La fiscal imputada en el caso Ayuso cambia de abogado: no unirá su destino al de García Ortiz

Cambios en el caso del fiscal general. La segunda imputada en el procedimiento, la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez, ha renunciado a que la defienda la Abogacía del Estado y ha contratado a un abogado privado para que se ocupe de su representación ante el Tribunal Supremo. Con esta decisión, la responsable del Ministerio Público opta por romper la unidad que mantenían hasta el momento los acusados para emprender su propio camino. La decisión se ha adoptado en el tramo final de la instrucción cuando se ve ya cercano el procesamiento y la apertura de juicio oral.

Según aseguran distintas fuentes jurídicas consultadas, Rodríguez ha tomado la decisión tras constatar que la defensa que ejercían los servicios jurídicos del Estado se centraba de forma prioritaria en Álvaro García Ortiz sin que se apreciara una acción individualizada y diferenciada de su situación, por completo distinta a la de su jefe. Rodríguez fue imputada por la filtración del correo del 2 de febrero que la defensa de González Amador envió a la Fiscalía para tratar de cerrar un acuerdo en la investigación paralela que se sigue contra él por fraude fiscal. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acreditó que García Ortiz reclamó este correo a Rodríguez la noche del 13 de marzo y que ella se lo mandó. Poco después, los entrecomillados del mensaje comenzaron a publicarse en prensa y, a la mañana siguiente, Presidencia del Gobierno ya lo tenía en su poder.

Desde un inicio, tanto Rodríguez como García Ortiz han ido de la mano. Los recursos y escritos de solicitud de diligencias se han hecho en la mayoría de los casos de forma conjunta y, tanto en la petición de la prueba a practicar como en la gran parte del resto de reclamaciones, el foco parecía detenerse siempre en la figura del jefe y no tanto en la de la subordinada. Muchos compañeros fiscales le aconsejaron desde un inicio que se desligara y defendiera de forma independiente. No ha sido hasta ahora cuando ha tomado la decisión. El elegido ha sido Daniel Campos, ahora abogado y durante años fiscal en la Audiencia Nacional.

Con este paso sigue el camino que ya tomó en su día Diego Villafañe, otro fiscal que estuvo imputado, aunque las sospechas que pesaban en su contra quedaron archivadas hace semanas. Considerado la mano derecha de García Ortiz en la Secretaría Técnica, renunció desde el principio a la defensa de la Abogacía del Estado y fichó al abogado Cristóbal Martell. Acudió junto a su letrado a su citación como investigado y, poco después, quedó exonerado.

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El instructor Ángel Hurtado consideró que los indicios que pesaban en su día en su contra habían "perdido la potencia" para mantenerle imputado. Negó cualquier filtración y contó que pidió a Rodríguez el expediente de González Amador por orden de García Ortiz, limitándose a analizar la documentación para cumplir con la dación de cuentas que obliga a rendirlas ante el fiscal general con los asuntos relevantes.

Instrucciones de su superior

Rodríguez también precisó en su interrogatorio que había seguido las instrucciones de su superior jerárquico. Además, quedó patente que incluso desconocía cómo se gestionó posteriormente la publicación de la nota de prensa que fue resultado del contenido del famoso correo. Se enteró, una vez ya emitida, de que la nota de prensa del día 14 de marzo saldría con el membrete de la Fiscalía de Madrid, según se quejó a Villafañe en varios mensajes.

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Pese a ello, el juez Hurtado aprecia "una presumible participación en la difusión de ese correo y en la publicación de la nota, como una operación coordinada entre García Ortiz y Rodríguez". El reloj va avanzando y se acerca con ello el momento en el que se decida la apertura de juicio oral, en vista de que ya no quedan apenas diligencias que practicar. Cuando llegue ese momento, la situación de Rodríguez será mucho más delicada que la de su jefe.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece "la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal" pero no es aplicable al fiscal general del Estado, que se encuentra en situación de servicios especiales desde su nombramiento. El resultado será que ella quedaría automáticamente apartada, mientras que él, no.

La nueva situación imprime a la siguiente fase del procedimiento un sello de incertidumbre. Rodríguez trabajará para su defensa y no para acompañar la del fiscal general.