Sánchez y sus "14 meses de tortura" judicial y parlamentaria: "Va hacia un imposible político"

Cuando más de tres ministros pronuncian la misma frase exculpatoria es que estamos ante un argumentario elaborado en La Moncloa. Así funciona la engrasadísima maquinaria de comunicación y propaganda de Pedro Sánchez, que esta semana ha dado una orden a su Gobierno y a su partido: desacreditar el último escándalo que cerca al presidente, los wasaps intercambiados con José Luis Ábalos, el ex número dos del PSOE investigado en el Tribunal Supremo por corrupción. Un auténtico cierre de filas que, sin embargo, ha sido incapaz de ocultar que esta semana ha debilitado al presidente personal y políticamente, y no sólo por los escándalos propios, sino por los aciertos de su adversario político. Una semana trágica cuando aún no se han cumplido los dos años de legislatura.

Pero más allá de argumentarios, y de que el presidente actúe como si aquí no pasara nada, Sánchez está afectado porque llueve sobre mojado. “El Gobierno lleva meses atravesando por momentos de dificultad y es lógico que él se resienta y que lo note”, explican a El Confidencial desde su partido: “Es que no es solamente humanamente entendible, es políticamente razonable que sea así, porque los problemas se vienen acumulando ya desde hace meses. Sería absolutamente inhumano, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista político que no se resintiera. Y sobre todo porque no es que el Gobierno venga de tener una muy buena racha política y de repente haya saltado esto…”.

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Las pocas voces que se atreven a hablar en el PSOE sitúan el comienzo de este calvario, esa racha negativa, en febrero de 2024, tres meses después de la investidura. Fue entonces cuando El Confidencial adelantó la detención de Koldo García y publicó la primera información sobre las relaciones de Begoña Gómez, la mujer del presidente, con Air Europa. “Estamos hablando ya de catorce meses muy complicados, una auténtica tortura”, aseguran recordando que más allá de los escándalos, el Gobierno nació con una gran debilidad política: cuando el Rey le encargó que recabara apoyos para una investidura, Sánchez dijo en rueda de prensa que no sólo los buscaría para ser elegido presidente, sino para garantizarse la gobernabilidad. Consiguió lo primero, pero no lo segundo. “Tienes muy poco margen político y encima salta todo lo que ha saltado desde febrero del año pasado, pues es que es un imposible, es un imposible político", lamentan desde su formación política. “El escenario es muy endiablado”.

Cuatro escándalos de Sánchez

El presidente se ve acorralado por cuatro causas que ya han provocado la imputación de su hermano, David Sánchez; de su mujer, Begoña Gómez; del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Ellos son los principales protagonistas, pero el listado de investigados —y de delitos— no ha dejado de crecer durante los últimos 14 meses: tráfico de influencias, prevaricación, corrupción en los negocios, malversación, blanqueo de capitales, revelación de secretos... La situación ha llegado a tal punto que el Tribunal Supremo investiga incluso un delito de organización criminal.

Los procedimientos que afectan a la esposa y al hermano parten de la misma sospecha: ambos aprovecharon su relación con el presidente para impulsar sus carreras. En el caso de David Sánchez, la jueza señala que se le adjudicó a dedo un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz. En el de Begoña Gómez, la Audiencia Provincial Provincial de Madrid apunta a que se aprovechaba "de su proximidad al presidente del Gobierno" para "vender supuestos favores".

Ambas causas comparten así el delito de tráfico de influencias, pero siguen distintas velocidades. La del hermano está más avanzada y la jueza Beatriz Biedma ya ha propuesto enviarle al banquillo junto al presidente de la diputación y secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. La de Begoña Gómez, por el contrario, está lejos de terminar, y el juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva línea de investigación que pone el foco en Moncloa. En concreto, en la contratación de Cristina Álvarez, una asesora que en 2018 entró a trabajar en Presidencia del Gobierno y que, como desveló El Confidencial, ayudó a Gómez con sus negocios privados.

"Hace tiempo que está preocupado, pero esta semana se le ha notado demasiado. El presidente está afectado"

Peinado considera que estos hechos podrían encajar con un delito de malversación. Por el momento, ha imputado a Álvarez y al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, que en 2018 trabajaba en Presidencia. También ha tomado declaración como testigo al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que en esa misma época era el responsable del departamento que fichó a la asesora. Al igual que hizo con el propio Sánchez el pasado verano, Peinado se desplazó a Moncloa en abril para interrogar al ministro, pero sus respuestas no le convencieron. "No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa", llegó a espetarle.

De forma paralela, el procedimiento que se sigue contra García Ortiz y el caso Koldo también afectan al núcleo duro del presidente, donde cada vez son más los pesos pesados a los que se señala por el presunto cobro de comisiones. La Unidad Central Operativa (UCO) está trabajando en un nuevo informe que amenaza con provocar la imputación de otros aforados, por lo que la pregunta que sobrevuela el Gobierno resulta inevitable: ¿quién será el siguiente?

El actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, encabeza las apuestas. Como desveló El Confidencial el pasado marzo, la UCO ha descubierto conversaciones que le implicarían en el presunto amaño de adjudicaciones de obra pública. Este hallazgo refuerza las acusaciones del empresario Víctor de Aldama, que sostiene que la trama le entregó 15.000 euros para compensarle por la adjudicación de una obra que supuestamente pertenecía a su "cupo vasco".

Si Cerdán cae, el resto de señalados por Aldama corren el riesgo de seguir el mismo camino: Víctor Ángel Torres, sobre el que asegura que les reclamó 50.000 y al que sitúa en un piso con "señoritas"; María Jesús Montero, a cuyo jefe de Gabinete afirma que entregaron 25.000 para aplazar una deuda; Francina Armengol, que les compró material sanitario cuando presidía el Govern balear; Teresa Ribera, que se ve salpicada por el modo en que dieron una licencia a la trama paralela de hidrocarburos, y Reyes Maroto, con la que se cruzó mensajes y con la que dice que mantuvo una llamada por el rescate de Air Europa.

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Mientras el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente se encarga de estas acusaciones, su compañero Ángel Hurtado hace lo propio con las que afectan al fiscal general. Esta otra causa se centra en un delito de revelación de secretos por la supuesta implicación de García Ortiz en las filtraciones contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. La UCO ha descubierto que el fiscal general borró además sus mensajes y cambió de teléfono después de que se abriera la investigación. El Gobierno no ha dudado en mostrarle su apoyo en todo momento, lo que no ha hecho más que disparar la idea de que estos mensajes llegaban una vez más hasta el corazón de Moncloa.

Esa sospecha radica en que las filtraciones no solo llegaron a los medios, sino también a Presidencia del Gobierno. De hecho, el juez citó como testigo el pasado marzo a Pilar Sánchez Acera, la mano derecha del exdirector de gabinete de Pedro Sánchez y actual ministro para la Transformación Digital, Óscar López. La investigación ha acreditado que Sánchez Acera recibió uno de los correos del novio de Díaz Ayuso, pero, durante el interrogatorio, ella se negó a aclarar quién se lo había remitido. "Tratar de encubrir a quien se lo envió no deja de ser un elemento más que abunda en que presumiblemente le fue remitido desde la Fiscalía", concluyó el magistrado.

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Tras esta omertá, el Supremo ha descartado seguir con la línea de investigación que afecta una vez más a Presidencia del Gobierno. Según ha explicado el juez en sus resoluciones, no se puede negar "una clara finalidad política" en las filtraciones, pero lo relevante es que ya existen "elementos indiciarios suficientes para atribuirle la filtración" a García Ortiz. La fase de investigación, por tanto, ya está llegando a su final, y todo apunta a que el fiscal general tendrá que sentarse en el banquillo por revelación de secretos.

De esta manera, dos de las cuatro causas que acorralan a Sánchez ponen rumbo a juicio, mientras que las otras dos amenazan con nuevas imputaciones en su entorno más cercano. Las diferencias entre unos y otros procedimientos se extienden además a la postura que ha mantenido la Fiscalía, que ha solicitado el archivo de todos los procedimientos salvo uno: el caso Koldo. David Sánchez, Begoña Gómez y Álvaro García Ortiz han contado con el apoyo de la Fiscalía, pero Ábalos tendrá que defenderse solo.

Esta situación se reflejó también en su declaración como imputado del pasado febrero, cuando se produjo una anécdota que, en plena publicación de sus conversaciones con Sánchez, adquiere un significado especial. El suceso tuvo lugar durante su comparecencia, cuando Ábalos se quejó de las "filtraciones" del sumario y se encontró con la extrañeza del magistrado. Según le recordó, era él quien estaba concediendo entrevistas a los medios.

Cambio de bando

A pesar de este panorama judicial, Pedro Sánchez actúa en público como si no pasara nada. Su capacidad para meter el dedo en el ojo a Alberto Núñez Feijóo, en ocasiones frisando la impertinencia, no tiene límite. Se le da muy bien, y le dedica tiempo personal y recursos públicos en forma de ejército de asesores escarbando en cada frase o decisión, presente o pasada, del líder de la oposición. La última prueba fue el debate en el Congreso del 7 de mayo, el del apagón y el rearme, en el que Sánchez dedicó 40 minutos de su réplica a atacar a Feijóo. El tono era de burla, como aquella carcajada irreverente desde tribuna en su discurso de investidura.

Pero este miércoles 14, en la sesión de control al Gobierno, el presidente del Ejecutivo estuvo “despistado”, admiten desde filas socialistas. Dos días después de que Feijóo anunciara el adelanto de su congreso nacional y recibiera el aplauso unánime de su partido no era el día para sugerirle que tuviera cuidado porque “en el cónclave se entra Papa y se sale cardenal”. Es más, la decisión de Feijóo de nombrar como presidente del Comité organizador del congreso a Alfonso Serrano, el número dos de Isabel Díaz Ayuso, ahonda en la idea de que el liderazgo de Feijóo es indiscutido y que el presidente del PP está buscando la unanimidad.

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Lo cierto es que esta semana hasta el CIS de Tezanos le ha dado una mala noticia a Sánchez al recoger una subida de tres puntos al PP en una encuesta que recoge el apagón del 28 de abril, el caos ferroviario del 4 y 5 de mayo o la decisión de la CNMC de autorizar la OPA del BBVA al Sabadell.

Tampoco le ha salido bien al Gobierno la aprobación en Consejo de Ministros de la reforma del Estatuto Fiscal. Por un lado, todas las asociaciones judiciales y fiscales menos las progresistas han cargado contra el ministro Bolaños, por imponer "criterios partidistas" y por poner en riesgo “la independencia judicial". Además, en ambientes fiscales temen que lo que está buscando el Ejecutivo es nombrar un nuevo fiscal general afín al final de la legislatura de manera que quede blindado por un lustro.

Socios divididos

En la sesión de control del miércoles hubo otra muestra de que el presidente está en otra cosa: el nuevo lío organizado con el Estado de Israel al calificarlo Sánchez de “genocida” cuando respondió a Gabriel Rufián, el portavoz de ERC que se sumó con entusiasmo a la estrategia monclovita de ningunear el escándalo del wasap. El problema para el Gobierno es que se ha vuelto a evidenciar su debilidad parlamentaria, porque Podemos no ha dudado en salir al ataque: "Pedro Sánchez tiene que dar muchas explicaciones porque es obvio que sabía y tenía conocimiento de las actitudes presuntamente corruptas de Ábalos".

En suma, esta ha sido una semana doblemente dura para el presidente: él sale debilitado personal y políticamente por el escándalo de los wasaps, y Feijóo sale fortalecido política y orgánicamente. Y mientras en Moncloa y en Ferraz circulan los argumentarios, pero reina el silencio y la preocupación, en Génova están encantados de haberse conocido porque entienden que mientras que el PP está haciendo una comunicación “en positivo”, el Gobierno “está en una actuación defensiva”.

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“Llevan todo el mandato encerrados en su área y no son capaces de comunicar nada que no sea explicarse, justificar o contextualizar lo que va saliendo por tierra, mar y aire. Si yo te pregunto qué tres decisiones ejecutivas ha adoptado Pedro Sánchez que pueda exhibir, qué tres proezas de gestión tiene, ¿qué me dices? Están atrapados. Nosotros vamos ganando en las encuestas, vamos creciendo y ellos van para abajo y no son capaces de vender nada”, explican triunfalistas en Génova.

De todos los asuntos que afectan al presidente, el que realmente lo desencaja es el que afecta a su esposa, como demostró su ya famosa carta a la ciudadanía y el consiguiente retiro espiritual de cinco días a finales de abril de 2024. Por eso esta semana ha sido trágica en La Moncloa, porque acaba con la decisión, el viernes, de la Audiencia Provincial de avalar el grueso de la investigación del juez Peinado porque la mujer del presidente "se aprovechaba" de su posición.

Dentro de diez días se cumplirán dos años de la mañana de lunes en la que Pedro Sánchez anunció que adelantaría las elecciones generales tras el varapalo socialista en las autonómicas y municipales del 28 de mayo. Aquella decisión audaz le permitió continuar en La Moncloa, pero con una enorme fragilidad política a la que se suma la creciente debilidad judicial. Los suyos lo saben: “Hace tiempo que está preocupado, pero esta semana se le ha notado demasiado. El presidente está afectado”.