Siete años de lucha judicial y 47.544 € de gasto: la batalla de Lola por cobrar su dependencia

Lola nació entre geranios y gitanillas en 1937, en una Córdoba temblorosa por los estragos de la Guerra Civil. Durante 76 años, los patios encalados fueron testigos de su historia, hasta que en 2013 comenzó una carrera de obstáculos. Ahora, rozando los 88, la prueba continúa.

Hace 11 años una caída terminó con la autonomía de Lola. Ese fue el pistoletazo de salida. Después del accidente, ya no podía quedarse sola. Siguiendo la recomendación médica, su familia decidió comenzar el procedimiento de solicitud de ayuda a la dependencia. El primer obstáculo fueron tres años y nueve meses de incertidumbre. Después, siete años de batalla judicial y, por el camino, un gasto de 47.544€.

Este reportaje ha sido elaborado por alumnas del Máster en Periodismo de investigación, Nuevas Narrativas, Datos, FactChecking, Transparencia e Inteligencia Artificial de El Confidencial y la Universidad Rey Juan Carlos

El proceso comenzó con la evaluación del nivel de gravedad. A Lola le fue reconocido el Grado III, el nivel más alto en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

En el sistema español, el nivel de dependencia se clasifica en tres grados, que van del Grado I (Dependencia Moderada) al Grado III (Gran Dependencia). Esta escala determina la cantidad y el tipo de apoyo necesario en función de la capacidad del solicitante para realizar actividades cotidianas. Según los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), en la actualidad hay 1.652.729 personas con un diagnóstico que las reconoce como personas en situación de dependencia.

Lola, con la ayuda de un familiar, decidió ingresar en la residencia privada María Auxiliadora (Córdoba), mientras esperaba la resolución del Programa Individual de Atención (PIA), es decir, la carta que confirma qué tipo de prestación le corresponde a la persona solicitante. En el caso de Lola, esperaban que fuera una plaza en una residencia pública.

La aprobación del PIA es el segundo paso del proceso para acceder a la ayuda a la dependencia, al menos en Andalucía. La gestión del sistema de ayuda a la dependencia está delegada a las comunidades autónomas.

Un sistema, 17 modelos

El Gobierno central establece las garantías mínimas del SAAD en todo el país, mientras que las CCAA pueden ampliarlas, pero nunca reducirlas. La delegación de la gestión hace posible que en Extremadura, Castilla y León, Castilla La-Mancha y Galicia la evaluación del grado y la resolución del PIA estén unificadas en un solo paso.

La regulación del SAAD en el ámbito autonómico se gestiona bajo el marco de la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (2006). Tras 18 años desde su aprobación, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, presentó en febrero un anteproyecto de reforma. La iniciativa se encuentra actualmente en fase de tramitación parlamentaria.

Las cifras de la espera media entre las diferentes etapas del procedimiento describen una realidad preocupante. Según datos del Observatorio Estatal de la Dependencia, desde 2008 se contabilizan 320.000 personas fallecidas esperando que se les reconociera el grado y 543.000 a la espera de recibir un servicio o prestación a la que tenían derecho. En total son 863.000 personas fallecidas esperando.

La resolución PIA de Lola llegó en 2014, un año después de su evaluación. A partir de ese momento, comenzó su espera. Tres años y nueve meses después, la Junta de Andalucía le ofreció ingresar en un centro concertado, la residencia Jesús Nazareno, en la misma ciudad.

Desde 2008 se contabilizan 320.000 personas fallecidas esperando que se les reconociera el grado de dependencia

De aceptar la plaza, finalmente podría dejar de pagar el coste total de la residencia privada, y solo tendría que asumir una parte mucho menor, derivada de los copagos.

Esta cantidad representa la aportación económica que los usuarios tienen que hacer en una residencia del sistema público. La cuantía depende del grado de dependencia y los recursos económicos disponibles.

Para Lola ya era demasiado tarde. En aquel momento tenía 80 años y llevaba casi cuatro viviendo en el centro María Auxiliadora. Sus propios médicos del hospital público Reina Sofía de Córdoba desaconsejaron su traslado, advirtiendo que un cambio así, a su edad, implicaría serios problemas de adaptación.

Siguiendo el consejo médico, la familia de Lola solicitó a la Administración modificar el tipo de prestación. Pedían sustituir el cambio de residencia por una ayuda económica para seguir costeando el centro privado que ya se había convertido en su hogar. La solicitud fue denegada.

Familiar de Lola: "Si hubieran tardado menos en resolver, a lo mejor el traslado no hubiera supuesto un riesgo para su salud"

Decidieron rechazar el cambio de residencia y continuar asumiendo los costes del centro privado. Al rechazar la ayuda ofrecida, la Junta de Andalucía concluyó que Lola renunciaba a la prestación, independientemente de que la decisión estuviera basada en recomendaciones médicas.

Según la normativa, cuando un solicitante rechaza una ayuda, se considera que no desea recibirla, lo que da por finalizado el proceso de concesión. Lola perdió su derecho a la ayuda a la dependencia. Pero su historia no acaba aquí. En 2017 empezó la batalla judicial

Ella no es la única, ni la primera, en recorrer el laberinto. Son muchos los casos como el suyo que terminan en los juzgados. En 2024, al menos otras 80 familias recibieron una sentencia que respondía a sus reclamaciones sobre la Ley de Dependencia, según el análisis del archivo del Centro de Documentación Judicial (Cendoj) realizado para este artículo.

Cendoj es el organismo encargado de recopilar y publicar las resoluciones de los órganos colegiados: Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.

Opinión

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De acuerdo con su normativa, las resoluciones emitidas por los órganos judiciales deben ser publicadas en la web en un plazo inferior a una semana tras su recepción. Sin embargo, el tiempo que tardan en ser enviadas a Cendoj depende de la diligencia de los propios tribunales. Además, la selección de qué sentencias se publican también es competencia de Cendoj. Por ello, se considera que puede haber más resoluciones pendientes de ser publicadas.

Seis meses, el máximo legal

Según estipula la legislación, el plazo máximo que tiene la Administración para resolver la resolución de la PIA son seis meses. Actualmente hay 176.301 personas en España que llevan esperando una decisión sobre su grado o su prestación más de 6 meses, según datos del IMSERSO. Son casos en los que la Administración ha infringido el plazo máximo.

IMSERSO calcula que solo Ceuta (56 días), Castilla y León (116 días) y el País Vasco (125 días) cumplen con el plazo legal de 180 días para la resolución de expedientes. En contraste, la situación más preocupante se registra en Andalucía (592 días), Canarias (551 días) y Murcia (533 días), donde las personas en situación de dependencia deben esperar cerca de dos años para recibir una prestación o servicio.

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, asegura que la desigualdad territorial es el principal problema del sistema de ayuda a la dependencia: “Los datos indican que no tenemos un sistema, sino 17”.

Estos retrasos no solo generan gastos económicos adicionales para la persona en situación de dependencia y sus familiares –cuando los tiene–, como en la historia de Lola. Mar Ugarte, vicepresidenta del Consejo Español de Defensa de la Dependencia y la Discapacidad (CEDDD), conoce bien el impacto de la demora sobre las cuidadoras: “Tenemos mamás que cuidan de niños con discapacidades muy severas que han tenido que renunciar a sus vidas”.

La legislación española reconoce el derecho a la retroactividad de las prestaciones. Esto significa que, si la Administración tarda más de seis meses en aprobar la resolución después de que se haya presentado la solicitud, la persona solicitante tiene derecho a recibir las prestaciones atrasadas a partir del sexto mes. Esta premisa fue la que llevó a la familia de Lola a recurrir a la vía judicial.

En 2024, con Lola al filo de los 88 años, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía reconoció en sentencia que el retraso había sido indebido e injustificado.

El fallo llegó tras siete años de procedimientos: primero una reclamación ante la Consejería de Igualdad y Políticas sociales, después una desestimación por silencio administrativo, y por último, un recurso al TSJ de Andalucía.

El fallo exige a la Administración a devolver parte de los costos que Lola y su familia habían asumido durante más de una década, a pesar de tener derecho a una plaza pública.

De las 81 sentencias registradas en Cendoj en 2024 relativas a la Ley de Dependencia, solo una llegó al Tribunal Supremo. Las otras 80 se emitieron en los Tribunales Superiores de Justicia. Entre ellas hay 25 sentencias en las que reclaman compensaciones económicas por demoras en las prestaciones.

Otros 33 casos no están relacionados con reembolsos económicos, sino con personas que piden una reevaluación del grado de dependencia, ya que consideran que la evaluación original fue incorrecta. Por otro lado, 13 demandantes solicitan un cambio en el tipo de prestaciones reconocidas en el PIA.

Más de la mitad de las sentencias analizadas (55%) son favorables total o parcialmente. Sin embargo, las demandas que más se niegan son las relativas a las solicitudes de modificación del PIA, alcanzando un 54% de las registradas.

Los demandantes

La mayor parte de los demandantes (33%) son personas mayores en situación de dependencia en su propio nombre. Pero no son las únicas. La situación de dependencia también afecta a la infancia. El segundo tipo de reclamaciones más frecuente (23%) provienen de tutores legales en representación de un menor con discapacidad.

Mar Ugarte insiste en que aún son pocas las familias que recurren a los tribunales en relación con las cifras de las listas de espera. Uno de los factores que considera relevante es el coste económico de un procedimiento judicial: “Lo normal es que la mayoría de la gente que solicita las prestaciones no tengan muchos recursos económicos”.

La falta de información es otro condicionante: "Hablamos de familias en situación de vulnerabilidad, desconocimiento y desinformación, con muchos vacíos", afirma Carmen Casanova, abogada especializada en dependencia y discapacidad.

"Hay algo primordial: el duelo de la familia, además del desgaste que es una administración que no desburocratiza el sistema de acceso"

Los costes económicos y emocionales del proceso de Lola fueron altos. Durante los 11 años de recorrido, la familia invirtió más de 47.000 € en pagar la residencia privada.

Tras la sentencia, la Administración solo reembolsará la cantidad equivalente a lo que le habría correspondido en una residencia pública, una cifra considerablemente inferior a la de una residencia privada.

Como resultado, Lola recibirá menos de la mitad de lo que ella y su familia han invertido. “Vamos a esperar a ver si con la nueva Ley de Dependencia vemos algún punto por el que podamos volver a reclamar”, cuenta un familiar.

Para el desconsuelo de familias como la de Lola, desde el Observatorio Estatal de la Dependencia y CEDDD coinciden en que una reforma sin un aumento presupuestario significativo “no servirá para nada".

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Los recortes de Rajoy

En julio de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy, con Ana Mato como ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, aprobó un Real Decreto-ley para “garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”. Se trataba de un paquete de medidas de recorte en el contexto de la crisis económica.

Entre los cambios más importantes, se redujo en un 15% la cuantía de las prestaciones económicas para cuidados familiares, afectando a más de 400.000 personas.

Se suspendió la incorporación en el sistema de prestaciones de personas en Grado I hasta 2015, se erradicó la compatibilidad entre servicios, se eliminó la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales y se endurecieron los criterios para recibir ayuda.

Observatorio Estatal de la Dependencia: "Una fase de retroceso y demolición"

El Estado recortó en un 13% las transferencias a las comunidades autónomas. Esta medida supuso una reducción de 850 millones de euros en la financiación del SAAD. Desde el Observatorio Estatal de la Dependencia califican a esta etapa como “una fase de retroceso y demolición”.

La Junta de Andalucía va a compensar parte del daño producido por la tardanza, mientras ellos siguen pagando. Ahora, con 88 años, Lola sigue viviendo en la residencia privada María Auxiliadora, sin recibir ayuda de la dependencia.

Su familia no descarta volver a empezar el proceso de solicitud de ayuda a la dependencia: "Empezaremos este camino mil veces más si es necesario".

Han vuelto a la casilla de salida.