Fiscal, hermano, Begoña, Ábalos… el horizonte judicial de Sánchez aleja cualquier adelanto electoral

Una de las obsesiones de Pedro Sánchez nada más llegar a La Moncloa en 2018 fue dominar la agenda: que el debate público en España se desarrollara en los marcos creados por el Gobierno. Los españoles hablarían de lo que al Ejecutivo le interesara. Eran tiempos de Iván Redondo como gurú del presidente, del "Gobierno bonito" y de una oposición noqueada por la moción de censura, fragmentada en tres y más preocupada por levantarse de la lona que por recuperar el poder.

Aquel plan funcionó como un reloj durante años, hasta febrero de 2024, cuando la Guardia Civil detuvo a Koldo García y El Confidencial publicó la primera información sobre las actividades de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Más allá de las implicaciones concretas de ambas noticias, las alarmas saltaron en el palacio de La Moncloa, como admiten a este periódico desde el Ejecutivo. La legislatura recién estrenada no acababa de arrancar.

Desde entonces, el escenario judicial no ha hecho más que complicarse: la detención de Koldo ya es el caso Ábalos, la mano de derecha de Pedro Sánchez desde 2017 hasta 2021; Begoña Gómez está siendo investigada formalmente por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional; el fiscal general del Estado está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados y el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha sido procesado por tráfico de influencias y prevaricación y enviado a juicio por la instructora. No, en España ya no se habla de lo que quiere el Gobierno, sino de los escándalos que rodean al presidente, cercado por causas judiciales distintas entre sí pero con un elemento común: aunque ninguno ha llegado a afectarle directa y personalmente, todos ellos están cada vez más cerca: su esposa, su hermano, su mano derecha y "su" fiscal general del Estado.

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez y sus "14 meses de tortura" judicial y parlamentaria: "Va hacia un imposible político"

Juan Fernández-Miranda Pablo Gabilondo Gráficos: Unidad de datos Gráficos: EC Diseño

Cuando aún no se ha llegado al ecuador de la legislatura, a este cerco judicial se suma la fragilidad parlamentaria, una realidad cada vez más acuciante que profundiza en la idea de que Moncloa no tiene el control de la agenda. El Gobierno está incumpliendo el mandato constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), motivo por el que el mismo Sánchez convocó elecciones en 2019, y los socios de investidura se le rebelan un día sí y otro también en el Congreso de los Diputados, especialmente Junts y Podemos. En este escenario, la pregunta está en el ambiente: ¿hay posibilidades de adelanto electoral? La respuesta en La Moncloa es contundente: no. Y es exactamente igual de contundente en público que en privado, porque en este caso el Gobierno dice la verdad.

En La Moncloa y en el PSOE no se contempla la convocatoria de elecciones por muchas razones, pero hay una muy sencilla: con permiso el CIS de Tezanos, no hay una sola encuesta privada que dibuje un escenario más favorable que el que tienen ahora, por muy endiablado que este sea. En el mejor de los casos, aseguran fuentes socialistas, "sería tirar una moneda al aire". Pero es que ni en La Moncloa, ni en los ministerios, ni en el partido están en ese planteamiento. Más bien al contrario: se sienten perseguidos "por la derecha política, mediática y judicial", insisten desde el Gobierno, donde las fuentes consultadas reiteran una y otra vez que el trato que recibe el presidente "no es justo": "Siempre se pone el acento en las votaciones que se pierden, pero no en lo que vamos aprobando, que es mucho; y, en lo judicial, veremos en qué quedan las causas cuando llegue el momento, pero estamos pagando la pena de telediario".

"Siempre se pone el acento en las votaciones que se pierden, pero no en lo que vamos aprobando"

Así, más allá de esta evidente victimización, fuentes socialistas insisten en que todo lo que se hace está marcado por el discurso del presidente del Gobierno del 29 de abril, cuando volvió de sus cinco días de reflexión y anunció medidas para "regenerar la democracia" frente a la "degradación de la vida pública" tras "diez años de acoso" a su familia y pese al "sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere". Fue entonces cuando el presidente señaló a los medios de comunicación díscolos, a los que bautizó como "máquinas del fango", y emprendió un camino de reformas legislativas en el ámbito judicial que tiene soliviantadas a las carreras judicial y fiscal: la ley Begoña para cercenar las acusaciones populares, un mayor control de la Fiscalía, los accesos a la Judicatura y al Ministerio público, el blindaje del mandato del fiscal general, etcétera.

Un dirigente socialista crítico lo expresa de otra manera: "Para defenderte de las causas judiciales, ¿dónde se está mejor, en tu casa particular o en el Gobierno legislando y con la Fiscalía General, la Abogacía del Estado y la maquinaria propagandística de La Moncloa?". Por eso, el elemento común en la estrategia política para los casos judiciales es la misma: reformas legislativas en el ámbito judicial, dilación de los procedimientos penales que le afectan y desacreditar a los jueces que les investigan. Todo por lo que pueda venir y para ir ganando tiempo hasta el verano de 2027, cuando se cumplan cuatro años de las elecciones anticipadas del 23 de julio de 2023.

Cuatro causas, misma estrategia

Un vistazo al estado de los principales casos que rodean en la actualidad al Gobierno basta para comprobar que la tónica común a la mayoría de ellos es la patada hacia delante. La estrategia ha quedado en evidencia esta misma semana en el procedimiento que afecta al hermano del presidente, David Sánchez. El aforamiento veloz del líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha embarrado el terreno judicial y provocado un embrollo procesal de enormes dimensiones que retrasará, sin duda, la resolución final. De esa dilación se beneficiará sin duda "el hermanísimo".

La causa por su contratación para coordinar los conservatorios de Badajoz entra ahora en la incertidumbre más completa sobre la competencia —por la entrada en escena del Tribunal Superior de Justicia— e incluso sobre si debe o no celebrarse el juicio, dado que la jueza les envió al banquillo cuando el socialista ya había recogido su acta en la Asamblea de Extremadura y hay dudas sobre si ese acto sirve ya para considerarle aforado o no. Cada paso que se adopte ahora requerirá estudio y podrá ser recurrido. Desenredar el embrollo atrasa el reloj del caso.

TE PUEDE INTERESAR

El juzgado cita como imputados al hermano de Sánchez y al líder del PSOE de Extremadura

Alejandro Requeijo

Esta estrategia para desprenderse de jueces incómodos no es nueva. Ya se intentó en el caso sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez. Ahí, tanto el presidente del Gobierno como su esposa se querellaron contra el juez, Juan Carlos Peinado, por prevaricación, aunque sus argumentos no fueron atendidos.

Hace sólo unos días, la instrucción del magistrado recibió un espaldarazo casi completo por parte de la instancia superior y todo apunta a que continuará ampliándose sin que el horizonte final esté siquiera cercano. La Audiencia Provincial de Madrid abrió la puerta incluso al desarrollo de la línea de investigación sobre el rescate de Air Europa puntualizando, eso sí, que debería asumir otro juez si se aprecian indicios nuevos.

Además, el juez Peinado sigue sumando diligencias. La última de ellas ha sido la decisión de citar a los responsables de una empresa que desarrolló proyectos para la cátedra de Begoña Gómez hasta ahora desconocidos.

Nuevas citaciones

En el caso del fiscal general, el más cercano a juicio de todos los mencionados, también ha habido retrasos. La defensa que ejerce la Abogacía del Estado acaba de reclamar nuevas diligencias en el tramo final, justo cuando parecía que todo lo practicable estaba ya practicado. A petición de este, el juez escuchará la declaración de cuatro periodistas de El País y del abogado del empresario Alberto González Amador.

La citación de los informadores anticipa, además, una nueva solicitud de archivo. Su testimonio se reclama a raíz de la existencia de actas notariales en las que aseguran que conocieron que el novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid (PP), buscaba un pacto a través de fuentes fiscales madrileñas y antes de que Álvaro García Ortiz tuviera en su poder los correos de su defensa. Para la Abogacía del Estado, este hecho le exonera.

TE PUEDE INTERESAR

La Fiscalía apoya que el juez investigue a la expresidenta de Adif en el caso Koldo

EFE

Por último, está el caso Koldo, a cargo también del Supremo, en el que la atención se centra en la próxima presentación por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de un nuevo informe que salpica al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. En este caso, más que patada para adelante, lo que se intuye es una patada para arriba que complicará aún más el panorama judicial del presidente del Gobierno.

¿Quiere esto decir que crecen las opciones de que se convoquen elecciones? No: es exactamente lo contrario. Sánchez ya dijo que no tiraría la toalla. Tiene un plan y para llevarlo a cabo necesita más tiempo. Por eso, las estrategias de defensa de los distintos casos judiciales que le afectan, minuciosamente coordinadas desde La Moncloa, coinciden en dilatar las causas para permanecer en el Gobierno. Todo está en el discurso del 29 de abril, que sigue plenamente vigente a pesar de que el horizonte judicial es cada vez más oscuro. O precisamente por eso.