Las acusaciones piden tres años de cárcel para el hermano de Sánchez y que devuelva sus salarios

Las acusaciones populares reclaman tres años de cárcel para David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. El escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, apunta a la comisión de delitos de tráfico de influencias y prevaricación. La causa se centra en su contratación en 2017 para un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz y las acusaciones también exigen que devuelva el dinero que cobró de este organismo. La jueza considera que existen indicios suficientes de que se le otorgó la plaza ‘a dedo’ y de que después se adaptó el puesto a sus necesidades por tratarse del hermano del presidente.

El escrito de acusación lo firman Manos Limpias, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa, Vox y Abogados Cristianos. También se dirige contra el presidente de la diputación y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, para el que reclaman otros tres años de cárcel al considerar que jugó un papel determinante en su contratación como coordinador de los conservatorios.

"Para otorgarle dicho puesto, se fingió un proceso selectivo, a todas luces un paripé, donde el resto de los candidatos no tenían posibilidad alguna", aseguran las acusaciones. "En el citado proceso selectivo, se llegaron a fijar las bases después de recibidos los currículos de los candidatos, y los requisitos exigidos fueron de todo punto pensados para darle el puesto a don David".

Entre otros indicios, las acusaciones destacan un correo de los jefes de los conservatorios de Badajoz en el que daban por hecho que la plaza sería para el “hermanísimo”. “Eran muchos los funcionarios de la diputación que cuando se referían a la plaza de coordinador de los conservatorios la llamaban la del 'hermanísimo' antes de que don David Sánchez hubiese sido seleccionado”, argumentan en su escrito.

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Tampoco pasan por alto que, antes incluso de que le hicieran la entrevista para este puesto de trabajo, David Sánchez "se interesó por un alojamiento estable en la ciudad de Badajoz". El hermano del presidente contactó para ello a un hombre a través de Airbnb. "Me voy a trasladar a trabajar a Badajoz capital y me está costando encontrar la casa que me gustaría. Sería para mí solo. Ustedes también contemplan un alquiler más prolongado? [sic]", le escribió a través de esta plataforma.

Una vez conseguido el puesto, las acusaciones sostienen que el hermano del presidente “no acudía a la diputación habitualmente” ni "fichaba", diferenciándose así del “resto de los funcionarios”. "Esta actuación flagrantemente ilegal se llevó a cabo (...) prevaliéndose de la influencia que podía ejercer por su relación familiar con Pedro Sánchez Pérez-Castejón (y de su indudable influencia política) y de su relación personal con Miguel Ángel Gallardo", critican. "Consiguió que las autoridades de la Diputación de Badajoz resolviesen adaptar las condiciones de su puesto de trabajo, todo ello sin pasar por los trámites y controles reglados".

A un paso del banquillo

El hermano del presidente del Gobierno está a un paso del banquillo después de que la instructora del caso le procesara el pasado 28 de abril. La jueza Beatriz Biedma dio por concluida la fase de investigación tras diez meses de pesquisas. De este modo, el caso de Badajoz se convierte en el primero en avanzar hacia el juicio de cuantos afectan al entorno más directo del presidente del Gobierno. "Existen indicios de que David Sánchez Pérez-Castejón habría utilizado influencia en la Diputación de Badajoz para obtener un beneficio propio", sostiene la jueza.

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Es en ese contexto en el que las acusaciones presentan su escrito de acusación, que se dirige contra 11 personas. Además de Gallardo y del hermano del presidente, el listado lo completan otros cargos de la diputación que participaron en la creación y posteriores modificaciones del puesto.