El Congreso paga 80.000 € a Iberdrola para poner placas solares y ser "autosuficiente"

En plena guerra fría del Gobierno con las eléctricas, el Congreso de los Diputados acaba de formalizar un contrato por más de 80.000 euros con Iberdrola para la instalación de placas solares en el Parlamento español. El contrato de la institución que preside Francina Armengol tiene como fin alcanzar el "autoconsumo". De los tres lotes licitados, la compañía de Ignacio Sánchez Galán ha hecho pleno y ha ganado todos ellos, incluido el que va destinado a la "vivienda institucional", donde se aloja la expresidenta balear.

La implantación de instalaciones solares fotovoltaicas en el edificio de Ampliación II, donde se ubican los despachos para los diputados y una gran zona para prensa, radio y televisión, tendrá un coste de 25.174 euros. Por el segundo de los lotes, destinado a poner placas solares en los edificios pertenecientes al Congreso ubicados en la Carrera de San Jerónimo y que se hallan frente a la Cámara Baja, se pagará 41.465 euros. Por último, el Congreso ha adjudicado 15.800 euros a la compañía de Sánchez Galán por la implantación de placas fotovoltaicas en la "vivienda institucional", donde reside Francina Armengol. En total, la factura asciende a 82.439 euros.

Al contrario de lo que es habitual, este proyecto no lleva adherido una "memoria justificativa" que ahonde en las razones detrás de este gasto. Tan solo en los pliegos administrativos se hace referencia a que "la implantación de sistemas de generación de energía eléctrica mediante fuentes de energía renovables" supondrá una mejora en el "ahorro y la eficiencia energética de los edificios del Congreso de los Diputados".

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Iberdrola superó al resto de competidoras tanto en la fase objetiva como en la fase valorativa. En segunda posición ha quedado la UTE solar360 de Repsol y Movistar con Fritts Energía. En tercer lugar, ha quedado Europe Energía e Instalaciones, y a continuación E4E Soluciones Energéticas y Be Energy Part.

Pelea de Sánchez con las eléctricas por el apagón

Estos tres contratos se formalizaron el 21 de abril, apenas una semana antes del apagón eléctrico que ha abierto la caja de Pandora entre el Gobierno de Sánchez y el sector energético. Una de las estrategias de Moncloa se está centrando en derivar la responsabilidad del 'cero eléctrico' en las operadoras privadas, un relato que al principio compaginó con la posibilidad de un ciberataque que Red Eléctrica descartó desde el primer momento.

Esta última compañía, de la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cuenta con el 20% de las acciones y cuya presidenta, Beatriz Corredor, fue nombrada por el Gobierno de Sánchez, también está en el punto de mira de Moncloa. Tras mantener silencio durante varios días, Corredor salió a la palestra pública para asegurar que "España tiene el mejor sistema eléctrico del mundo" y confirmar que no iba a presentar su dimisión: "Sería como reconocer que no se ha actuado correctamente".

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El Gobierno respaldó en un principio a Corredor, pero los rumores sobre su cese se han disparado tras las misteriosas palabras que pronunció Sánchez en la última sesión de control del Congreso: "Queremos asumir esas responsabilidades políticas, exigirlas también, y sobre todo usar esta experiencia para mejorar y hacer de nuestro sistema eléctrico un sistema más fiable de lo que lo es hoy".

El Gobierno ha apartado a las compañías eléctricas del comité de investigación que ha creado para hallar las causas del apagón. Un comité que consta de dos grupos y ninguna con presencia de los operadores privados: uno para analizar los detalles del sector eléctrico y otro para revisar posibles brechas de ciberseguridad. La información procede principalmente de Endesa e Iberdrola.

Este equipo y la forma en que se está realizando la investigación han despertado malestar en el sector energético, que consideran que existe una elevada politización entre los expertos elegidos. Al mismo tiempo, critican no formar parte de la investigación y sean tratadas como "investigadas" de cara a la opinión pública.