El Gobierno alarga un año el mandato de García Ortiz y lo blinda frente al PP

La reforma que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes alarga el mandato de los fiscales generales del Estado a cinco años y será, sobre el papel, también aplicable a Álvaro García Ortiz. Según especifica el texto del anteproyecto de ley, al que ha tenido acceso El Confidencial, la persona que ocupe el cargo en el momento de la aprobación de la reforma "continuará en el ejercicio de su cargo por el tiempo que restare de la duración de su mandato desde su nombramiento hasta completar el plazo de cinco años". El ministro Bolaños ha asegurado en rueda de prensa que no será de aplicación al actual fiscal general, pero la redacción del anteproyecto abre la puerta a que sí lo sea.

La previsión se incluye en una disposición transitoria única y sería de aplicación al actual jefe de la Fiscalía —investigado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos— si el anteproyecto entra en vigor en la presente legislatura. Como efecto, García Ortiz podría continuar en el cargo incluso si hubiera un cambio de manos del Gobierno tras las próximas elecciones y el Ejecutivo pasara a ser del Partido Popular.

Al tratarse de un anteproyecto, la clave radicará en los tiempos que siga su tramitación. La reforma modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y se lanza como antesala de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en la que se propone que el mando de la instrucción penal pase a estar a cargo de los fiscales. Desde el Ministerio de Justicia aseguran por su parte que el tiempo que se tardará en aprobar el proyecto completo dejaría fuera de su aplicación a García Ortiz.

El ministro Félix Bolaños ha insistido en esta cuestión durante la rueda de prensa de este martes: "La entrada en vigor de la LECrim y, por tanto, de la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal será el 1 de enero de 2028. Es decir, esta reforma afectará al fiscal general del Estado que nombre el Gobierno que salga de las urnas de 2027". Sin embargo, el anteproyecto no solo no incluye ningún artículo al respecto, sino que refuerza la posibilidad de alargar el mandato de García Ortiz.

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De hecho, el anteproyecto incluye una segunda disposición que establece que "esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado". En esa misma disposición, se fijan los apartados que quedarían "exceptuados" de su aplicación hasta que entre en vigor la nueva LECrim, y en ningún caso se menciona el artículo que alarga el mandato del fiscal general a cinco años. Para ese caso concreto, se mantendría entonces la mencionada disposición transitoria única, que fija que los cambios afectarán a "quien desempeñe las funciones de fiscal general del Estado a la entrada en vigor de la presente ley". Así pues, el textual del anteproyecto y la afirmación del ministro resultan contradictorios.

​"Mayor autonomía fiscal"

La iniciativa se destina a desligar el mandato del fiscal general de la legislatura, con el fin de "reforzar la independencia del Ministerio Fiscal" y responder a las "reiteradas recomendaciones" de la Comisión Europea y del Consejo de Europa. El mandato dejará así de coincidir con el del Ejecutivo. Además, no será renovable, salvo que el titular haya ocupado el cargo menos de un año y, en el caso de cese anticipado, el nuevo jefe de la Fiscalía completará el tiempo restante del mandato anterior.

Para evitar ceses discrecionales, el Gobierno solo podrá apartar al fiscal general por "incumplimiento grave o reiterado de sus funciones" y previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Asimismo, se prohibirá que el fiscal general comparezca ante el Consejo de Ministros, y cualquier comunicación entre este y el Ejecutivo "deberá constar por escrito y ser publicada".

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La reforma también establece que "no podrá ser propuesto para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido nombrado titular de un ministerio, de una cecretaría de Estado o de una consejería de un gobierno autonómico, ni quien haya sido elegido titular de la presidencia de una corporación local o haya tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma". Este cambio cerraría la puerta a nombramientos como el de Dolores Delgado, que tomó las riendas de la Fiscalía después de haber ejercido como ministra de Justicia.

La reforma también otorga "mayor autonomía funcional" al Ministerio Público, pues el nombramiento, ascenso y régimen disciplinario de los principales fiscales pasarán a ser competencia del fiscal general, en lugar del Gobierno. Con vistas a la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, el texto prevé además que la Fiscalía dirija la Policía Judicial en la investigación de delitos. Así, el fiscal jefe designará a los fiscales instructores y se aplicará el mismo régimen de abstención y recusación que a jueces y magistrados, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Junta de Fiscales podrá imponer su criterio

Otro de los puntos de esta reforma es el papel que se dará a la Junta de Fiscales de Sala, ya que podrá imponer su criterio al del fiscal general del Estado si cuenta con una mayoría cualificada de tres quintas partes. La Junta la firman en la actualidad 35 fiscales de sala, que es la máxima categoría de la carrera.

En materia de transparencia, se establece que las asociaciones de fiscales "no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros". Además, estas deberán inscribirse en un registro oficial que dependerá de la Fiscalía General del Estado.

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Por último, la preparación de opositores por parte de fiscales requerirá autorización previa del fiscal general y quedará reflejada en un registro público, también dependiente de la Fiscalía General. El objetivo, según el Ejecutivo, "es evitar conflictos de interés y aumentar el control sobre esta actividad".

Esta reforma de la Ley 50/1981 por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se trata de "la mayor" desde su aprobación hace cerca de 45 años, según ha defendido el Gobierno, y se pretende con ella "reforzar la independencia del Ministerio Fiscal" y "responder a las recomendaciones reiteradas de la Comisión Europea y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO)".

Desde distintos sectores, incluida la propia Fiscalía, se venía reclamando una reforma que reforzara su autonomía para que, conforme prevé la nueva LECrim --aún pendiente de tramitación parlamentaria-- los fiscales puedan asumir la investigación de las causas penales, ahora en manos de los jueces.