Objetivo, resistir: colonización de la Justicia, blindaje del fiscal general y cerco a los medios críticos

Hace ahora poco más de un año. Pedro Sánchez anunció a la ciudadanía que se tomaba cinco días para reflexionar y decidir dimitía o no tras la apertura del proceso judicial sobre su mujer Begoña Gómez. A su vuelta, dijo tener un plan. "Propondremos medidas y acciones para prestigiar nuestra democracia", aseguró. Fue entonces cuando verbalizó algo que se presentía desde el inicio de la legislatura. Moncloa considera que determinados jueces y determinada prensa trabajan para acabar con él y con el Ejecutivo. "Se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal", dijo en aquella misiva.

En ese paquete, en esa supuesta "operación" en su contra, entra cualquier información y cualquier decisión judicial que no guste al Gobierno. El mismo esquema se ha repetido en múltiples ocasiones. Hasta tal punto que resulta ya algo habitual escuchar críticas directas contra los jueces a cargo de los procedimientos más sensibles e insinuaciones de lawfare. También, descalificaciones continuas sobre noticias incómodas, que se tachan de forma casi mecánica, como "bulos" y "desinformación". Creaciones de la "máquina del fango".

La publicación por parte de El Mundo de los mensajes intercambiados entre el presidente del Gobierno y el exministro José Luis Ábalos no ha sido una excepción y se ha vinculado desde el Gobierno como parte de una campaña contra Sánchez. Incluso, ha habido sugerencias de juego sucio atribuido a los tribunales, responsables del caso Koldo, y a la Guardia Civil, a cargo de la investigación de la mano de la Unidad Central Operativa (UCO).

El objetivo anunciado por Sánchez ha ido plasmándose en estos meses en iniciativas legislativas que afectan a los dos protagonistas de los recelos de Moncloa. La parte de la ecuación que afecta a los jueces está, de momento, más desarrollada hasta el punto de que algunas de las reformas lanzadas han entrado ya en la fase de tramitación. Algunas quedaron esbozadas y se mantienen congeladas y un tercer grupo está aún en pañales. En todos los casos, sin excepción, una mayoría de jueces y fiscales consideran que avanzan hacia el control, colonización y desactivación de la acción del poder judicial.

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La lista de normas es larga. La que ha tomado la delantera es el proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal enviada esta misma semana al Congreso de los Diputados para el inicio de su recorrido parlamentario. El disgusto que provoca ha quedado plasmado en la reacción de la mayoría de las asociaciones judiciales y fiscales que, entre otras muchas críticas, temen la entrada de jueces y fiscales sustitutos puedan convertirse en fijos sin pasar las correspondientes oposiciones.

Acceso arbitrario de jueces

En un comunicado conjunto que eleva el tono frente a lo que suele ser habitual en este tipo de notas, se ha acusado al proyecto de poner en riesgo la independencia judicial al "propiciar un acceso arbitrario a la judicatura". También por restringir la participación democrática en los órganos de gobierno y "someter instancias clave a criterios partidistas". En el foco está también el riesgo de instrumentalización de la Comisión de Ética Judicial, que incluirá a miembros designados por las Cortes Generales y de la que se teme acabe convirtiéndose "en una hoguera" donde quemar "a las brujas" que molesten, resumen fuentes jurídicas.

En situación de congelación se encuentra la Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales "frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas". El nombre ya lo dice todo pero, para aclararlo aún más, quedó bautizada en pocas horas como 'ley Begoña'. Sus cuatro puntales principales son la reforma de la acusación popular -para sacarla de la instrucción- la obligación de "inadmitir querellas basadas en recortes de prensa", la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos y la abstención y recusación de jueces por declaraciones de contenido político.

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Algunas de las medidas ya se han puesto en marcha. Es el caso de la designación de un nuevo puesto de fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública. Ha activado todas las alarmas al tratarse de un cargo que asumirá competencias que hasta ahora dependían de Anticorrupción y que tendrá la capacidad de definir el criterio de los procedimientos contra cargos públicos. La Fiscalía en sí misma ha sido objeto de una tercera reforma que también levanta recelos y sospechas de intento de instrumentalización por parte del Gobierno de la figura del fiscal general, cuyo mandato será ahora de cinco años.

La prensa

En cuanto a los medios, el otro sector en el que el presidente del Gobierno ha puesto la mirada. Según ha ido explicando, su intención es acabar con los "pseudomedios" y las "fake news". La mayoría de las medidas exploradas se reflejaron en el denominado Plan de Acción para la Democracia que aprobó el Consejo de Ministros en septiembre de 2024 o quedaron plasmadas en el plan normativo de Moncloa para este 2025.

Incluyen toda una batería de disposiciones que afectarán a la financiación, la publicidad y la "supervisión" de la prensa con la inclusión, entre otras cosas, de un régimen sancionador. De momento, está ya aprobado el anteproyecto de ley que impulsa "la gobernanza democrática en servicios digitales y crea el registro de medios de comunicación".

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En él se designa a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como coordinador de servicios digitales, otorgándole amplias competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre las plataformas digitales. Las multas previstas van desde los 30.000 euros para infracciones leves hasta alcanzar el 6 por ciento del volumen de negocios anual mundial del infractor para infracciones muy graves. Además, los medios de ámbito estatal deberán inscribir y mantener actualizada información sobre su estructura de propiedad e ingresos derivados de la publicidad institucional.

Como resumen, un solo vistazo al plan de regeneración, aquel que es fruto de la famosa reflexión de Sánchez, permite apreciar que cerca de la mitad se centran en los medios. Entre las iniciativas, una diseñada para amenazar el bolsillo. Precisa que la publicidad institucional quedará sujeta a "criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación" a través de una medición de la audiencia controlada desde el Ejecutivo. Se limitará, además, la financiación que las administraciones públicas —las ajenas al Gobierno central— puedan dedicar a los medios, para que estos no estén "impulsados por" gobiernos regionales.