del Régimen Electoral General (LOREG), y en caso de extraordinaria necesidad, lo hará con acuerdo previo con EAJ-PNV".

En caso de que la nueva ley se hubiera aplicado en las últimas elecciones en el nivel más alto (5%), se habría quedado sin representación en la Eurocámara la coalición de ERC, Bildu, BNG y Ara Més, que concurrieron como Ahora Repúblicas y obtuvieron un 4,9%; Sumar (4,7%); Se acabó la Fiesta (4,6%); Podemos (3,3); Junts (2,5%) y la agrupación de CC y PNV, entre otras formaciones. Es decir, sólo tendrían eurodiputados el PP, el PSOE y Vox.

La visita de la misión de eurodiputados de la Comisión de Justicia (IURI) comenzó el lunes en el Ministerio del Interior, donde no fueron recibidos por el ministro, al encontrarse en Sevilla en unas jornadas de movilidad. El eurodiputado del PP Adrián Vázquez aprovechó para criticarlo, al igual que al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también concernido por esta reforma: "Dos ministros jugando al gato y al ratón con una misión oficial de la UE para encubrir un incumplimiento de la legislación europea que favorece a sus aliados nacionalistas. La degradación institucional de este Gobierno es inadmisible", publicó en la red social X.

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Históricamente, los partidos nacionalistas e independentistas españoles se han opuesto frontalmente al establecimiento en la ley electoral española de un umbral mínimo para acceder al Parlamento, ya sea Congreso, Senado o Parlamentos autonómicos. Sin embargo, al tratarse en este caso de una legislación europea que, además, el Gobierno de España apoyó, es cuestión de tiempo que se aplique y se incorpore a la legislación nacional.

Por eso, Vázquez señaló el lunes que uno de los objetivos de la visita es dar a conocer la que, en su opinión, es la razón real: "En España, nadie duda de que Sánchez está dispuesto a saltarse cualquier ley para beneficiar a sus socios de gobierno. A partir de esta semana, nadie lo dudará tampoco en Europa".

El Parlamento Europeo, donde tiene una amplia mayoría el PP, ha iniciado un importante marcaje al Gobierno de España y ha decidido enviar otras cuatro misiones de europarlamentarios a visitar distintos puntos de la geografía española: Madrid, Barcelona, Barbate, Sevilla, Algeciras y Canarias. Son misiones que pertenecen a las comisiones de Justicia (IURI), Peticiones, Economía, Presupuestos y Libertades públicas (LIBE).

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Los temas son relevantes. El primero son las condiciones laborales en las que se encuentran las fuerzas de seguridad españolas tras el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil en aguas de Barbate cuando fueron arrollados por una narcolancha. En segundo lugar, la crisis migratoria en Canarias, que lejos de remitir sigue batiendo récords de llegada tanto de embarcaciones como de personas, con el consiguiente problema para la administración canaria y el debate aún sin resolver sobre el reparto de menores no acompañados y sobre la reforma de la ley de Extranjería. La semana pasada, la Comisión Europea recordó a España que puede pedir más dinero y más apoyo de Frontex para proteger las Islas Canarias.

El tercer punto tiene que ver con la vivienda, que es un problema continental, pero en el que España cuenta con situaciones extremas, como es el caso de Barcelona. Por eso, la misión de parlamentarios europeos se desplazará a la Ciudad condal antes del verano.

Por último, la gestión y distribución de los fondos Next Generation, que se encuentran a la espera de que España cumpla los hitos fijados por la Comisión Europea para proceder al quinto pago. Ni más ni menos que 25.000 millones de euros que no acaban de llegar.