'La justicia amenazada': Marchena y sus 23 páginas para un diagnóstico demoledor

Manuel Marchena, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y su expresidente durante dos mandatos, acotó el espacio al que las opiniones públicas de los jueces deben atenerse. Lo hizo el pasado mes de marzo en el discurso de recepción (pincha aquí para leer el discurso íntegro) del título de doctor honoris causa que le otorgó la Universidad Fernando III de Sevilla. Fue meridiano:

“Pronunciarme sobre cualquiera de los procesos penales que hoy se siguen en el Tribunal Supremo y que suscitan el interés colectivo sería una imperdonable muestra de insensatez. Los jueces tenemos que hablar por nuestras sentencias y, por supuesto, la respuesta judicial a esos asuntos sólo puede ser el fruto de la valoración de las pruebas practicadas en un juicio oral marcado por las garantías que legitiman el ejercicio de la función jurisdiccional”.

Y, continuó: “Sin embargo, esa contenida prudencia no está reñida con una llamada de atención acerca de la necesidad de que todos -absolutamente todos- hagamos propia la idea de que una administración de justicia permanentemente expuesta a la estratégica e interesada descalificación por el poder político puede apartarnos del modelo de convivencia que define a una sociedad democrática”.

En coherencia con esa “contenida prudencia” y, al tiempo, con la "llamada de atención” que preconizaba, Marchena ha elaborado un elegante, accesible y documentado relato titulado 'La justicia amenazada', que se completa con un subtítulo aclarativo: Retos del derecho en una sociedad en conflicto. El ensayo, editado por Espasa, se extiende a lo largo de 349 páginas en las que no aparecen notas a pie de página ni bibliografía.

Evita Marchena la mención a situaciones concretas; elude nombres propios y logra mantenerse en los límites de su prudencia

El magistrado, fiscal de carrera, presidente del Tribunal de enjuiciamiento de los nueve líderes del proceso soberanista catalán y ponente de la sentencia dictada en octubre de 2019 que los condenó, ha redactado un texto en el que las tesis jurídicas se sustentan en la subtrama de la situación española, pero no sólo. El magistrado desgrana sus criterios con referencias históricas y comparadas para, en un esfuerzo didáctico, exponer una realidad objetiva y evidente: el poder judicial está en la diana de los ataques de las nuevas políticas iliberales tanto en España como en otros países de nuestro entorno político.

Evita Marchena la mención a situaciones concretas; elude nombres propios, sobrevuela episodios definidos y logra mantenerse en los límites de su tradicional prudencia y sobriedad al tiempo que, con habilidad narrativa, perfila los diagnósticos. El libro tiene dos lecturas, ambas aconsejables. La reposada y especialmente indicada que consiste en la completa del texto, y la ejecutiva, que se contiene en la introducción de 23 páginas y son apodícticas, fulminantes, que resumen un diagnóstico demoledor.

Sobre la fiscalía general del Estado (que no sobre el fiscal general del Estado actual) dice que “la concepción del fiscal general del Estado como un delegado del Gobierno llamado a perseguir implacablemente los delitos cometidos por el partido político en la oposición y, al propio tiempo, condescendiente con los delitos atribuidos al equipo gubernamental que lo ha nombrado, pone en peligro la estabilidad de esa institución y, lo que es más grave, afecta a los presupuestos que legitiman el trabajo cotidiano de jueces y fiscales”. No parece que la opinión de Marchena sea rebatible en este punto, en el que advierte que “la honestidad del fiscal puede no ser suficiente” para mantener su autonomía respecto del Gobierno, de modo que el autor hace trascender el estatuto de la fiscalía en España al ámbito de los principios generales.

Constata que la parálisis del Consejo General del Poder Judicial “ha erosionado el trabajo de las distintas Salas del Supremo y perturbado de manera irreparable la celeridad en la respuesta que el ciudadano espera de la justicia”, quejándose de que “los jueces y magistrados han tenido que contemplar durante mucho tiempo, con la incredulidad de los escenarios históricos insólitos e inexplicables, que sus expectativas de promoción profesional quedaban al albur del desacuerdo entre los principales partidos políticos que tenían que hacer posible la renovación del órgano de gobierno de los jueces”. Manuel Marchena, en el capítulo XII del libro, expone las alternativas jurídicamente posibles para evitar en lo sucesivo estos parones estableciendo un mecanismo de cese automático de los vocales del Consejo cuando concluya su tiempo de mandato.

No hay referencia al juicio del 'procés', ni al indulto, ni a la amnistía, ni al TC, pero ya hay juicios sobre la supuesta intencionalidad de libro

Los aforamientos de los cargos públicos, como privilegio, pero también como desventaja, los examina el magistrado desde el propósito de aclarar lo que significan y la conveniencia de limitarlos. Precisamente, cómo ha de acotarse la acción popular es otro de los asuntos que aborda Marchena con un juicio equilibrado. Escribe: “Del mismo modo, la justicia se siente amenazada cuando la acción popular, vehículo constitucionalmente garantizado para evitar la inhibición injustificada del Ministerio Fiscal en la persecución de hechos delictivos, se convierte en un instrumento al servicio de los partidos políticos o sindicatos totalmente ajenos al objeto de la investigación, o cuando la personación en un proceso penal solo busca el acceso a fuentes de prueba que luego son filtradas a los medios de comunicación”. Por eso, califica de “inaplazable” la reforma de esta participación en la administración de la justicia.

La inteligencia artificial (la posibilidad de los que el autor denomina “jueces robóticos”), la necesaria claridad de las situaciones procesales de los “empapelados” en el proceso penal (equívocos sobre lo que significa investigado, imputado, procesado), la violencia machista y los delitos de odio, los juicios paralelos y la publicidad (y publicación) de las causas penales, el funcionamiento del jurado en nuestro país y las penas privativas de libertad y su carácter preventivo, son otros tantos aspectos sobre los que Manuel Marchena, un penalista consumado tanto en la docencia y en la academia como en su trayectoria profesional, introduce en un texto hermenéutico sobre la situación de la justicia en España y, por derivación, en otros países.

Algunos medios, sin dar cuenta del contenido, examinar afirmaciones ni valorar omisiones, sometieron a Marchena a un juicio sumarísimo

Manuel Marchena, precisamente por “contenida prudencia” y ateniendo al espacio que se asigna para emitir opiniones siendo como es un magistrado en plenitud de sus funciones, elude referirse a las interioridades del juicio del proceso soberanista de cuyo tribunal fue el presidente y autor de la ponencia de la sentencia. Tampoco hay referencia alguna a los indultos que fueron otorgados a los condenados por sedición y malversación, ni a la derogación de aquel tipo penal, ni a la ley de amnistía. Tampoco existe rastro alguno de juicio o valoración sobre la situación de Álvaro García Ortiz, el fiscal general, imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Y, en fin, ni directa ni indirectamente, de los excesos de jurisdicción del Constitucional (que también son una amenaza sobre la justicia ordinaria) presidido por Cándido Conde Pumpido.

No obstante, ya desde ayer, en algunos medios de comunicación, sin dar cuenta del contenido del relato, ni ahondar en sus tesis, sin examinar sus afirmaciones ni valorar sus omisiones, sometieron a Manuel Marchena a un juicio sumarísimo sobre la intencionalidad del texto. El libro se distribuirá el próximo día 21.