Los mensajes de Ábalos localizados por la UCO acaban en 2021, meses antes de los publicados

El Gobierno busca culpables de la publicación de los mensajes intercambiados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro José Luis Ábalos. Una de las hipótesis que baraja el Ejecutivo coloca a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como origen de una supuesta divulgación irregular de comunicaciones que están bajo su custodia. Sin embargo, fuentes cercanas al caso aseguran a El Confidencial que el material localizado hasta ahora por los investigadores abarca hasta el mes de octubre de 2021. Terminan, así, 20 meses antes de la fecha de los wasaps más recientes publicados por el diario El Mundo.

Desde Moncloa se insistió este martes en la teoría de una filtración de origen delictivo. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguró que los mensajes suponen una violación de la intimidad del presidente y anunció que si lo sucedido no se investiga de oficio por el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional, el Ejecutivo iniciará "las acciones judiciales pertinentes". "Es muy grave, son conversaciones privadas. Suponen un ataque al derecho a la intimidad del presidente. Estamos hablando de mensajes que no tienen que ver con ninguna causa judicial abierta. Es deseable que el Estado de derecho funcione y más ante unos hechos de esta gravedad", lanzó por su parte la portavoz Pilar Alegría.

El volumen de información incautado por la UCO en el marco del caso Koldo es casi inabarcable. Los investigadores han ido avanzando en el análisis de los casi 200 dispositivos incautados y en el expurgo de la información contenida en ellos que no sea de relevancia para alguna de las tres causas abiertas en la actualidad. Pese a ello, quedan aún pendientes de revisión cientos de móviles, tablets y ordenadores que, de momento, ni siquiera se han tocado.

Los mensajes de Ábalos se encontraban alojados en dos discos duros que conservaba el exministro Ábalos y que, después de una mudanza, se quedaron en la casa de Koldo García. La UCO se los llevó tras el registro de su vivienda en febrero de 2024, en la primera fase de la operación Delorme. Tanto Koldo como el propio Ábalos, protagonista en todas las conversaciones publicadas hasta el momento en varias entregas, tenían acceso a esas comunicaciones. De hecho, hace solo unos meses, en septiembre, el exministro de Transportes solicitó a la Audiencia Nacional que le devolviera esos dos dispositivos, asegurando que contenían fotografías de sus hijos y "documentos personales". Todavía no han sido incorporados a ninguna de las diligencias judiciales en marcha.

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Las fuentes del caso precisan que los dos USB contienen conversaciones que se remontan a muchos años atrás. Más de una década, puntualizan. Al menos de momento, no se ha detectado, sin embargo, que ninguna de ellas sea posterior a octubre de 2021. Por contra, los chats publicados alcanzan hasta un periodo cercano a la operación Delorme.

Por ejemplo, una de las entregas publicada por El Mundo se centra en las charlas entre el presidente y Ábalos a partir de julio de 2023. Es en esa fecha cuando Sánchez le confesó que sentía nostalgia de sus años de colaboración en el Gobierno. "La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo", le decía y añadía que valoraba mucho tanto su criterio político como su amistad.

Distintas fuentes jurídicas consultadas consideran que la sospecha sobre la UCO conviene a Moncloa, inmersa en una tormenta de procedimientos vinculados a la corrupción que afectan a personas del entorno de Pedro Sánchez. La Guardia Civil es la fuerza actuante en todos ellos y gran parte del peso de la instrucción recae sobre la unidad a cargo de casos tan variados como el que afecta a la mujer del presidente, Begoña Gómez, o al fiscal general del Estado.

¿Es delito?

La serie de informaciones han levantado las iras de Moncloa que, desde un inicio, viene insistiendo en dos ideas. Por una parte, considera que su publicación forma parte de una campaña contra el presidente del Gobierno y por otra amenaza con acciones legales sin concretar, eso sí, a quien atribuye la comisión del delito que asegura existe. Distintos juristas consultados precisan, sin embargo, que la publicación como tal no lo es en ningún caso.

Los mensajes difundidos están amparados por la libertad de información, como viene señalando numerosa jurisprudencia al respecto. Cumple con los requisitos que se exigen dado que su contenido es de interés general y afecta a personas de relevancia pública, aseguran distintas fuentes jurídicas consultadas. En el caso de que quien los facilitara sea, además, propietario y protagonista de las conversaciones, el supuesto delito que agita el Ejecutivo se le complica aún más. Ábalos no ha desmentido que haya sido él mismo.