Sánchez se resiste a traspasar a Marruecos la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental

Por una vez, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha cedido ante las reivindicaciones de Marruecos. No ha aceptado traspasar a Rabat el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental que sigue ejerciendo España 49 años después de culminar su retirada de la que fue su última colonia en África. ENAIRE, la empresa pública española encargada de la gestión del espacio aéreo, desarrolla esa tarea desde el aeropuerto de Gando (Gran Canaria).

Ali Achour, que fue embajador de Marruecos en varios países europeos y latinoamericanos, fue la semana pasada el primer marroquí que confirmó que Madrid y Rabat negociaron sobre este traspaso sin alcanzar un acuerdo. Achour, que escribió además un libro sobre la antigua colonia, "Sáhara marroquí: 20 preguntar para comprender" (Rabat 2015), publicó una tribuna en el diario oficialista Barlamane.

"A propósito de las provincias del sur [nombre que da Rabat al Sáhara Occidental], Marruecos ha efectuado trámites para que le sea entregada la gestión del tráfico aéreo en la región", escribió el diplomático ahora jubilado. "Con tal motivo se han celebrado varias reuniones entre los equipos técnicos de ambos países, pero sin alcanzar un resultado", añade.

España se ha opuesto" también, según él, a las "modificaciones de los límites de las zonas FIR (iniciales en inglés de la Región de Información de Vuelos)" propuestas por Marruecos "para poder abarcar el norte de su territorio", precisa además Achour que fue jefe de gabinete del ministro de Asuntos Exteriores. El Gobierno español actuó así "para mantener el control del tráfico aéreo sobre sus enclaves" de Ceuta y Melilla.

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El exembajador recuerda que la hoja de ruta suscrita en Rabat entre España y Marruecos, con motivo de la visita del presidente Pedro Sánchez, el 7 de abril de 2022, "suscitó una gran esperanza" en su país. Para que no se desvaneciera la prensa marroquí ha llegado incluso a tergiversar las palabras de miembros del Gobierno español para dar a entender que habían cedido ante esa reivindicación.

El documento hispano-marroquí anunciaba que "se iniciarán conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos" que, a ojos de los marroquíes, solo podían desembocar en el traspaso del control después de que Sánchez se hubiese alineado con el plan de autonomía para el Sáhara que propugna el rey Mohamed VI desde 2007 sorteando el referéndum de autodeterminación.

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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hace a veces descripciones ditirámbicas de algunos aspectos de la relación con Marruecos como, por ejemplo, las aduanas terrestres de Ceuta y Melilla que funcionan a cuentagotas desde su apertura en febrero. En lo concerniente al espacio aéreo del Sáhara sus palabras se ajustan, sin embargo, a la realidad.

Albares negó, por última vez, el 18 de diciembre en el Congreso, al diputado Jon Iñarritu (Bildu), que la cesión de ese control aéreo formase parte de sus planes. Varios controladores aéreos, en conversación con El Confidencial, confirman que nada ha cambiado en lo concerniente al Sáhara Occidental. Los vuelos civiles se gestionan desde Gran Canaria, pero no así los militares que son numerosos porque el grueso del Ejército marroquí está allí concentrado.

Ali Achour recuerda en su artículo que España notificó en febrero de 1976 a Naciones Unidas que daba por terminada su presencia en el Sáhara Occidental y se consideraba desligada de toda responsabilidad internacional respecto a la administración del territorio. "¿Cuál puede ser el interés de Madrid en mantener el control aéreo de un territorio sobre el cual España no ejerce ninguna autoridad política?", se pregunta recogiendo el argumento empleado por negociadores marroquíes. "¿Qué impide hoy al día al Gobierno español, que se retiró, por tierra y por mar, del Sáhara en 1976, hacer otro tanto en el aire?", insiste Ali Achour.

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Aboga porque ambos países vecinos suscriban cuanto antes un acuerdo bilateral que "ponga fin a las responsabilidades puntuales españolas que se remontan a tiempos pasados". Este sería después remitido a la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), una agencia de Naciones Unidas que regula el tráfico internacional, y que, según anticipa Ali Achour, no pondría pega alguna para validarlo. No está claro que así sea porque a ojos de Naciones Unidas el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización y España es la potencia administradora de iure.

Traspasar el espacio aéreo sahariano a Marruecos sería un paso más tendente a reconocer su soberanía sobre la antigua colonia española algo que, a día de hoy, solo han hecho dos países democráticos (EE UU y Francia). El Partido Popular lo recordó el 6 de mayo en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso en la que presentó una proposición no de ley (PNL) sobre la materia.

"Cualquier cesión de competencias en su gestión aérea, sin el respaldo de la OACI, implicaría una violación flagrante del derecho internacional y equivaldría a un reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre el territorio", recalcaba la PNL de los populares. Fue aprobada por amplia mayoría porque sólo los diputados socialistas se pronunciaron en contra. Dos meses antes Bildu presentó una PNL muy parecida, pero no prosperó porque el PP votó se alineó en esta ocasión con el PSOE para rechazarla.

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Si el Gobierno español no ha cedido en lo concerniente al espacio aéreo sí lo hizo, en cambio, autorizando a partir de enero los vuelos regulares de la compañía Ryanair de Madrid a Dajla (la antigua Villa Cisneros), la segunda ciudad en población del Sáhara Occidental. Binter Canarias también enlaza Las Palmas con la antigua colonia española, pero sus pasajeros no suelen ser turistas sino canarios o saharauis.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó, en noviembre de 2018, que el Acuerdo de servicios aéreo entre Bruselas y Marruecos no era aplicable al Sáhara Occidental. La base jurídica mediante la cuál la Agencia Española de Seguridad Aérea concedió la autorización a Ryanair no parece, por tanto, ajustarse al derecho por lo que podría solicitarse, por la vía judicial, la anulación del acto y que se dicte otro conforme al derecho. Para ello sería necesario contar con el Frente Polisario que, según dos sentencias del TJUE de octubre de 2024, representa a los saharauis que deben dar su consentimiento a cualquier nuevo acuerdo que afecte a su territorio.