Baleares recibe en lo que va de año el doble de migrantes que en 2024: la ocupación es del 1.000%
Hasta el archipiélago han arribado 80 embarcaciones y más de 1.700 personas. La situación con los menores no acompañados sigue siendo caótica, mientras los recursos están completamente desbordados
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La llegada de migrantes no es únicamente un asunto que afecta a Canarias. Hasta el archipiélago balear han llegado en lo que va de año más de 1.790 personas en 82 pateras, el doble que en estas mismas fechas de 2024, según los datos del Govern balear y Delegación del Gobierno. La presidenta del Ejecutivo regional, Marga Prohens, denunció este miércoles que las islas se encuentran en un "estado de alerta y emergencia" y recordó que las cifras han crecido desde las 22 personas de 2018 hasta las casi 6.000 de 2024. "Lo que era anecdótico ahora es habitual y nos sitúa como una frontera sur de Europa", señaló la mallorquina. Según los datos de la agencia EFE, las llegadas irregulares por vía marítima han crecido en un 154% y si esta fuese la media del conjunto del año, la cifra final se situaría en unas 15.000 personas. Una situación enquistada que enfrenta a las administraciones mientras los agentes policiales y los centros de menores se asfixian.
En el mes de mayo han llegado a tierra balear unas 400 personas. Desde la Administración regional señalan la ruptura de las relaciones entre España y Argelia en 2022 como la principal causa de llegadas. "Se necesita un cambio en la política exterior con este país", denunció Prohens y añadió: "No puede ser que el gobierno de España se lave las manos ante la llegada masiva de inmigración irregular". Unas declaraciones que han levantado ampollas en la Delegación de Gobierno en el archipiélago. El delegado, Alfonso Rodríguez, criticó un día después que Prohens cuestionara las competencias que gestiona el Gobierno central y defendió que "como sociedad tenemos que dar respuesta de manera unitaria".
Las últimas llegadas, en el momento de cierre de esta edición, se detectaron en la madrugada de este viernes a 16 millas de Formentera. En total han llegado 22 personas procedentes de África. Un episodio que se ha repetido prácticamente todos los días de esta semana. En la madrugada del jueves se encontraron a unas 45 personas en dos embarcaciones en el sureste de Mallorca y al este de Cabrera que se suman a las 99 que se contabilizaron este miércoles. La Guardia Civil y Salvamento marítimo rescataron a última hora a unas 30 personas de origen subsahariano de una patera al sureste de la isla de Cabrera (Mallorca). A lo largo de ese mismo día, arribó una patera por la mañana a Formentera con 16 personas a bordo, otra con 28 también a la isla de Cabrera, y una cuarta embarcación con 25 personas en el sur de la isla mayor.
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La situación ha llevado al Consell de Formentera a batallar contra la Delegación de Gobierno. El ente insular ha solicitado un espacio digno y seguro para atender a los inmigrantes. Según detalla la administración local, la asistencia inicial se realiza actualmente a la intemperie, en plena calle, por lo que piden un lugar "seguro, cubierto y digno". Además de las condiciones que describen como "indignas" ante situaciones de "extrema fragilidad humana", desde el Consell señalan que perjudica también a los agentes involucrados, porque tienen que pasar horas en la calle, muchas veces de madrugada. Sin embargo, el delegado del Gobierno en Baleares sostiene que ya hay "unos locales que en el puerto de La Savina que se abren cuando es necesario para que los migrantes no estén en el muelle esperando la conexión con el ferry a Ibiza".
De hecho, una solución más digna para atender a los que llegan es una de las grandes reivindicaciones de los cuerpos de seguridad. "Necesitamos un Centro de Atención Temporal de Extranjeros en Ibiza y lo hemos pedido muchas veces, siempre con el silencio como respuesta", explica Manuel Pavón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Baleares, a El Confidencial. Los grupos de trabajadores señalan que faltan 550 policiales nacionales y guardias civiles en la isla, una situación que se agrava con el verano a la vuelta de la esquina. "Vamos de mal en peor. Los servicios policiales están desbordados y quienes llegan necesitan una atención prioritaria que no podemos brindar", detalla Manuel Pavón.
La líder del Ejecutivo regional también censuró las últimas decisiones del Gobierno en materia de reparto de menores y recordó que la administración regional interpuso un recurso en el Tribunal Constitucional contra el decreto ley para el traslado de los llegados a Canarias y Ceuta. "No se puede maltratar una comunidad que ya de por sí es receptora". Según los datos que ofreció el Govern de Prohens a la Administración central, a 31 de marzo la autonomía atendía a unos 570 niños, mientras que las plazas previstas eran 54.
Casi dos meses después la situación se mantiene estancada. "Los centros de atención a menores no acompañados están por encima del 1000% de su capacidad. No es una cuestión de buenos y malos. Es una cuestión de capacidad", denunció Prohens el miércoles. La polémica en Baleares se enreda tras conocer la noticia de que el Gobierno de Pedro Sánchez negocia un nuevo texto para regularizar la situación de todos los migrantes -unas 400.000 personas- que se encuentran en España desde antes del 31 de diciembre de 2024.
La llegada de migrantes no es únicamente un asunto que afecta a Canarias. Hasta el archipiélago balear han llegado en lo que va de año más de 1.790 personas en 82 pateras, el doble que en estas mismas fechas de 2024, según los datos del Govern balear y Delegación del Gobierno. La presidenta del Ejecutivo regional, Marga Prohens, denunció este miércoles que las islas se encuentran en un "estado de alerta y emergencia" y recordó que las cifras han crecido desde las 22 personas de 2018 hasta las casi 6.000 de 2024. "Lo que era anecdótico ahora es habitual y nos sitúa como una frontera sur de Europa", señaló la mallorquina. Según los datos de la agencia EFE, las llegadas irregulares por vía marítima han crecido en un 154% y si esta fuese la media del conjunto del año, la cifra final se situaría en unas 15.000 personas. Una situación enquistada que enfrenta a las administraciones mientras los agentes policiales y los centros de menores se asfixian.