El Supremo cita como testigo al exdirector de gabinete de Reyes Maroto por el caso Koldo

El Tribunal Supremo ha citado como testigo a Juan Ignacio Díaz Bidart, el exdirector de gabinete de la ministra de Industria Reyes Maroto. El magistrado Leopoldo Puente le tomará declaración el próximo 21 de mayo después de que la empresaria Carmen Pano asegurara que se reunió con él para que una sociedad vinculada a la trama obtuviera una licencia de operador de hidrocarburos en 2022.

El magistrado cita además el 21 de mayo como testigo a Claudia Montes, la mujer que en 2017 se alzó con el galardón de Miss Asturias y que, dos años después, fue contratada en una empresa pública por indicación de José Luis Ábalos. El juez en principio iba a tomarle declaración el pasado día 6, pero la policía tuvo problemas a la hora de notificarle su citación porque había sido desahuciada de su vivienda y ella se negó a facilitar su nueva dirección. "En caso de no comparecer, sin motivo previamente justificado, se le impondrá una multa de entre 200 y 5000 euros", le advierte el juez.

La licencia de hidrocarburos

Según la versión de Pano, el empresario Víctor de Aldama "les facilito las entrevistas con el Ministerio de Industria para obtener la licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel", que es una de las empresas vinculadas a la trama. La licencia en cuestión se concedió en 2022 y Pano sostiene que "previamente" había entregado en Ferraz "una cantidad de dinero equivalente a 90.000 euros" por orden de Aldama.

La concesión de esta licencia se investiga en una causa paralela que se instruye en la Audiencia Nacional y que también salpica de forma directa a la exministra para la Transición Ecológica y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. El sumario del caso, al que tuvo acceso El Confidencial, asegura que el departamento que dirigió hasta 2024 concedió a Villafuel la condición de operadora en el mercado mayorista de hidrocarburos pese a no contar con las condiciones financieras exigidas.

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil muestra, en distintos informes, su extrañeza por el proceder del ministerio. Villafuel fue habilitada el 15 de septiembre de 2022 por Transición Ecológica cuando contaba con un capital social cercano a los 600.000 euros, muy lejos de "la capacidad financiera" de tres millones que se exige para desempeñar esa función. Lo hizo "sin cumplir con el requisito financiero que la normativa exige", detalla la UCO.

El pasado 21 noviembre, durante su declaración en el marco del caso Koldo, Aldama reveló además al juez la celebración de un encuentro en enero de 2021 con su socio Claudio Rivas y el exdirector de gabinete de Reyes Maroto para obtener esta licencia de hidrocarburos. Según explicó, el entonces asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, se encargó de organizarla en el Ministerio de Transición Ecológica.

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El magistrado del Supremo explica ahora en su auto que su interrogatorio a Bidart no se centrará en "determinar si la licencia de operador de hidrocarburos se otorgó a Villafuel cumpliendo o no las exigencias legales", sino en las reuniones y en el posible pago de comisiones a Ábalos a cambio de organizar las mismas. Esta sospecha se basa en que el administrador de Villafuel, el mencionado Claudio Rivas, adquirió a través de otra de sus empresas un chalet en Cádiz que después fue arrendada con opción de compra a Ábalos.

"Lo que aquí se atribuye a Ábalos Meco, y por extensión a García Izaguirre, es haber desplegado su influencia, a instancia del también investigado Aldama Delgado, a cambio del premio económico que podrían haber recibido que se concreta en el disfrute de la vivienda elegida por el primero de ellos, para que la concesión de esa licencia pudiera agilizarse propiciando al respecto las correspondientes reuniones", concluye el magistrado.