La maniobra exprés del PSOE para aforar a Gallardo frena el banquillo para el hermano de Sánchez

Lo sucedido en las últimas 48 horas puede compararse con una carrera. A un lado, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, recién consagrado diputado extremeño. Al otro, la juez Beatriz Biedma, a cargo del caso sobre la contratación del hermano del presidente del Gobierno y líder del PSOE, David Sánchez Pérez-Castejón. El primero ha corrido para adquirir la condición de aforado. La segunda ha hecho lo propio para acabar el procedimiento y dictar la apertura de juicio oral. Hace apenas 24 horas, Gallardo recogió su acta y, con ese gesto, abrió la vía para que la magistrada pierda el control sobre la causa a favor del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La situación ha creado un embrollo procesal considerable en el que pocas cosas están claras menos una: el hermano del presidente verá alejarse el momento de sentarse en el banquillo.

La madeja se ha enredado más en los últimos dos días, pero ya venía liándose desde el pasado 14 de mayo. Unos días antes, la instructora había procesado por delitos de prevaricación y tráfico de influencias al hermano de Pedro Sánchez, a Gallardo y a otras nueve personas. Con esa decisión, anticipaba su intención de sentarles en el banquillo. Gallardo movió entonces ficha y anunció que se incorporaría como diputado de "forma inmediata" a la Asamblea. Según él, para "combatir mejor" al Gobierno de María Guardiola después de haber prometido hace semanas que no sería diputado "hasta que no concluya el caso David Sánchez para que nadie piense que quiero aforarme".

Como si se tratara de una coreografía perfectamente ajustada a los tiempos procesales, el anuncio ya hacía presentir un cambio de manos en el caso. Como diputado, Gallardo está aforado y el órgano competente tanto para investigarle como para juzgarle es el TSJ. Al estar acusado de crear de forma artificial el puesto que acabó ocupando David Sánchez, la lógica indica que junto al socialista, el Tribunal Superior asumirá también la causa del resto de acusados, entre ellos "el hermanísimo" para salvaguardar la unidad del procedimiento.

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Del 14 al 22 han pasado apenas ocho días y el anuncio de Gallardo se ha convertido en realidad a contrarreloj. Según aseguran distintas fuentes políticas consultadas, Gallardo recogió en la Asamblea su acta de diputado este martes y llevará a cabo la jura o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Extremadura en un pleno ordinario que se celebrará el jueves de la próxima semana.

El embrollo se agudiza

En medio de un acto y otro, entre la recogida del acta y la jura, el embrollo se agudizó aún más. La magistrada adoptó su decisión procesal definitiva y les mandó a todos a juicio. Este paso es relevante porque el margen del Tribunal Superior varía en función del momento en que asuma la causa. Si lo hace tras el procesamiento, cabe la opción de contemplar el archivo, si es tras la apertura de juicio oral, esa posibilidad aún persiste, pero de forma más compleja y mucho menos directa, aseguran distintas fuentes jurídicas consultadas.

El escenario que se abre ahora es de completa incertidumbre. Y solo por eso, por el tiempo que llevará aclarar el follón procesal, es evidente que David Sánchez (y Moncloa) ganará, al menos, tiempo. De momento existen toda una ristra de dudas que tendrán que irse despejando. La primera de ellas es desde qué momento puede considerarse que Gallardo está aforado. Este punto dependerá de la interpretación que se haga del reglamento de la Asamblea extremeña en el que se dice que la adquisición de la condición de diputado de forma plena está ligada a varios requisitos, entre ellos, "prestar en la primera sesión del Pleno a la que asista, la promesa o juramento", cosa que aún no ha sucedido.

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Si la interpretación final es la de considerarle aforado desde este martes, el auto en el que la jueza le manda al banquillo no tendría validez, ya que Biedma no sería la competente para hacerlo. En caso contrario, lo que aparecen son nuevas dudas. Habrá que ver, por ejemplo, si el Tribunal Superior asume sin objeciones la decisión de abrir juicio o la revisa. Las fuentes jurídicas consultadas apuntan a que existen precedentes de órganos superiores que no han admitido la decisión de los inferiores.

Es así discutible que el TSJ, una vez lo reciba, deba asumir la decisión de apertura o si puede modificarla y acordar el sobreseimiento. El Supremo ha indicado en algunas ocasiones que un órgano inferior no podía determinarle cuándo se debe abordar un juicio. La decisión final dependerá del TSJ. Tendrá que decidir si entiende que está vinculado por la apertura del juicio oral ante el juzgado de lo penal ordenada por el instructor, o si, por el contrario, un órgano ordinario no puede abrir julio oral ante él. En este último caso, el TSJ debería nombrar un instructor para decidir si abre juicio oral o no.

A todo este follón se suma la postura de las partes en el procedimiento. La acusación popular reclama tres años de cárcel tanto para David Sánchez como para Gallardo, pero la Fiscalía ha pedido el archivo y no acusará. Entra aquí en juego la posibilidad de que los acusados esgriman la conocida como doctrina Botín por la que se provoca el archivo cuando el Ministerio Público no acusa y no existe acusación particular, es decir, no hay nadie afectado de forma directa por los hechos.

Despejar cada duda llevará tiempo. La competencia, si debe designarse instructor o ya no, si puede haber juicio solo con la acusación popular... Cada paso provocará plazos, autos, recursos e irá alargando la decisión final. Así las cosas, el escenario del hermano de Sánchez es más favorable ahora que antes del aforamiento exprés de Gallardo. Como poco, ganará ese tiempo. Como mucho, el archivo. Y en Moncloa se ahorran, de momento, el trago de ver al hermano del presidente en el banquillo.