García Ortiz presenta un acta notarial de un periodista de El País señalando a "fuentes fiscales" de Madrid

El fiscal general ha presentado ante el Tribunal Supremo un acta registrada ante notario por el periodista de El País José Manuel Romero en la que este asegura que conoció a través de fuentes fiscales de la Comunidad de Madrid la existencia de un intento de pacto entre la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso y el Ministerio Público propiciado por el letrado del empresario Alberto González Amador. La Abogacía del Estado aporta estas manifestaciones en su descargo y pide que se cite a Romero.

En el acta, el periodista asegura que su interlocutor en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid le informó que el caso "no podía interpretarse como una persecución política a la presidenta autonómica, sino todo lo contrario". "Me explicó que el abogado de la pareja de Díaz Ayuso había admitido los delitos y mostrado su disposición a pagar una multa para reducir la pena de prisión que pediría la Fiscalía", dice.

Además, detalla que ese interlocutor le facilitó a través de WhatsApp el nombre del abogado, Carlos Neira. Esa información desencadenó minutos después el trabajo de otros periodistas de la sección Local del diario El País para confirmar la noticia con el propio afectado, el letrado. "De todo ello queda constancia en WhatsApp y correos electrónicos de los redactores del diario Julio Núñez, Berta Ferrero y Fernando Peinado de aquel 12 de marzo de 2024, 31 horas antes de que el Fiscal General del Estado pidiera y lograra los correos electrónicos por los que está siendo investigado por revelación de secretos en el Tribunal Supremo", añade. A estos mensajes se alude en una segunda acta notarial, también presentada al Supremo.

En este segundo documento, el notario da fe de mensajes intercambiados en esa fecha, 12 de marzo, en los que los periodistas de local comentan la petición de Romero. En uno de ellos dicen respecto al abogado de la pareja de Ayuso que "por lo visto se ha personado esta mañana diciendo que va a pagar, es decir, el reconocimiento del delito". En un segundo mensaje, uno de ellos le explica a su jefe que estaba tratando de confirmar el pacto con el abogado y no lo conseguía. "Por lo visto va a pagar", añadía.

Reclamará el archivo

A la vista de estas manifestaciones, la defensa de García Ortiz adelanta que estos detalles pueden ser determinantes para la causa, "incluso para fundamentar en su caso una petición de archivo". Según asegura en un escrito, los hechos reflejados ante notario "confirman que el núcleo de la información contenida en el correo electrónico de 2 de febrero de 2024 ya había sido revelado al propio Romero por "trabajadores de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid" y conocido en la redacción del diario El País antes de que el fiscal general recibiera dicho correo a las 21:59 horas del día 13 de marzo de 2024.

"Esta circunstancia resulta objetivamente incompatible con la atribución al Excmo. Sr. Fiscal General del Estado de la presunta filtración objeto de investigación, por cuanto la información ya era conocida y había sido difundida a diversos profesionales de la comunicación por personas completamente ajenas a su persona", remata el escrito. El escrito destaca que la declaración del periodista se ha contrastado "con la verificada por el propio notario que da fe del contenido de los WhatsApp". Ninguna de las dos actas incluye capturas de pantalla de las conversaciones. La defensa del fiscal general argumenta que las informaciones dejan de ser secretas o reservadas y, por consiguiente, susceptibles de revelación, desde el momento en que son conocidas por los profesionales de la información.