Los Estatutos del PSOE permiten a Gallardo seguir en sus cargos porque la denuncia es "de la ultraderecha"
Debe renunciar al escaño y la secretaría general en Extremadura, si finalmente se sienta en el banquillo, pero puede dilatarlo hasta que haya sentencia firme tras un cambio en el último congreso
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La resolución de la jueza de Badajoz que confirma la apertura de juicio oral a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación, ha abierto un agujero de inquietud en Moncloa, Ferraz y el PSOE extremeño, que aún confían en que la Audiencia provincial estime los recursos y frene que se sienten en el banquillo junto a otras nueve personas por presuntos de delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
Pero, por si finalmente esto no sucede y los acusados se enfrentan a un oscuro horizonte judicial, Gallardo ha tomado la decisión de ser diputado en la Asamblea para estar aforado ante el Tribunal Superior de Justicia. Este miércoles recogió ya su acta pero hasta el pleno del jueves que viene no toma posesión del escaño. Al margen de que existen dudas sobre el alcance de su aforamiento tras la apertura del juicio oral, en los próximos meses será diputado.
El camino al banquillo obliga, según los Estatutos del PSOE, a cualquier cargo público o orgánico a solicitar la baja voluntaria. De no hacerlo se expondría, en condiciones normales, a ser suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido. Pero, una modificación de las reglas internas en el último congreso del partido, permitirá a Gallardo mantenerse en su escaño hasta que exista sentencia firme y retener también la secretaría feneral del PSOE extremeño.
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La disposición adicional sexta establece excepciones cuando entran en juego "el uso de instrumentosjurídicos para conseguir finalidades políticas". Desde la organización explican que "puede pedir a la Comisión de Ética y Garantías un aplazamiento hasta que se produzca el fallo judicial, por ejemplo, porque es una denuncia de organizaciones de ultraderecha", en referencia a que entre las acusaciones populares se encuentra Manos Limpias, Hazte Oír o Abogados Cristianos.
Los socialistas no se ven aún en esta tesitura y se agarran a que la Audiencia de Badajoz tiene que resolver aún los recursos pendientes, entre ellos el de la Fiscalía, que pide el archivo de la causa. "Vamos a ir viendo acontecimientos", destacan. El malestar con la jueza es grande. "Ha corrido mucho", aseguran. "Es todo un sinsentido". Pero lo cierto es que las apelaciones ante el tribunal provincial no tienen efectos suspensivos y no está obligada a aguardar el dictamen de la Audiencia.
La tesis de la magistrada es que "el puesto fue creado con la finalidad de ser adjudicado a David Sánchez" y en que esta circunstancia "era conocida en los conservatorios y en el Área de Cultura con anterioridad a que él, que también conocía lo anterior, fuera formalmente candidato para el mismo".
La resolución de la jueza de Badajoz que confirma la apertura de juicio oral a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación, ha abierto un agujero de inquietud en Moncloa, Ferraz y el PSOE extremeño, que aún confían en que la Audiencia provincial estime los recursos y frene que se sienten en el banquillo junto a otras nueve personas por presuntos de delitos de tráfico de influencias y prevaricación.