El Gobierno presiona a países del este vinculando el sí al catalán con la ayuda militar española
El próximo martes se vota en la Comisión de asuntos generales la incorporación de las lenguas cooficiales a la UE, que exige unanimidad. El PP los acusa de "chantajear" y Exteriores reacciona negándolo
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En su estrategia por conseguir la unanimidad para que el catalán, el euskera y el gallego se incorporen como lenguas oficiales de la Unión Europea, el Gobierno de España ha presionado a países del este vinculando la ayuda militar española en la frontera este del continente con la posición que se adopte en la votación del próximo martes en el Consejo de Asuntos Generales.
Según han confirmado a El Confidencial fuentes diplomáticas de países europeos, las gestiones que está realizando el Gobierno a todos los niveles, desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su secretario de Estado. Así, las conversaciones se han producido con presidentes y primeros ministros, titulares de Exteriores, secretarios de Estado y embajadores acreditados en España.
En este momento, el Ministerio de Defensa hay un contingente de carros de combate Leopards con 650 efectivos en Letonia y cada año hay una rotación de aviones de combate que suele ir a Estonia o Lituania durante cuatro meses.
Inicialmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores no ha querido confirmar ni desmentir estas presiones y se han remitido a la discreción de las conversaciones. Sin embargo, han decidido entrar una vez que el PP los ha acusado públicamente de "chantajear" a los países del este como consecuencia de su "debilidad parlamentaria". Fuentes de Exteriores aseguraron que "el compromiso de España con la seguridad del Este de Europa y la presencia de tropas españolas en países del Este es firme e incondicional. No está y nunca ha estado en cuestión". Eso sí, admiten que "en relación a las lenguas cooficiales, el Gobierno de España trabaja con todos los estados miembros para que la redacción final del documento resuelva cualquier duda que puedan tener".
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Tal y como ha contado El Confidencial esta semana el Gobierno ha lanzado una nueva ofensiva diplomática y política de cara al Consejo de Asuntos Generales del próximo martes, en el que se ha incluido en la agenda de la reunión de ministros y secretarios de Estado de Asuntos Europeos la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera, aunque no tiene opción de salir adelante en estos momentos.
Media docena de embajadores en España han explicado que en los últimos meses, y especialmente en las últimas semanas, se están produciendo encuentros y conversaciones telefónicas a nivel de ministros de Asuntos Exteriores, secretarios de Estado y de embajadores. En Bruselas el asunto es un punto permanente de los contactos entre los representantes españoles y los de otros Estados miembros.
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Pero la reforma del código lingüístico de la Unión Europea no es para nada sencillo: requiere de unanimidad y desde que el Gobierno comenzó con este esfuerzo un buen grupo de Estados miembros han mostrado un rango de opiniones que van del escepticismo a la oposición directa a la idea. De hecho, fuentes diplomáticas insisten en que los socios europeos que mostraban su oposición hace ya casi dos años se mantienen en las mismas posiciones, a pesar de los esfuerzos del Gobierno de Pedro Sánchez, que incluye, por ejemplo, el ofrecerse a financiar todos los costes relacionados con la adopción de dichas lenguas como oficiales, que incluiría por ejemplo la contratación de traductores. Fuentes de uno de los gobiernos autonómicos afectados aseguran que eso puede costar cerca de 42 millones de euros al año.
Este asunto es consecuencia del pacto que sellaron el PSOE y Junts el 17 de agosto de 2023 para la constitución de la Mesa del Congreso. Veintiún meses después, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aún no ha logrado, si bien no ha cejado en su empeño. Durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que comenzó en aquel julio de 2023 y duró hasta diciembre de ese año, el Gobierno incluyó en repetidas ocasiones la cuestión del catalán, el euskera y el gallego, llegando a irritar a algunas capitales, que consideraban que el Ejecutivo español se dedicaba a incluir el asunto en la agenda sin que hubiera ningún avance tangible.
Distintas fuentes insisten en que Lituania sigue siendo uno de los países más difíciles de convencer. El país báltico, junto con Letonia, fue uno de los que más rápidamente se mostraron públicamente en contra de la oficialidad de las tres lenguas cooficiales, haciendo referencia al "impacto político" que podía tener en sus países. La razón es que los dos Estados miembros tienen minorías rusoparlantes, un asunto muy sensible tanto en Vilna como en Riga. Hay otros países como Francia o Suecia que tienen también sus reservas, según explican distintas fuentes.
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Desde 2023 el Gobierno ha seguido impulsando este asunto, en el que también han entrado en juego algunos documentos, como por ejemplo el de impacto financiero que elaboró la Comisión Europea y que cifró en unos 132 millones de euros al año. Desde entonces el Gobierno ha movido algunas notas informativas y documentos para tratar de ir convenciendo a los Estados miembros reacios, aunque sin lograr grandes cambios de posición.
La solicitud original se presentó el pasado 17 de agosto de 2023, el Gobierno de España solicitó a la presidencia del Consejo de la UE, que ostentaba la propia España, el inicio de los procedimientos para la modificación del Reglamento 1/1958 por el que se fija el régimen lingüístico de la UE, con el fin de incluir el catalán, el euskera y el gallego, lenguas españolas que gozan de estatuto oficial en España y reconocidas en tanto que lenguas cooficiales. el artículo 55.2 del Tratado de Unión Europea- en dicho régimen lingüístico de la UE.
En este momento, el Gobierno sabe que no tiene los apoyos y no garantiza que finalmente vaya a mantener el asunto en la agenda. “Es un riesgo grande, y si no lo saca adelante es un fracaso grande”, aseguran a este periódico desde Junts, donde desconfían de Albares: “Pueden estar escenificando, pero para nosotros ya no es suficiente”.
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La nueva ofensiva se debe a las presiones de Junts y a su exigencia de que el Gobierno cumpla los compromisos adquiridos si quiere contar con sus apoyos en el Parlamento.
Fuentes del partido de Carles Puigdemont aseguran a El Confidencial que esto “es una línea roja que Puigdemont le ha trasladado a Pedro Sánchez para seguir apoyando”, pero que el problema es que “hay una orden de Feijóo de que no se levante el veto y que al menos haya dos países que se opongan”, aunque según fuentes diplomáticas son más Estados miembros.
Hacen referencia también a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en el Parlamento Europeo, que es otra de las exigencias de Junts. En este sentido, ponen el foco en que siendo Dolors Montserrat la secretaria general del PP europeo, “las posibilidades son mínimas”. Albares también se ha desplazado en varias ocasiones a la Eurocámara para reunirse con su presidenta, la maltesa popular Roberta Metsola, y tratar de impulsar el uso de las lenguas cooficiales en la institución, algo mucho más sencillo que lograr su oficialidad a nivel de la Unión Europea. De hecho, existe un grupo de trabajo compuesto por eurodiputados que trabaja en esta cuestión, y en la que participan miembros del Partido Popular y del PSOE.
En su estrategia por conseguir la unanimidad para que el catalán, el euskera y el gallego se incorporen como lenguas oficiales de la Unión Europea, el Gobierno de España ha presionado a países del este vinculando la ayuda militar española en la frontera este del continente con la posición que se adopte en la votación del próximo martes en el Consejo de Asuntos Generales.