El Supremo sospecha que el Gobierno incumple su orden sobre los menores inmigrantes

Al Supremo se le ha acabado la paciencia. Transcurridas varias semanas desde que ordenara a la Administración del Estado que garantizara el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de unos 1.000 menores no acompañados solicitantes de asilo que en estos momentos se encuentran en Canarias, ha convocado una vista pública fijada el próximo 29 de mayo para que se le informe sobre el cumplimiento de esta orden. La sospecha es que la instrucción dada no se está aplicando.

La decisión ha sido acordada por Sala de lo Contencioso-Administrativo, la misma que dio la orden que debía cumplirse en un plazo improrrogable de 10 días. En una providencia, la Sección Quinta de la Sala indica que la respuesta recibida de la Administración demandada (la del Estado) "parece poner de relieve que no se ha dado cumplimiento en sus propios términos" al requerimiento acordado en el auto de 25 de marzo. Convoca así a la Administración del Estado y la comunidad de Canarias.

En la vista convocada, los magistrados quieren conocer todos los detalles. La Administración del Estado deberá informar sobre el cumplimiento de la medida y ofrecer una relación detallada de los menores que han sido ya evaluados individualmente y de los que estén pendientes de evaluación. Sobre el primer grupo quiere conocer los "recursos de acogida" asignados a cada uno de ellos.

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Para el caso de que el sistema actual carezca de recursos suficientes, el TS quiere saber qué iniciativas concretas que se han adoptado para obtenerlos. También se reclamará que se detallen las unidades administrativas responsables de la realización de estas actuaciones y los acuerdos o protocolos concertados con la Comunidad Autónoma de Canarias, con un calendario detallado para su ejecución.

El recurso de Canarias

La Sala de lo Contencioso tomó hace días la decisión en respuesta a un recurso del Gobierno de Canarias que apuntaba al "perjuicio de carácter personal de los menores", así como al "perjuicio económico para los presupuestos" de la comunidad y al "daño a la nación española como fundamento de la Constitución por falta de cumplimiento de la obligación estatal". También destacaban que la actual situación "colapsa el sistema de protección de menores" y devalúa la atención que deben prestar a los mismos.

"La permanencia en esta situación perjudica la salud mental de los menores y los revictimiza", denunciaban en su escrito. "Asimismo, no permitir el acceso al sistema estatal favorece una situación de hacinamiento y puede generar tensiones en el personal que atiende los centros colapsados y contribuir a una percepción pública negativa de la acogida".

La Abogacía del Estado se escudaba, por su parte, en que no podía "apreciarse la inactividad de la Administración" porque no existe "una prestación concreta, clara y terminante a cargo de la Administración General del Estado". También alegaba que la comunidad autónoma no es "acreedora de la prestación cuya omisión o incumplimiento se imputa a la Administración del Estado" porque "los beneficiarios de la misma, en todo caso, serían los propios menores migrantes", pero el Supremo rechazó sus argumentos.